Las condiciones de vida se han degradado sin distinción de género; las personas que viven en condiciones precarias han aumentado en México cuando en otros países de América Latina, especialmente en el cono sur, han mejorado significativamente. La mitad de la población mexicana vive mal y las posibilidades de que puedan ser revertidas esas condiciones en la brevedad de nuestras vidas no se vislumbran. Ante el deterioro del ingreso familiar, otros miembros de la familia se han incorporado a los mercados laborales: el trabajo infantil y el de las mujeres ha aumentado, y aun así hay pérdida progresiva del poder de compra.
Hay una mayor incorporación de las mujeres en actividades remuneradas, ya sea que trabajen para otro o para ellas: de cada 100 personas ocupadas en el municipio de Puebla, 43 son mujeres y 57 hombres; por cada 100 mujeres de 12 años o más, 42 están trabajando, y de cada 100 hombres de 12 años o más, 61 están laborando. La masculinización del trabajo remunerado dificulta la incorporación de las mujeres, y la tasa de desempleo femenino es más alta que la del masculino, a pesar de que el promedio de escolaridad femenino es más alto que el masculino, y en ambos casos, se ubican tres años por encima de la media nacional.
En la elección de cargos de representación popular se incorpora a mujeres atendiendo la normatividad que fija criterios de equidad; aun así, su participación en dichos procesos no corresponde a su peso relativo ni a su nivel de preparación: por lo general se les nomina en las últimas posiciones o en cargos de poca relevancia; las mejores posiciones se reservan para los candidatos de sexo masculino. En la pasada renovación de ayuntamientos de la entidad, solamente en siete por ciento del total de planillas registradas las primeras regidurías (presidente municipal) las ocupaban mujeres, y en el caso de la elección de diputados locales uninominales, 35 por ciento de las candidaturas registradas fueron mujeres. Existiendo la norma de equidad electoral se le evade cuando los partidos políticos las proponen para casos perdidos o de poca relevancia.
En las actividades de docencia y de investigación universitaria ha aumentado la participación de las mujeres, pero su peso decrece cuando los cargos y las remuneraciones son más rentables. En el caso de la Universidad Autónoma de Puebla 45 por ciento de su planta académica es de sexo femenino, cuando la contratación es de horas clase, las mujeres son 49 por ciento; si son Profesores Investigadores Asociados, son 45 por ciento, y en la máxima categoría (Titular) son 35 por ciento. Si la referencia es el acceso al Programa de Estímulos al Personal Docente, en los dos niveles más bajos las mujeres son 44 por ciento y, en los dos niveles más altos, 39 por ciento. Si consideramos el perfil académico (PROMEP) según grado de escolaridad, del total de docentes con estudios de maestría o especialidad, las mujeres representan 43 por ciento, y si el grado es de doctor, las mujeres son 37 por ciento. Otra de las distinciones de la élite académica universitaria de la UAP es su membresía al Sistema Nacional de Investigadores; existen cuatro niveles posibles; en el más bajo las mujeres son 44 por ciento; en el nivel I son 38 por ciento; en el nivel II, 21 por ciento, y en el nivel III, 12 por ciento.
La mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral no se corresponde con su acceso a niveles de mandos y/o remuneraciones superiores, la equidad de género publicitada no es concomitante a las políticas ni a las estrategias del poder ejecutivo, pero no es sólo eso, hay una acendrada cultura que reivindica la hegemonía de género y desvaloriza el aporte de las mujeres en el desarrollo.
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