Las negociaciones para la primera revisión formal del T–MEC, que iniciaron el 1 de julio de 2026, al cumplirse los primeros seis años de vigencia del Tratado, se están desenvolviendo en un contexto mundial particularmente complejo e incierto, caracterizado por graves problemas en el sistema mundial y, entre ellos, por profundas rupturas en el funcionamiento del comercio internacional y en las instituciones y acuerdos referidos a dicho comercio, en las que está jugando un rol central la administración de Donald Trump, todo lo cual cuestiona radicalmente el “libre comercio” como principio rector en las relaciones comerciales entre los países, que en su momento fue impulsado por EEUU.
Dicho principio fue acordado en la inmediata posguerra y la aplicación del mismo siempre ha estado lejos de ser neutral en términos de sus contenidos y resultados para los países; su presencia respecto del proteccionismo ha sido distinta, tanto en cada momento entre los diferentes países como en cada país a lo largo del tiempo, e incluso en el interior de cada uno –en el mismo periodo– entre distintos sectores de actividad, generándose múltiples vulneraciones y excepciones que, sobre todo en las décadas recientes –y en particular desde la crisis mundial iniciada en 2008 y de la pandemia de Covid–19–, se venían acompañando del deterioro del comercio, y de persistentes exigencias para redefinir y mejorar sus normas e instituciones.
Es en ese escenario aparece y se desenvuelve el proyecto trumpista, el cual, lejos sumarse a esas exigencias, se ha propuesto lograr una ausencia de reglas y normas multilaterales en el comercio y empujar a la irrelevancia a la institucionalidad existente en ese ámbito, reemplazando todo eso con la imposición de las definiciones y acciones que mejor se ajusten a los que él identifica como intereses estadounidenses.
Las negociaciones del T–MEC se están desenvolviendo en ese difícil contexto y hasta la fecha –con la cuarta ronda de negociaciones por realizarse en septiembre– lo poco que ya está definido es que, conforme a lo planteado por Estados Unidos con base en el Artículo 34.7 del tratado (“Revisión y Extensión de la Vigencia)”, a partir de 2026 el T–MEC irá siendo revisado anualmente durante los 10 años que aún tiene de vigencia, lo cual por sí solo arroja una sombra de incertidumbre acerca del rumbo futuro del tratado.
En el plano más inmediato, otras muchas incertidumbres están presentes en el interior de la negociación, cuyo arranque estuvo precedido y está siendo acompañado de declaraciones de la administración Trump referidas a lo inaceptable de los déficits comerciales con sus dos socios, a que EEUU no necesita de México ni de Canadá, a su falta de interés en la renovación del tratado, a la inutilidad del mismo e incluso a que su país podría abandonarlo, todo ello a pesar de que el T–MEC fue acordado por Trump en su primera administración y a que –entre otros lugares– en un discurso en Michigan, el 20 de enero de 2020, él declaró que “El T–MEC es el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso que jamás hayamos firmado.”
Aunque la desmesura en el lenguaje es una característica de Trump, a la que se agrega la multiplicación de amenazas y de vaivenes discursivos como estrategia de negociación, todo lo cual ha estado claramente presente en los distintos ámbitos de la relación con México, en dicha relación, incluida la actual negociación del T–MEC, por detrás de las hipérboles y amenazas estadounidenses, sus principales exigencias hacia México están claramente ubicadas en el marco de los esfuerzos por frenar el deterioro hegemónico global de los EE UU. y contrarrestar –con notorio poco éxito– el avance de China, identificada reiteradamente como su principal competidor estratégico.
Los lemas “America First” y “Make America Great Again” (MAGA), se ubican en el interior de ese esfuerzo, y de allí se derivan las estrategias y políticas estadounidenses de nacionalismo económico, negacionismo climático, impulso a energías fósiles –particularmente a través de la fractura hidráulica–, persecución a migrantes y reindustrialización del país, entre otras. Así también, en lo referido a sus relaciones económicas externas, esos lemas se han expresado en el unilateralismo, el incumplimiento de compromisos y acuerdos internacionales, el regreso de inversiones estadounidenses desde el exterior –llamado reshoring, como parte de la reindustrialización–, la apropiación de recursos estratégicos por distintos medios y el ataque a componentes básicos de la arquitectura multilateral, que ha incluido el recorte de fondos, el retiro de más de 60 instituciones y agencias, incluidas 31 del Sistema de las Naciones Unidas, y la promoción de algunas estructuras paralelas.
