Empleo precario y acumulación neoliberal: límites de la política pública

El objetivo de este texto es presentar un conjunto de reflexiones en torno al empleo; se trata de una exposición que busca delinear elementos que nos parecen sustanciales para poder establecer un diálogo en torno a posibles políticas públicas que incidan en el mejoramiento del empleo en Puebla. Son algunas ideas que aun habrá que desarrollar y corregir a partir de ese diálogo.

 

Acumulación y empleo

 

  1. Las falacias del crecimiento económico morenovallista y acumulación de capital. Una de las afirmaciones más frecuentes y contundentes de los gobiernos neoliberales es el crecimiento económico alcanzado en sus administraciones, el morenovallismo destaca por su cinismo cuando argumenta que se generó riqueza para distribuirla de manera equitativa y disminuir la pobreza. La ostentación sobre los niveles de generación de riqueza contrasta con la realidad. Destacamos solo tres características del desempeño económico entre 2010 y 2016:
  2. a) Si bien el crecimiento del PIB en los seis años del sexenio es superior al promedio nacional, en realidad es ínfima la diferencia: solo cuatro centésimas (Puebla 2.93 por ciento y Nacional 2.89 por ciento, tasas promedio anual); sin embargo, esa diferencia es debida a la dinámica que tenía la economía poblana durante el sexenio marinista, de tal forma que si solo se toman los cinco últimos años, el crecimiento es menor en dos décimas;
  3. b) en este último año, efectivamente el crecimiento es mayor, determinado por el sector industrial;
  4. c) este funcionamiento económico sigue basándose en una mayor explotación de la mano de obra y los bajos salarios pagados, en la mayor parte de las ramas analizadas se puede observar tal fenómeno.
  5. Las ramas principales de acumulación han sido la manufactura (en especial maquinaria y equipo), construcción y sectores financieros (aunado al turismo). Se trata de un buen ejemplo en el que se expresan los sectores hegemónicos del capital: empresas trasnacionales, su vínculo con los capitales nacionales y el gobierno estatal, así como el fortalecimiento de los sectores parasitarios (financiero-especulativo). Decayendo el sector agrícola. Esta dinámica de acumulación de capital ha implicado que se privilegien los vínculos con las cadenas globales de producción (donde domina el capital trasnacional), a costa de la ruptura o exclusión de las cadenas productivas locales o regionales, profundizando el empobrecimiento y exclusión del mundo rural y de amplios segmentos de población urbana, confinándolos a lo que eufemísticamente denominan como economía de subsistencia y/o economía informal.
  6. Lo anterior nos da una primera afirmación sobre el empleo en la entidad: el predominio de muy bajas remuneraciones pagadas y pésimas condiciones laborales. Al respecto se puede mencionar que 53 por ciento de los ocupados ganan menos de dos salarios mínimos, en tanto que a nivel nacional es 41 por ciento. Teniendo acceso a instituciones de salud solo 21 por ciento, contra 37 por ciento en el país.
  7. Así, si bien la tasa de desempleo es inferior a la nacional, otros indicadores muestran que las condiciones laborales, el desempleo y los salarios son peores: tasa de ocupación parcial y desocupación 10 por ciento (9.3 por ciento nacional), tasa de ocupación en condiciones críticas 20.5 por ciento (13.2 por ciento en el país), con una informalidad laboral de 73.2 por ciento (56.6 por ciento nacional). Es indudable que las instituciones estatales y federales (tanto gubernamentales como patronales y sindicales) han funcionado adecuadamente para mantener un “clima de estabilidad laboral” en beneficio del capital.

Se trata de un empleo precarizado, explotado y que es propio de un modelo de acumulación neoliberal subordinado, en el que los sectores capitalistas hegemónicos logran grandes ganancias, y una buena parte de ellos (y de sus representantes políticos) se han corrompido en niveles que atentan a la misma acumulación de capital.

 

Demandas sociales y políticas públicas

 

En este contexto es pertinente referirnos al carácter que pueden tener las propuestas para implementar una política pública a nivel estatal.

  1. La coyuntura actual se caracteriza por un enorme deterioro de las instituciones gubernamentales y por la violencia originada en las actividades ilegales en complicidad con los sectores del capital dominantes, lo cual genera el marco de inseguridad y agresión contra las clases dominadas, que se suma a su aguda explotación. Ante esto, surge la posibilidad de un cambio en la conducción del gobierno, con un discurso que se centra en el mal gobierno, y no en el cambio de las estructuras y fundamentos ni del modelo de acumulación ni del mismo sistema capitalista. Estos sus límites.
  2. De esta manera, desde nuestro punto de vista y pensando en una agenda social crítica del sistema, las propuestas que se puedan hacer deberán de atender de manera prioritaria al fortalecimiento de la organización y resistencia de los dominados, por lo que es pertinente constituir una agenda o programa que permita integrar sus intereses de corto plazo con los de una transformación social.
  3. En este sentido un primer conjunto de demandas (que pueden concretarse en programas de política pública en los niveles federales, estatales y municipales) deberá de centrarse en:
  4. a) Derecho a la vida digna: trabajo e ingreso digno: derecho al trabajo y de ingreso. Lo cual implica la implementación de políticas públicas como: seguro contra el desempleo, medidas para elevar el salario y sus prestaciones, atención especial a los jóvenes (garantía de un ingreso básico para la realización de sus estudios), políticas de dignificación de la población de la tercera edad (ingreso digno, garantía de jubilación, atención a la salud y su cultura).
  5. b) Seguridad social: fortalecimiento de los sistemas estatales de seguridad social (garantizando el servicio universal de calidad), vivienda digna (garantía de vivienda para toda la población, respetando las costumbres, cultura y formas de vivir de todos), apoyo para la revitalización de las unidades habitacionales, fortaleciendo la participación colectiva-solidaria de los habitantes e impulsando los centros de gestión cultural.
  6. c) Respeto e impulso de los derechos laborales y sociales, reconocidos tanto por los organismos internacionales como por la legislación nacional: autonomía en la organización, condiciones de trabajo dignas, salarios constitucionales, derecho al trabajo, jornada laboral, huelga.
  7. Fortalecimiento de la acción social y la colaboración. Impulso de la participación de los trabajadores en las comisiones legalmente reconocidas (LFT: comisiones mixtas, productividad, capacitación). Esto incluye la realización profesional y crítica de las denominadas Inspectorías del trabajo.

Un fundamento de este conjunto de demandas es la igualdad sustantiva de género, que debe estar presente en cada acción y programa que se emprenda, fundamento que es abordado en otro artículo en este suplemento.

Cada una de estas demandas puede concretarse en política pública, pero es claro que solo podrá realizarse en la medida que se constituya una fuerza social independiente (de las clases explotadas y excluidas) y las ubique en un programa que enfrente al modelo neoliberal y a la misma hegemonía del capital.

 

Nota: los datos que se mencionan tienen como referencia al Banco de Información Económica del INEGI, se toman solo como una expresión de lo que acontece pero que obviamente no agota la tragedia que sufre la mayor parte de la población.

 

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