Las Naciones Unidas (ONU) han consensado la Agenda del Desarrollo Sostenible 2016-2030 (Agenda) y los Acuerdos sobre Cambio Climático de la Convención Marco (COP21) celebrada en París en los meses de noviembre y diciembre de 2015. Ambos acuerdos fueron suscritos por México y la mayor parte de los países representados en la ONU. En la Agenda se definen 17 objetivos para lograr un desarrollo que satisfaga las necesidades materiales y espirituales actuales de la población mundial con el menor deterioro de los recursos naturales, y sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de generaciones futuras; la COP21 fue signada por 175 países, quienes de manera no condicionada se comprometieron a disminuir la intensidad de las emisiones de gases invernadero para lograr, entre todos, que el incremento de temperatura en 2100 sea menor a 1.5 grados Celsius, las acciones comprometidas corresponden a los años 2020-2030 y, en el caso de México, se pretende disminuir en 25 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030, es decir, que en lugar de mil 117 millones de toneladas de dióxido de carbono (mtCO2) que habría en 2030 si no hubiera un programa de mitigación, habrá 829 mtCO2 cuando en 2013 el inventario fue de 781 mtCO2; el compromiso es disminuir la intensidad de las emisiones, no el valor absoluto de las mismas.
La ONU asocia el daño ambiental al cambio climático y no lo relaciona con la predación que de los recursos naturales y del sujeto de trabajo hace la producción capitalista. Implícitamente asume que la apropiación mercantil de los recursos no es causal de la miseria, pobreza y degradación de las condiciones de vida de la población mundial y que la pérdida de biodiversidad, deterioro de los ecosistemas marino y terrestre, escasez y especulación del agua dulce, agotamiento de los recursos no renovables y emisiones de gases de efecto invernadero son ajenas al modo de producción y consumo que prevalecen. Por eso, con estrategias de largo aliento (eficientes, incluyentes, sustentables, justas, equitativas, innovadoras, participativas y responsables) y gestiones públicas ad hoc, el mundo será sustentable y justo. Suponiendo que así fuera, esos compromisos no se han reflejado en las estrategias y políticas públicas nacionales, estatales o municipales y, mucho menos, en las prácticas cotidianas de gestión pública.
En la Agenda, los problemas del ambiente están explícitamente definidos en cinco objetivos (agua; energía; cambio climático; vida submarina y ecosistemas terrestres) e indirectamente en otros cinco (producción y consumo responsable; ciudades y comunidades sostenibles; Industria, innovación e infraestructura; trabajo decente y crecimiento económico, y hambre cero —agricultura sostenible—). La sustentabilidad se entiende como objetivo transversal que debe ser incluido en todas las acciones de la gestión pública; no es un adjetivo carente de valor o fundamento, ni un requisito presupuestario, sino debe guiar la estrategia y la política pública. En nuestros Planes de Desarrollo del Poder Ejecutivo federal, estatales o municipales el objetivo de sustentabilidad no está jerarquizado, no es transversal ni está reflejado en políticas ni presupuesto; en el mejor de los casos, se relaciona con mitigación y adaptación al cambio climático y en la generación de energía descarbonizada.
En la COP21 México se comprometió a generar 35 por ciento de energías limpias en 2024 y 43 por ciento en 2030; a mejorar el transporte urbano, a homogenizar las normas de contaminación vehicular con los estándares más altos, y a mejorar la calidad de las gasolinas: a promover las ciudades y comunidades sostenibles; a incrementar el uso de celdas y calentadores solares; a recuperar el gas metano de los rellenos sanitarios; a disminuir la tasa de deforestación y promover tecnologías agrícolas sostenibles. Estas acciones deben ser traducidas a todos los programas sectoriales, regionales y sociales actualmente existentes y definirse en estrategias y políticas públicas de largo plazo, consensada por las distintas fuerzas electorales presentes en el Congreso de la Unión.
Es contradictorio que el gobierno de Enrique Peña Nieto se comprometa a erradicar la pobreza extrema o reducir a la mitad la pobreza en cualquiera de sus modalidades cuando en su gestión esta ha aumentado; se compromete a una alimentación sana, nutritiva, suficiente y los patrocinadores de la campaña hambre cero son las empresas trasnacionales que producen alimentos chatarra; o que se garantice la diversidad genética cuando se promueve el monocultivo y el uso masivo de agroquímicos; o que se comprometa a eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas en todos los ámbitos cuando los feminicidios se generalizan e intensifican; que se comprometa a garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable cuando ésta se concesiona a particulares sin ningún compromiso para mejor la calidad, garantizar el abasto o cobrar un precio asequible a los ingresos de la población. El Ejecutivo federal se ha comprometido a proteger ecosistemas relacionados con el agua y, en los hechos, otorga concesiones a granel a las mineras con derecho de prelación sobre el agua y exonerándolas de la contaminación ambiental, destrucción de hábitat y pérdida de biodiversidad. Si el Poder Ejecutivo asume como suya la Agenda y la COP21, debe ser consecuente tanto en el ejercicio de su gestión como en sus estrategias y políticas públicas.
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