Cuando en 1960, el entonces presidente Adolfo López Mateos, decretó la nacionalización de la energía eléctrica, este logro se atribuía no sólo a una petición popular por el mal servicio que otorgaban las empresas extranjeras en aquel entonces, sino que también era un triunfo sindical de los trabajadores electricistas. Esta nacionalización daba fin con el sistema mixto de empresa (pública y privada) para otorgar el servicio a casas e industria, y así todo pasaba al control de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a excepción del servicio que otorgaba la entonces Mexican Light & Power, después conocida como la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), debido a las condiciones sindicales de la época, pues por un lado se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM) muy ligados a CFE, y por el otro el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), más antiguo que el anterior e históricamente ligado a LFC.
Con la nacionalización se establece, en el Artículo 27º de la Constitución, que es exclusividad de la nación otorgar el servicio de energía eléctrica desde la generación hasta la distribución y abasto. Esto implicó, desde el punto de vista del sector privado, una limitación a sus intereses por generar energía y comercializar el servicio eléctrico, debido a la prohibición de otorgar concesiones a particulares. Con la nacionalización, se buscaba llevar el servicio no solo al sector urbano, sino también a las áreas suburbanas y rurales con una estructura vertical, financiada por recursos del gobierno federal que permitiera generar una economía a escala.
Durante el gobierno de Carlos Salinas se consideraron las primeras reformas al sector eléctrico que fueran congruentes con las políticas del Consenso de Washington, como es el caso de la apertura al sector privado en el terreno de la licitación para construir y poner en marcha infraestructura generadora de energía. También ocurre, con la reforma de 1992, el permiso a privados la producción para autoabastecimiento, con lo cual el excedente podría ser vendido a CFE. Esto último permitió que empresas estadounidenses pudieran asentarse en la frontera para con estos fines. Las políticas puestas en marcha eran congruentes con la apertura comercial que se gestaba con el Tratado de Libre Comercio (TLC). De igual forma, se crea la Comisión Reguladora de Energía (CRE), que tiene bajo su jurisdicción el otorgamiento de permisos para la generación de energía al sector privado. Con las transformaciones salinistas, la industria eléctrica queda dividida en tres etapas verticales: generación, transmisión y distribución, situación con la que, al igual que otros sectores reformados, se facilita su apertura con respecto al sector privado.
A inicios del nuevo siglo se modifica el concepto de servicio público, por lo cual, tanto a CFE como a LFC, dan cobertura a usuarios de 2500 MW-h1 o menos en el año, mientras que los consumidores de más de esa cantidad (los más rentables) están cubiertos por otras empresas. También hay que recordar que, por decreto presidencial, en octubre de 2009 desaparece LFC, por lo que las instalaciones del DF, Cuernavaca, Pachuca y Necaxa, las cuales representaban aproximadamente 1.65 por ciento de la generación de energía, pasan dicha infraestructura a CFE, y por supuesto al SUTERM, dejando sin trabajo a los trabajadores afiliados al SME.
Las puertas se fueron abriendo para que no solo aumentara la inversión privada en el sector, sino que también compitiera abiertamente en el mercado. Sin embargo, y a pesar de que los argumentos de los gobiernos de Zedillo, Fox y Calderón son prácticamente los mismos que se manejaron en la iniciativa de Peña Nieto, fueron rechazados en su momento.
Este panorama previo pone en adecuación a las políticas previamente, y a veces fallidas de los gobiernos anteriores. De acuerdo, con el panorama de las reformas constitucionales, y las leyes secundarias en materia de energía eléctrica, ahora van existir dos ramos para el sector eléctrico: el de la generación y el del suministro. En ese sentido la CFE se convierte en suministrador que comprará la energía a empresas generadoras. Esa es la primera parte que se abre, el de la generación y transmisión de la energía, para después abrir el de sumnistración del servicio.
En los términos legales propuestos, de acuerdo con las leyes secundarias de la reforma energética, en torno al servicio eléctrico, se establece la “viabilidad” de que el sector privado participe en la oferta del servicio a través de contratos con el Estado. De igual manera, con la reforma constitucional, se crea el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) como organismo público desconcentrado, encargado de administrar el Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Bajo estos nuevos esquemas jurídicos, también se establecen nuevas modalidades para la distribución, pues ahora, se establecerá el servicio eléctrico por paquete, donde los que gasten hasta 2,500 MW-h estarán dentro del paquete básico, el cual solo otorgará la CFE; los que rebasen dicho gasto de energía podrán contratar su abastecimiento en el “mercado eléctrico”.
Con las leyes secundarias expedidas en este agosto del año en curso, de acuerdo con la información de La Jornada del 20 de agosto, más de 515 empresas están buscando operar en los servicios de generación y transmisión de energía eléctrica, es decir, ya hay una lista de espera ante la apertura de los nuevos marcos regulatorios.
El papel del Cenace es claro, pues tendrá que validar las compras de energía que hagan las empresas suministradoras, es decir, verificar la distribución de la energía de generadoras a las que ofrecen el servicio de suministración. Con dicho rol, el control de la energía queda a cargo de tal centro, por lo que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se convierte en un perito a nombre de la Secretaría de Energía (Sener). La CRE reduce sus facultades, pues ahora se convierte en certificador en el que tiene que otorgar el visto bueno tanto a empresas como a la Cenace para que se ajusten a las disposiciones y normativas que este mismo organismo instruya. En otras palabras, la CRE se convierte en contralora del mercado energético con sus propias reglas.
La apertura propuesta por la ley está incrementando el aparato burocrático con la creación del nuevo organismo, pero al mismo tiempo reduce las atribuciones de CFE, pues su papel ya no representa a la empresa que se planteaba en 1960, cuando se nacionalizó por completo el servicio en cuestión.
Con la reforma también viene consigo el debilitamiento de las condiciones laborales a partir de que, desde hace meses, el SUTERM ha estado en pláticas con CFE, y en las cuales se ha acordado la pérdida de muchas prestaciones laborales, y los cambios de los estatutos sindicales van acorde a la modificación de muchas áreas de la empresa, sobre todo en lo que se refiere a la parte de generación y transmisión, área que se está abriendo al sector privado, y que obviamente traerá a sus propios empleados no sindicalizados. Debido a la reorganización de la empresa, el sindicato ha dejado de ser parte del consejo administrativo, del cual representaba la tercera parte de la toma desiciones de la empresa, y que ahora no tendrá ningún poder representativo. Todo esto está generando mayor división dentro del sindicato entre la dirigencia y la Coordinación Nacional de Electricistas.
Por último, y casi no mencionado, está el papel del consumidor, pues con la apertura al sector privado, y acompañado de la reforma en el sector petrolero, los subsidios se irán eliminando paulatinamente e imponiendo las llamadas tarjetas de medición, el cual es muy similar a los sistemas de prepago que se ejercen en la telefonía celular; así, cuando se apague un foco, ahora será responsabilidad del consumidor.
Nota
1 MW-h significa Megawatt-hora. Es la unidad de medición de energía eléctrica, es equivalente a decir que son un millón de watts por hora.
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