En el plano de la definición de políticas comerciales de EEUU, la constante ha sido la multiplicación de medidas proteccionistas encabezadas por mayores aranceles –y guerras comerciales, sobre todo respecto de China–, lo cual ha incluido que la amenaza o aplicación de esos aranceles se ha venido desplegando no solo como componente central de la política comercial, sino también como medio de presión respecto de temas no comerciales, como conflictos políticos y militares, amenazas al dominio del dólar, atracción de capital extranjero, lucha contra el terrorismo y –particularmente en el caso de México–, freno al narcotráfico y la migración.
Una guía principal de la política comercial estadounidense, desde la primera administración de Trump, es la obsesión en contra de los déficits en su comercio exterior de bienes, que ese país tiene de manera ininterrumpida y en magnitudes crecientes desde hace ya medio siglo. Dichos déficits son considerados como evidencias del “maltrato” y el trato asimétrico que ha sufrido EEUU, principalmente por parte de los más de 100 países con los que tiene déficit, llegando al extremo de presentar, el 2 de abril de 2025, “Día de la Liberación”, el aumento arancelario más drástico desde la Ley Arancelaria Smoot–Hawley de 1930, supuestamente definido vinculando el monto del déficit comercial con cada país con la magnitud de los aranceles a aplicar en cada caso.
Sin embargo, los aranceles y demás medidas de política comercial no han impedido que el déficit comercial global de EE UU. incluso haya seguido aumentando, de tal manera que este ha crecido en más de 50 por ciento entre 2017 y 2025, y en lo que va de la presente década dicho déficit se ha mantenido en niveles de entre 38 y 40 por ciento de las importaciones de ese país, si bien se han dado cambios importantes en la participación de diferentes países en las importaciones y los déficits comerciales de EE UU. Por una parte, en los años recientes han disminuido de manera significativa las importaciones procedentes de China y su contribución a ese déficit, y en menor medida las de Canadá; por otra parte, han aumentado las importaciones estadounidenses desde Vietnam y el déficit comercial con ese país llegó a ser el de mayor monto para el primer semestre de 2026, seguido por Taiwán y por México, país que ha llegado a ser el que más comercia con EEUU, tanto respecto al origen de las importaciones totales de este país –17 por ciento en el primer semestre de 2026– como con relación al destino de las exportaciones –16 por ciento del total en ese mismo semestre.
En ese contexto, según la información disponible, las exigencias estadounidenses en el caso del T–MEC estarían centradas en temas como la revisión de políticas industriales mexicanas que se consideran perjudiciales para los exportadores estadounidenses, la disminución de diferencias salariales para frenar la atracción de inversiones motivada por los salarios comparativamente bajos que pagan las empresas que exportan desde México a EEUU y, especialmente, el endurecimiento de las “reglas de origen” –en particular las del sector automotriz–, no solo respecto del porcentaje de contenido regional que deben tener las exportaciones mexicanas hacia EEUU para ser favorecidos por el T–MEC, sino también en relación a su contenido específicamente estadounidense.
Además de lo anterior, con seguridad en la negociación se estarán planteando exigencias enfocadas directamente a evitar el incremento de relaciones comerciales de México con China, agregándolas al ya vigente artículo 32.10 del T–MEC, que en los hechos impide que México firme cualquier “TLC con un país de economía que no es de mercado”, así como compromisos y medidas de control, para evitar que al amparo del Tratado ingresen a EEUU desde México mercancías procedentes de China ocultando su origen. Al respecto, un reciente documento de la Casa Blanca, del 11 de agosto de 2026, titulado La gran estafa del transbordo, “documenta el surgimiento, el alcance y los costos” de esa “gran estafa”, identificando 40 países que estarían participando “en una red global de transbordo clandestino” a través de la cual los productos chinos ingresan a EEUU aprovechando los menores aranceles que esos países tienen acordados para sus exportaciones hacia el mercado estadounidense; esos 40 países se clasifican en tres grupos, y México se ubica en el primero y más importante de ellos, en el cual “el riesgo de transbordo ilegal está integrado en los amplios flujos comerciales legítimos”.
Si a todo lo antes mencionado se agrega el ambiente previo a la elección intermedia de noviembre, que acompaña a las actuales negociaciones del T–MEC, y por tanto las consignas en contra de México que usualmente aparecen en esos periodos, y la necesidad de la administración Trump de mejorar las posibilidades del Partido Republicano mostrando resultados positivos que en otros ámbitos internos y de posicionamiento internacional no existen, es evidente lo turbulento de las aguas en que se desenvuelven las negociaciones del T–MEC y las muchas dificultades que tendrían que ser superadas para que dichas negociaciones arrojen un saldo favorable para México.
