Una de las grandes discusiones en el pensamiento económico es la que se refiere a la propiedad. Cuando se parte de la idea de que la diferencia entre las posturas económicas y políticas se localiza en si se está de acuerdo con la propiedad privada o con la propiedad estatal, se hacen a un lado otros condicionantes de la vida económica de los seres humanos que pueden resultar más relevantes para comprender el funcionamiento y la evolución de la economía y la sociedad.
Fuera de prejuicios ideológicos y dejando de lado el poder político, si uno se preguntara ¿cuál es la diferencia, para un trabajador que está dentro del proceso de trabajo, que la empresa sea de propiedad privada o pública? o ¿en qué se modifican sus tareas, como trabajador, cuando la empresa está en manos del gobierno o de empresarios privados? Se tendría que responder que no hay diferencia, que para los trabajadores es lo mismo desempeñar su trabajo bajo un régimen de propiedad u otro. Y eso se aplica no sólo para Pemex, sino para todo tipo de propiedad estatal: las condiciones del trabajador y su explotación no se modifican cuando se pasa de una propiedad a otra.
El tipo de economía y su contenido se define a partir de la posición que ocupa el trabajo en el conjunto de la sociedad. La gran transformación de la historia del ser humano se dio cuando la fuerza de trabajo y la tierra se convirtieron en mercancías. Con el aval del Estado, mediante leyes y validación de contratos, la mano de obra se compra y se vende, lo mismo que la naturaleza, como si fueran dos más de todas las mercancías existentes; esto ocurre cotidianamente a pesar de que ni los seres humanos ni los recursos naturales fueron creados para la venta, sino que fueron transformados en objetos de compra y venta por la sociedad de mercado.
Tanto el gobierno mexicano como los empresarios privados están de acuerdo en que la fuerza de trabajo siga siendo una mercancía. Para un trabajador, en términos de su propia actividad productiva, da lo mismo que su fuerza de trabajo sea contratada por el gobierno, a través de los directivos de Pemex, que por un empresario privado. Desde el ámbito de las actividades económicas es a esta relación mercantil que impera en el mercado de trabajo y a la mercantilización de la naturaleza a lo que hay que oponerse.
Se podría argumentar que bajo la propiedad estatal las condiciones en las cuales se desempeñan los trabajadores y los pagos que se les hacen, así como las prestaciones que reciben son mejores, y pudiera ser cierto, pero esto no rompe con el hecho de que la mano de obra, bajo esas mejores condiciones, sigue siendo una mercancía.
Desde el punto de vista de los trabajadores, no debería haber ningún conflicto entre propiedad estatal y propiedad privada, lo crucial y determinante en su perspectiva vital es que sigan siendo considerados y tratados, tanto por el gobierno como por los empresarios, como una mercancía.
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