En septiembre de cada cuatro años se elige rector de la BUAP y es permitida la reelección por una sola vez. A diferencia de otros tipos de elección donde hay que renunciar al cargo con antelación para registrarse como candidato a un puesto de elección popular, la normatividad de esa institución permite ser autoridad unipersonal en funciones y también candidato, lo que es ya inequitativo para otros contendientes. Esa norma también permite que para ser representante sectorial o candidato a un cargo de elección unipersonal la edad no debe ser mayor a 65 años, lo cual es violatorio de nuestra Carta Magna, además de no reflejar la estructura etaria de los trabajadores universitarios: uno de cada cuatro trabajadores tiene 65 años o más; en los hechos, ese trámite se obvia, pero está en la convocatoria. El ingreso a la BUAP es por tres vías: puntos obtenidos en el examen de admisión, por ser hijo de trabajador de la institución, y promedio de excelencia en preparatorias de la institución; las dos últimas transgreden la Carta Magna al discriminar a los trabajadores ajenos a la BUAP y a las alumnos de excelencia inscritos en preparatorias que no son de esa institución. En su momento habría que alinear la norma universitaria con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Las mejoras en el cuidado de la salud han aumentado la esperanza de vida al nacer y la transición demográfica abatió la tasa de natalidad: en 25 años, los menores de 15 años habrán pasado de 27 a 22 por ciento del total de la población y los de 65 años o más habrán aumentado de 7 a 14 por ciento respecto a la población total, somos una sociedad que envejece y su población senior no goza de un sistema de pensiones, la tiene pero económicamente es simbólica, insuficiente para garantizar su reproducción social o accede a ella a través de esporádicos programas asistenciales para adultos mayores. En 1997 se modificó el régimen de pensiones y se abrieron cuentas individuales para el retiro, los fondos de pensiones están condicionados a lo ahorrado en el periodo de actividad laboral y permanentemente el Ejecutivo federal amaga con modificar el sistema de pensiones de los que ingresaron a trabajar antes de 1997, dice que esas pensiones representan 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto.
En la BUAP sucede algo similar, uno de cada cuatro trabajadores ya tiene la condición para retirarse (antigüedad laboral de 30 años o más y/o edad de 65 años o más) y no hay fondos propios para solventar los pasivos laborales que ello representa. Hasta 2007, los trabajadores universitarios ahorraban para el retiro 9 por ciento de su salario, a partir de 2008, el ahorro es de 4.5 por ciento (la otra mitad se canalizó a gastos médicos), por lo que en 30 años de trabajo el ahorro acumulado es de 27 meses, más intereses que haya generado, lo cual sólo alcanzaría para cubrir 54 meses de jubilación en el mejor de los casos. El fondo de pensiones de la BUAP es de alrededor de 2 mil millones de pesos, cantidad que no alcanzaría para cubrir por más de un año el pago a los trabajadores inactivos y de los 2 mil que se podrían ya jubilar. Este problema se replica en todas las instituciones públicas, lo mitiga el hecho de que la élite académica no quiere jubilarse, ya que dos terceras partes de su ingreso provienen de estímulos al quehacer académico y se pierden por inactividad laboral. Ese es un problema común de los trabajadores, en especial de los que ingresaron a laborar a partir de 1997 o los que han estado en la informalidad, sin prestaciones sociales asociadas al salario.
Hay un deterioro progresivo del poder adquisitivo, más marcado en los primeros cinco deciles de la población, quienes erogaron en alimentación, comunicaciones y transporte entre 59 y 63 por ciento de su gasto corriente monetario en 2016; poco les queda para cubrir otras necesidades básicas y los servicios educativos pueden ser postergados. Es necesario el ingreso complementario de los jóvenes, quienes se pueden emplear a tiempo parcial mientras estudian, así podrán cubrir los gastos derivados del servicio educativo y eventualmente contribuir a los gastos familiares. Nunca han estado profesionalizados los alumnos de licenciatura, reciben limitadas becas simbólicas al talento, la habilidad deportiva o por necesidades básicas insatisfechas. Ahora con la precariedad laboral y el subempleo, el tiempo dedicado a las actividades académicas mengua y hay presiones para reducir los contenidos académicos y flexibilizar la curricula, situación que los universitarios de la BUAP sin duda analizarán en futuros foros.
