El recién concluido 2014 fue negativo con relación al crecimiento económico y la distribución del ingreso: la producción de bienes y servicios creció a la mitad de lo programado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el ingreso real de las familias es menor al registrado en 2007; además, creció la deuda pública y hubo un déficit en las finanzas públicas por los menores precios internacionales del petróleo exportado. Las expectativas económicas son sombrías: lento ritmo de crecimiento; regresiva distribución del ingreso; pérdida de poder de compra del ingreso salarial; mayor endeudamiento público, y pérdida de la renta petrolera por la privatización de los hidrocarburos. También lo fue en lo social, nuestra integridad física y el patrimonio familiar es más inseguro; estamos más expuestos a la privación de los derechos constitucionales a la educación, alimentación, salud, seguridad social y servicios básicos de la vivienda, pero sobre todo, se nos ha conculcado el derecho a organizarnos, manifestarnos y expresarnos. Caducos y abrogados preceptos normativos inhibitorios de la libertad de opinión se han legalizado para combatir la protesta social, y las entidades con mayores rezagos sociales han sido las primeras en criminalizar la protesta y detener arbitrariamente a quienes defienden su identidad y territorio.
Cuando Rafael Moreno Valle asumió la gubernatura, 78.5 por ciento de la población poblana vivía en condiciones de pobreza, ya sea por carencias sociales o por ingresos, dos años después había aumentado a 85.3 por ciento (Coneval, Informe de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social, 2014). En 2010, 21.7 por ciento de los ciudadanos de Puebla había sido víctima de algún delito, en 2013 era ya 23.6 por ciento (INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2011-2014). Esta situación no es atribuible exclusivamente al gobernador, aunque éste ha puesto su mejor empeño para hacerlas posible. Lo que sí es de su directa incumbencia es la criminalización de la protesta social y las decenas de presos de conciencia, de aquellos que solo han defendido legalmente lo que les pertenece.
Ciudadanos residentes en las faldas del Popocatépetl han expresado reiteradamente los riesgos asociados a la instalación del gasoducto Morelos en la zona de peligro del volcán, la respuesta a sus exhortos fue la represión y la cárcel; cientos de juntas auxiliares han exigido preservar las funciones de registro civil y el manejo de su hacienda, como ha sido establecido secularmente, ante esa demanda, la respuesta gubernamental fue la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, la masacre, el amedrentamiento, y encarcelamiento de los presidentes de las juntas auxiliares de San Bernardino Chalchihuapan, La Resurrección y San Miguel Canoa. Oriundos de la precolombina Cholula (San Andrés y San Pedro) defienden su patrimonio cultural material e inmaterial, amenazado por la ejecución del llamado parque de Las Siete Culturas, la respuesta del gobernador fue la represión y el encarcelamiento de los líderes de ese movimiento. En tan solo nueve meses (abril-diciembre de 2014) Moreno Valle encarceló a 47 defensores de su identidad y patrimonio.
Puebla tiene un legado cultural que defender y preservar, su territorio no son baldíos o desiertos que pueden enajenarse al mejor postor y explotarse degradando la calidad de los recursos naturales, exterminando la fauna y la base material para la reproducción de las culturas que ahí residen. Si hay defensa de identidades y territorios es porque existe una amenaza real sobre ellas, ampliamente documentada y, en ejercicio de las garantías constitucionales, los afectados han expresado su deseo de conservar esos recursos. Valorar esas demandas y ofrecer soluciones consensadas con base en la cultura y el derecho es lo deseable de alguien que se ostenta como mandatario.
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