La historia de la humanidad está profundamente marcada por los viajes, el comercio y el desplazamiento de las enfermedades a través de las distintas regiones del planeta. Desde las antiguas caravanas que recorrían largas distancias transportando valiosas especias y diversos gérmenes por la célebre Ruta de la Seda, hasta los barcos gigantescos y contenedores modernos que hoy cruzan los océanos con mercancías de todo tipo, el intercambio comercial siempre ha caminado de la mano con los cambios en la vida, los hábitos, las costumbres y la salud de los pueblos.
En medio de esta dinámica económica surge un gran dilema que hoy en día resulta urgente resolver: proteger la economía nacional o abrir las puertas por completo al libre comercio sin restricciones. Este debate no es un asunto exclusivo de teóricos o especialistas en economía, sino que afecta de manera directa y cotidiana nuestra salud, el bienestar de las familias y los años que logramos vivir, con un análisis que todos debemos llevar a cabo.
Durante mucho tiempo se prometió a la sociedad que el libre comercio traería una época de gran abundancia y bienestar general. La idea principal era que, al reducir los impuestos a la entrada de productos y abrir las fronteras sin trabas, se lograría mejorar la vida de todo el mundo. Sin embargo, al analizar esta situación desde el punto de vista de la salud pública, un mercado completamente libre y sin reglas claras se ha convertido en un peligro latente.
La salud de las personas no es una mercancía común que pueda regularse por sí sola ni dejarse a la deriva. Es un derecho humano fundamental que, al quedar en manos del lucro internacional y de las grandes ganancias, choca de inmediato con graves problemas estructurales.
El primer gran daño del comercio libre y sin control se observa claramente en nuestra alimentación diaria y en el rápido aumento de enfermedades graves. Los tratados comerciales internacionales han funcionado muchas veces como vías rápidas para la distribución masiva de comida chatarra. Al quitar los impuestos de entrada y las barreras comerciales, los productos ultraprocesados, las bebidas llenas de azúcar, las golosinas sin ningún valor nutritivo y la comida cargada de harinas refinadas, grasas dañinas y sal, inundaron los mercados locales a precios accesibles. Esto desplazó por completo a la comida tradicional, originaria, natural y nutritiva de las regiones, poniendo los intereses económicos de las grandes empresas por encima de lo que comemos todos los días.
El resultado de este fenómeno está hoy a la vista de todos. En México enfrentamos una situación muy difícil, ya que ocupamos tristemente el primer lugar mundial en obesidad infantil. Además, sufrimos una epidemia generalizada de diabetes, presión arterial alta, diversos tipos de cáncer y problemas del corazón. Todo esto satura por completo, debilita, desgasta y resquebraja de manera constante los hospitales y los servicios públicos de salud.
Pero este grave problema no se queda únicamente en la comida y en los malos hábitos nutricionales. El conflicto se agrava todavía más y de forma muy crítica en el terreno de las medicinas. Las reglas globales del comercio impusieron leyes muy estrictas sobre la propiedad de las ideas y los inventos, protegiendo las patentes de los medicamentos por muchos años. Esto significa que las grandes empresas farmacéuticas internacionales pueden cobrar precios exagerados y abusivos por medicinas totalmente nuevas, tratamientos avanzados contra el cáncer, antibióticos modernos y fármacos necesarios para combatir enfermedades graves.
Mientras las fronteras están completamente abiertas para el flujo de dinero, las inversiones y los capitales especulativos, se cierran de golpe y con leyes muy duras cuando un país en desarrollo o con menores recursos intenta fabricar o comprar medicinas más baratas para salvar las vidas de su gente. De este modo, curarse de una enfermedad deja de ser un derecho universal para convertirse en un privilegio exclusivo de quienes tienen el dinero suficiente para pagarlo, dejando a millones de personas sin la atención médica que necesitan.
A todo lo anterior se suma un riesgo enorme, relacionado con el peligro de depender de otros países para conseguir materiales e insumos médicos indispensables. Al tomar la decisión de mandar la fabricación de medicinas y equipo médico a regiones lejanas donde la mano de obra es más barata, los países pobres y en desarrollo se quedaron totalmente indefensos ante las crisis de salud globales. La escasez de vacunas, jeringas, pruebas de laboratorio e incluso de gasas y material de curación básico durante la pandemia de Covid–19 demostró con claridad que depender del extranjero en asuntos de salud pone en riesgo la vida de las naciones.
Ante este panorama complicado, tampoco es una solución adecuada aislarse por completo del mundo ni cerrar las fronteras a todo intercambio. Un proteccionismo mal entendido o mal aplicado puede provocar que los hospitales y los centros de salud se atrasen tecnológicamente. Esto impediría el acceso a aparatos médicos modernos, a los avances de la ciencia y a los tratamientos innovadores que son indispensables para enfrentar los nuevos retos de las enfermedades.
Por esta razón, el verdadero reto no consiste en elegir de manera ciega entre un libre comercio absoluto o un cierre total de la economía, sino en saber aplicar un proteccionismo inteligente enfocado en la salud. Esto significa que los gobiernos deben recuperar su capacidad para intervenir y cuidar el bienestar colectivo de la población. Se trata de poner impuestos altos a los productos que dañan la salud pública, como la comida chatarra, las bebidas azucaradas, las golosinas y el tabaco, utilizando esos recursos para apoyar la producción local de alimentos sanos y apoyar el campo.
En el caso de las medicinas, se requiere impulsar con fuerza la investigación científica nacional, volver a poner en marcha laboratorios públicos capaces de producir vacunas y medicamentos esenciales y usar herramientas legales, como permitir la fabricación de genéricos en emergencias, para garantizar precios accesibles.
Tener soberanía en temas de salud no es un capricho ni una ocurrencia nacionalista. Es una necesidad urgente para garantizar que la vida humana no dependa de las subidas y bajadas de la bolsa de valores ni de la escasez mundial de productos. Repensar el comercio y la salud nos obliga a cambiar las prioridades de la sociedad. La economía de un país nunca puede poner el dinero y las ganancias por encima de la salud y el bienestar de su gente. Toda política económica debe servir para proteger y dignificar la vida humana. Al final de cuentas, ningún negocio ni ningún impuesto justifican la pérdida de una vida o una enfermedad que se pudo haber evitado.
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