Reiteradamente Enrique Peña Nieto ha afirmado que pretende modernizar Pemex para que sea una empresa eficiente y competitiva; lo suscribió en la Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 2012-2018 acreditado por el PRI ante el Instituto Federal Electoral (páginas 30 y 31), lo refrendó en la campaña presidencial del año pasado, lo suscribió en el Pacto por México (compromisos 49 al 60) y en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (puntos 4.2 y 4.6). Aduce insolvencia financiera para financiar futuras inversiones en el sector energético e incapacidad tecnológica.
La modernización del sector energético es una demanda nacional, por lo menos en el municipio de Puebla así lo exigen cuatro de cada cinco ciudadanos; los que sistemáticamente se han opuesto a ello son los panistas y priistas, que desde hace más de 30 años se niegan a darle autonomía financiera a Pemex y la sangran con una carga fiscal superior al resultado de sus operaciones.
Pemex tiene ingresos anuales superiores a 100 mil millones de dólares (8 por ciento del Producto Interno Bruto); un poco más de la mitad de esos ingresos se los queda el gobierno federal (Fitch Ratings. La Jornada, 20/06/13, página 27), cercenando inversiones futuras y las presentes de mantenimiento en esa empresa pública. Si Pemex es ineficiente y no moderna se debe a que aporta más de la tercera parte de los ingresos tributarios, a los gobiernos emanados del PRI y del PAN que han hecho su caja chica para campañas electorales, y al enriquecimiento inexplicable de la clase política que la ha administrado. Es falsa la tesis de que se concurre a las empresas extranjeras para fondear las inversiones, Pemex tiene los recursos para modernizarse y ampliar su infraestructura. La modernización del sector energético es el eufemismo para privatizar Pemex; quizá por esa razón 84 por ciento de los ciudadanos del municipio de Puebla que disponen de teléfono no le creen al gobierno cuando dice que no piensa privatizar Pemex. La nacionalización de los hidrocarburos fue una acción consensada, generadora de identidad y nacionalismo, de alguna manera reivindicó pretéritos agravios y expoliación, y fue palanca para el crecimiento económico; tan es así que a 75 años de esa acción 87 por ciento de los ciudadanos del municipio mencionado creen que fue un hecho positivo.
Hace un lustro los panistas y priistas avalaron una reforma energética que garantizaba una mayor injerencia de las empresas privadas en el sector energético: modificaron cinco leyes secundarias y crearon dos nuevas. En esa ocasión tres de cada cuatro ciudadanos del municipio de Puebla estuvieron en contra de dicha privatización; hoy, dos de cada tres están en desacuerdo con la asociación de Pemex con las empresas extranjeras para extraer petróleo en aguas profundas. Los que avalan esa asociación argumentan la ausencia de tecnología para esas tareas y señalan que tal acción beneficiará a México por un abatimiento en costos; los que están en desacuerdo refrendan que los hidrocarburos son propiedad de la nación y sólo a ella le compete su exploración y explotación, así como el refinamiento; nos recuerdan que no debe haber empresas privadas en las áreas estratégicas consignadas en la Constitución Política de México, y apelan a la memoria para recordarnos que las empresas extranjeras roban y perjudican a México y afirman que el producto generado en dicha asociación sería más caro. De todos los ciudadanos, 61 por ciento afirma que el petróleo es de la nación, que tenemos capacidad para extraerlo y procesarlo, que las empresas extranjeras degradan los recursos naturales y expolian el patrimonio de los mexicanos; 31 por ciento cree que no tenemos tecnología apropiada para esas tareas y que la asociación con empresas extranjeras será positiva para el país, y 8 por ciento restante expresó otras respuestas. En cuanto a los motivos de Enrique Peña Nieto para promover la asociación de Pemex al capital extranjero, de cada 100 ciudadanos residentes en el municipio de Puebla encuestados entre el 13 y 15 de junio del año en curso, 35 manifestaron que por actos de corrupción del presidente y del partido al que pertenece, 12 dijeron que por compromisos asumidos por el Ejecutivo federal con las empresas extranjeras. 17 le confieren buenas intenciones al ejecutivo, nueve aducen falta de capital y de tecnología, cuatro mencionaron otras respuestas y 24 no opinaron.
En 2008 realizamos dos encuestas de opinión sobre la reforma energética y una en 2012, en esas ocasiones tres de cada cuatro ciudadanos residentes del municipio de Puebla exigían que los diputados federales de la entidad poblana votaran en contra de la privatización; hoy, dos de cada tres ciudadanos le exigen a los legisladores federales de la entidad que voten en contra de la asociación de Pemex con el capital extranjero, casi los mismos que no desean que se cambie la Constitución Política de México para permitir que empresas extranjeras exploren y exploten los hidrocarburos y/o los refinen. Para nueve de cada 10, el Estado debe invertir en la producción de gasolina y no la empresa privada; creen que si la gasolina se produce por particulares o en asociación con ellos, será más cara.
Los ciudadanos que refrendan la exclusividad del Estado en las áreas constitucionalmente referidas como estratégicas son predominantemente mujeres; de un nivel de escolaridad de educación básica; amas de casa; de un ingreso menor a cinco salarios mínimos, y menores a 30 años o mayores a 60 años. Es decir, los nacidos y educados en algo parecido al Estado de Bienestar Social y los Ninis (damnificados del neoliberalismo), la energía de los primeros está menguada por la edad, en cambio, a los jóvenes los potencia no sólo la edad, sino la exclusión social en el más amplio sentido de la palabra: no es lejana la emergencia de un 132 energético.
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