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La nacionalización del petróleo, tomada de www.flickr.com, por Zorro Tapatío |
Me declaro un absoluto ignorante de las propuestas de reforma energética en México, aunque no es difícil entender que hay dos posturas diametralmente opuestas que proponen, por un lado, la inversión de capitales privados para mejorar la infraestructura y poder tener un mejor acceso en la explotación de yacimientos plenamente identificados; o bien una estrategia que implique medidas austeras que limiten todos los contratos con empresas extranjeras, así como el impulso en la investigación para crear medios propios sin la generación de deudas. Pero lo más interesante de todo este asunto se relaciona con la sarta de mentiras que nos han tratado de inculcar desde la misma escuela elemental, cuando se nos ha repetido hasta el hartazgo que el 18 de marzo de 1938 el presidente Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Nadie sabía en ese entonces que la empresa de Petróleos Mexicanos (Pemex) iba a nacer como la única compañía de hidrocarburos en el mundo, que en una quiebra absurda, tendría que estar importando gasolinas y gas por la irracional incapacidad de extraer y refinar petróleo.
No se expropió el oro negro, sino la maquinaria, edificios, instalaciones, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, embarcaciones, estaciones de distribución y todos los demás muebles e inmuebles de las compañías que operaban en México. De hecho, desde la Constitución Mexicana de 1917, en el artículo 27 se afirmó que el suelo y subsuelo eran y son propiedades de la nación. Una vez promulgada la ley en ese año, se generó un temor justificado por los inversionistas extranjeros de que a la larga se iba a dar la expropiación en una forma irreversible. Como todos podemos fácilmente suponer, dejó de invertirse en infraestructura y mantenimiento, lo que provocó un verdadero deterioro y un desgaste comparable a cualquier tubo de drenaje corroído por el tiempo y el mal uso.
Esas instalaciones fueron la herencia que recibimos en esa fecha que no representa la confiscación del petróleo para beneficio todos los mexicanos y mucho menos una riqueza de la que pudiésemos sentirnos orgullosos y sobre todo, favorecidos.
La lógica hubiese marcado que cualquier excedente de capital generado por la industria petrolera fuese invertido precisamente en esos rubros que los inversionistas extranjeros de otros países habían dejado de mantener, en beneficio de una empresa para que pudiese crecer; pero como bien lo sabemos, todo ha empeorado y ahora, más que nunca, nos vemos inmiscuidos en una serie de problemas que no se pueden calificar con facilidad.
Adolfo Ruiz Cortínez planteó una ley reglamentaria del antes mencionado artículo 27, cancelando la participación privada en Pemex, pero la limitación en la intervención de capitales que no fueran estatales provocó una verdadera “petrolización” (si se pudiese llamar así) de la economía y de las finanzas públicas, de modo que ahora una buena parte del presupuesto del gobierno depende de las ganancias por las exportaciones de petróleo, en un momento en el que existen índices de pobreza extrema en México que son insultantes, pues a quienes viven en la miseria más abyecta nunca les ha llegado ni el mínimo beneficio de las ganancias petroleras, mientras que a los políticos sin la mínima vergüenza y el descaro más desfachatado, felices viven del presupuesto.
El problema actual tiene directrices efectivamente muy complicadas, pues no es tan fácil establecer una estrategia de austeridad que sea lo suficientemente efectiva como para hacer una inversión con los propios recursos de Pemex (a menos que toda la turba de políticos abusivos acepten vivir con el salario mínimo), o bien permitir la inversión privada tanto nacional como extranjera, de modo que nuestra industria generadora de hidrocarburos se vuelva rentable.
Por lo pronto, es fácil deducir que los primeros beneficiados de todo este degenerado asunto han sido los líderes del sindicato de Pemex. En la actualidad sobresale Carlos Romero Deschamps, mejor conocido en el medio político como “el Güero”, “el Judas” o “el Charro Mayor”. Se hizo célebre por haber desviado recursos de Pemex en el año 2000, por un monto de mil 500 millones de pesos para la candidatura a la presidencia de Francisco Labastida Ochoa; delito que se conocería a la larga como el “pemexgate” y que en el año 2011 iba a ser finalizado en una forma inexcusable por el Instituto Federal Electoral o IFE, pese a evidencias claramente demostrables de ese deleznable asunto.
Circulan ampliamente en las redes sociales insultantes formas de vida de sus hijos que en multimillonaria cotidianidad gastan demenciales fortunas en lapsos tan cortos como días u horas y cínicamente las divulgan en fotos que muestran una realidad que solamente puede existir en la psicología de gente demente. De hecho, en febrero de este 2013 fue dado a conocer que su hijo José Carlos Romero Durán recibió como obsequio un automóvil marca Ferrari con un valor aproximado de 2 millones de dólares. Si esto es con apenas un “carrito”, habrá que imaginar lo que esconden en propiedades mal habidas, suntuosos viajes y excesos de todo tipo, que van en contra de toda sensatez.
Pero luego vienen los exorbitantes sueldos de servidores públicos, funcionarios y burócratas ineficientes que han derrochado millones de millones de dólares en efímeras demostraciones de grandeza económica que espantan a ciudadanos de otros países cuando hacen “visitas oficiales con fines políticos”, mientras que a nosotros nos dejan con una sensación de frustración incalificable, cuando conocemos sus escandalosas formas de vida.
Mientras los objetivos de inversión no se dirijan a la educación y la salud como ejes principales de desarrollo, paralelamente a una racional inversión propia de Pemex, nos veremos en un problema de un alcance mortal, pues las reservas de hidrocarburos se terminan en una forma inexorable y no contamos con una población lo suficiente preparada y sana (ya alcanzamos el primer lugar en el mundo como seres humanos obesos) para enfrentar una vida, sin petróleo.
