El 26 de junio, antes de las elecciones presidenciales de 2018, el equipo de Andrés Manuel López Obrador presentó ante diversos medios de comunicación la agenda ambiental de ese partido (https://www.jornada.com.mx/20-18/06/26/so-ciedad/032n2soc).
Importantes antecedentes a este documento se pueden encontrar en la discusión de las agendas ambientales que los partidos contendientes presentaron en el Foro “Medio ambiente, cambio climático y sustentabilidad en el Foro México 2018: Desafíos de la nación”, organizado el 11 de abril por la UNAM y el INE (http://tv.unam.mx/portfolio-item/mexico-2018-desafios-de-la-nacion-mesa-2-medio-ambiente-cambio-climatico-y-sustentabilidad/), en donde el doctor José Sarukhán (a través de la doctora Patricia Dávila), y las doctoras Julia Carabias y Leticia Merino (http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2018_230.html) vertieron sus comentarios sobre cómo era abordado este tema en las plataformas de los partidos y/o coaliciones.
El doctor Sarukhán resaltó lo imprescindible de incluir en las plataformas de los candidatos a la presidencia la importancia para México de su capital natural. Sin ello “no hay forma de mantener ningún desarrollo sostenido de la economía y del bienestar humano”. Expresó que, “en el mejor de los casos, en un par de plataformas se incluyen acciones bien intencionadas, pero no engarzadas de manera estructurada”.
La doctora Carabias, por su parte, llamó a la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo Sustentable, ya que en las plataformas de los partidos las propuestas sobre biodiversidad “fueron cortas” y “no hay especificidad en temas como cambio climático, bosques y selvas e incluso agua”.
Acorde con las críticas anteriores, la doctora Merino apuntó la falta de diagnósticos integrales como punto de partida para la elaboración de dichas plataformas. Cabe señalar que la doctora Merino fue coordinadora —junto con Alejandro Velázquez— de la “Agenda Ambiental 2018. Diagnóstico y propuestas” (http://amerac.org/wp-content/uploads/2018/04/Agenda-Amb-UNAM-web-2-para-envio.compressed-1.pdf), que fue un esfuerzo colectivo en el que participaron, además de investigadores de la UNAM, expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro Geo) y El Colegio de México, para justo partir de ese diagnóstico integral para la elaboración de propuestas ambientales.
Ante estas observaciones, Josefa González, de la coalición “Juntos Haremos Historia”, y propuesta ahora para ser Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), indicó que el documento presentado “se está enriqueciendo y sigue creciendo”. Destacó la prioridad en el uso de energías renovables y el cumplimento de metas en relación al Acuerdo de París (sobre cambio climático).
Vale la pena abundar en los documentos que el partido Morena elaboró posteriormente, acorde con el compromiso de enriquecer el documento inicial.
A principios de junio de 2018, Morena presentó el texto Naturamlo (https://drive.google.com/file/d/1wtqDgsYrhY6wIxVo3nRz4ou7qK1JPEOj/view), documento de divulgación que plantea ya las áreas prioritarias, y la posición con respecto al Acuerdo de París, entre otros temas sobresalientes.
Para finales de ese mes, se hace pública la Agenda Ambiental de Medio Ambiente 2018-2024 de Morena, en donde se profundizan los temas descritos en Naturamlo.
Esa agenda se basa fundamentalmente en un enfoque llamado biocéntrico, que le aporta una dimensión ética. Este enfoque se centra en la naturaleza, en el respeto a la vida y considera que la especie humana una parte más de ésta, y no por encima de ella. Se contrapone entonces este enfoque a una visión puramente antropocéntrica.
La agenda cuenta con 10 ejes transversales: Desarrollo integral sustentable; Perspectiva de Derechos Humanos, Perspectiva de género y principio inter generacional; Gobernanza democrática; Participación ciudadana; Gobierno basado en evidencia científica; Transparencia; Rendición de cuentas; Eficiencia Presupuestal, y Transversalidad ambiental.
Con base a esos ejes transversales, la agenda contiene 12 ejes temáticos: Mitigación y Adaptación al cambio climático; Manejo integrado de cuencas hidrográficas y agua; Manejo integral de zonas costeras y mares; Manejo integral del territorio insular; Manejo Integral forestal y de suelos; Áreas Naturales Protegidas; Conservación y manejo sustentable de la biodiversidad; Ciudades sustentables y resilientes; Calidad del aire; Manejo integral de residuos; Fortalecimiento institucional, y Justicia Ambiental.
Todos los ejes mencionados son muy relevantes, y seguramente las organizaciones sociales, las académicas y los ciudadanos en general, deberán de dar seguimiento y evaluar los avances que resulten de la aplicación de la agenda. En particular, la sociedad deberá estar alerta a la coherencia y consistencia de las agendas de energía, de manejo de recursos hídricos, y las de actividades productivas como la de agricultura, y la de actividades extractivas como la minera y petrolera, entre otras, con esta agenda ambiental. En pocas palabras, la Secretaría de Medio Ambiente debe vigilar las actividades de otras Secretarías de Estado, de tal suerte que los aspectos medioambientales sean prioritarios en su accionar.
Es posible que el tema de “Justicia Ambiental”, se pueda considerar como nodal tanto para los ejes transversales y los temáticos de esta agenda, pues precisamente este tema le da una dimensión ética y política a la agenda ambiental.
Este concepto abarca la inclusión en la toma de decisiones de todas las personas como parte de sus derechos humanos, considerando una perspectiva de género, el respeto a los pueblos originarios, la importancia de la participación de los jóvenes y el combate a todas las desigualdades sociales.
La Justicia Ambiental contiene lo que en las ciencias del cambio climático se denomina Justicia Climática, que considera que ese cambio no es únicamente un problema físico o medioambiental, sino que es un problema ético y político, y como tal debe abordarse. Otros problemas que pueden verse de igual forma, son la brutal pérdida de biodiversidad y de fertilidad de suelos.
Acertadamente, la agenda alude al artículo 4 de la Constitución de México: “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque”.
La violencia ejercida sobre los defensores de este derecho, incluidos los derechos al agua, los suelos y los bosques, particularmente a los territorios indígenas, es un aspecto que esta agenda resalta como urgente de atender, incluyendo además de su protección la atención de sus legítimas demandas.
Señala esta agenda que en México se tiene como freno al ejercicio de la Justicia Ambiental la falta de aplicación de la normatividad, la corrupción y la desatención de las autoridades responsables.
Así, se plantean cambios y actualizaciones, por ejemplo, del Programa de Pro-curación de Justicia Ambiental 2018-2024; promover la Ley Orgánica de la Procu-raduría Federal de Protección al Ambiente, e impulsar la creación de juzgados especializados en materia ambiental, entre otros cambios normativos.
Sobresale también la propuesta de impulsar una “Evaluación Ambiental Estra-tégica”, como un nuevo instrumento realizar análisis previos de posibles impactos sociales y ambientales de cualquier plan o programa de desarrollo, lo que permitiría cubrir la necesidad de darle seguimiento y evaluar la alineación de las acciones de otras secretarías con esta agenda ambiental.
Finalmente, es importante mencionar que algunas comunidades y organizaciones sociales han expresado su escepticismo o franco rechazo a los lineamientos hasta aquí descritos. Si ha habido decenas —o aún cientos— de años de depredación de la naturaleza, además de simulaciones, promesas incumplidas, aunadas a la persecución y violencia ejercida contra esas comunidades, será fundamental que lo expresado en esta agenda se convierta en realidades tangibles, con una fuerte participación social y transparencia en su accionar y manejo de recursos, esto es, que cumpla con la Justicia Ambiental descrita.
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