Ha transcurrido un tercio de siglo desde que el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos exigió la primera Carta de Intención para estabilizar la economía; le siguieron otras cartas con el mismo propósito e innumerables programas de recuperación y crecimiento, todos ellos con el propósito explícito de estabilizar la economía como meta inicial para restaurar el crecimiento: reducir el déficit fiscal, estabilizar el tipo de cambio, abatir la inflación y disminuir la oferta de dinero. Posteriormente, a través del Banco Mundial, el mismo FMI, el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, y de los Secretarios del Tesoro del gobierno de Estados Unidos de América (James A. Baker III y Nicolás Brady) se mandataba al gobierno de México a realizar un cambio estructural para privilegiar la acción del mercado sobre el Estado: se desregularía la actividad económica, se privatizarían las empresas públicas y descentralizadas, habría una apertura comercial para garantizar la libre circulación de mercancías y capitales y el sector financiero estaría sin regulación alguna. Los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo Ponce de León fueron los ejecutores de estos acuerdos; posteriormente ratificados y profundizados por Vicente Fox Quezada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
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No obstante que disminuimos la intensidad del crecimiento poblacional, el Producto Interno Bruto (PIB) por habitante de México creció a una tasa media anual de 1.1 por ciento entre los años 1993-2015; en ese tercio de siglo el peso se devaluó 455 por ciento respecto al dólar y nuevamente tenemos un déficit fiscal mayor a tres puntos del PIB y la deuda pública equivale a la mitad del valor del PIB. En la primera mitad de gestión de Felipe Calderón Hinojosa el crecimiento acumulado por persona fue de 2.06 por ciento y la devaluación de la moneda nacional en ese trienio fue de 18.8 por ciento; en el mismo periodo de Enrique Peña Nieto, el crecimiento acumulado por habitante fue de 1.96 por ciento y la devaluación de 27.7 por ciento. No hay evidencia de un crecimiento diferente a mediano plazo, las tasas anuales por persona serán menores a 1 por ciento y el salario real seguirá contraído, y no obstante que se registra un incremento en el número de personas ocupadas por hogar, el ingreso salarial familiar se deteriora en términos reales, aumentando la pobreza, tanto en términos relativos como absolutos.
La estrategia neoliberal indexó el crecimiento económico a las exportaciones y éstas, a la inversión extranjera (directa e indirecta). La salida de capitales es más elevada que la entrada de los mismos y, tanto la inversión extranjera en cartera como la directa se están contrayendo, y México ya no es un paraíso financiero seguro ni el gobierno un deudor con capacidad de pago: el servicio de la deuda pública equivale a la cuarta parte del gasto público total, y los ingresos públicos no tributarios han disminuido por los menguados precios de los bienes exportables, en particular el energético. La carga tributaria es predominantemente al consumo y los impuestos directos registran amplios márgenes de elusión y evasión fiscal de parte de las empresas monopólicas; las posibilidades de incremento de los ingresos tributarios son limitadas si no se regula la sobre y subfacturación entre filiales y la transferencia de fondos hacia los paraísos fiscales. Las devaluaciones del peso incrementan la deuda suscrita en divisa así como su servicio, si ante creciente déficit fiscal (entre tres y cuatro puntos del PIB) se continua contrayendo el gasto público, como ha sido la ortodoxia neoliberal monetarista, el crecimiento por persona del PIB estaría entre 0.5 y 0.7 por ciento, lo que afectará la calidad de vida de las personas cuyos ingresos monetarios proceden del trabajo.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) presentó en marzo del año en curso un documento intitulado Panorama Social de América Latina 2015, en él se documenta que la tasa de pobreza en México aumentó en México entre 2012 y 2014, pasó de 51.6 por ciento a 53.2 por ciento; y la tasa de indigencia, para esos mismos años, pasó de 20.0 por ciento a 20.6 por ciento. Aduce que los salarios en México se ubican por debajo de la línea de pobreza (lo estrictamente necesario para comer), y que la disminución del ingreso medio de los hogares (3 por ciento entre 2012 y 2014) fue mayor al incremento del número de personas ocupadas por hogar (uno por ciento entre 2012 y 2014), lo que se tradujo en una merma del 2 por ciento en el ingreso laboral de los hogares mexicanos, lo cual explica el incremento de la tasa de pobreza y del grado de pobreza (distancia entre la línea de pobreza e ingreso medio de los ocupados por hogar) entre 2012 y 2014. Revertir las condiciones de pobreza, no su eliminación, requiere de incrementos reales al salario mínimo, que a su vez presupone incrementos en productividad del trabajo y una tasa de acumulación (privada y pública) más altas a las registradas actualmente (22 por ciento del PIB).
Esa misma fuente presentó otro documento intitulado Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe, 2015, en el cual se enfatiza un crecimiento moderado de las economías.
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