El problema alimentario de México y lo que se espera del nuevo gobierno

Del nuevo gobierno esperamos muchas cosas;
entre otras, aquellas a las que se comprometió durante
la campaña. Pero esperamos, sobre todo,
que esté dispuesto a escucharnos y a trabajar junto con
nosotros; junto con el pueblo organizado.

Que esté dispuesto a convocar y movilizar, no únicamente sus recursos institucionales y presupuestales —siempre
insuficientes—, sino también la enorme creatividad
y energía social hoy aletargadas.

(Armando Bartra. La Jornada del Campo. 2018)

 

 

El problema alimentario y la expectativa sobre la regeneración del país se ubican en una gran apuesta del nuevo gobierno: transformar el país junto con el pueblo, construir una nación sin violencia ni impunidad, justa e igualitaria, libre y democrática, con un Estado menos subordinado al gran capital.

El problema alimentario se encuentra dentro de un escenario grave: pobreza, hambre, dependencia alimentaria con exportación de alimentos, pero afortunadamente con capacidad campesina e indígena para alimentar a México.

Pobreza: con datos de The Hunger Project México (2016) se puede señalar que 46.2 por ciento de la población (55.3 millones de personas) vive en pobreza, de las cuales 9.5 por ciento (11.4 millones) viven en pobreza extrema y siendo mayor en el sur, sureste y parte del centro del país, ya que alcanza 74.7 por ciento en Chiapas; 69,7 por ciento en Guerrero; 64,5 por ciento en Puebla y 61,9 por ciento en Oaxaca.

Hambre: 23.3 por ciento (27 millones) de la población vive en pobreza alimentaria y 12.5 por ciento sufre desnutrición crónica. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, existían 1 millón 194 mil 805 niños con desnutrición crónica en el país.

Dependencia alimentaria con exportación de alimentos: en documento de la FAO, “Políticas públicas a favor de la agroecología en América Latina y el Caribe”, se indica que “el patrón de producción del campo mexicano ha sufrido un profundo cambio desde la pérdida de suficiencia alimentaria en 1964 y, sobre todo, desde la firma del TLCAN, lo que ha significado exportar productos hortofrutícolas e importar hasta 40 por ciento de los alimentos necesarios para el consumo interno”. Conforme datos del Quinto Informe de Peña Nieto, 98.2 por ciento del arroz consumido en 2017 es importado; 55.4 por ciento del consumo de maíz, así como 43 por ciento del trigo. La producción de 52 de los principales productos agrícolas que representan 90 por ciento de la producción de ese sector, se ha reducido de 162 millones de toneladas, en 2004, a 133.7 millones de toneladas en 2017.

Existen otros datos que complementan el panorama, el país subió un lugar como productor de alimentos a nivel global en el sexenio, alcanzando así el doceavo sitio y se ubicó como la décima potencia exportadora de alimentos. Conforme datos del Atlas Agroalimentario 2012-2018 (La Jornada 18 de agosto 2018), los productos llegan a 190 naciones. Esto representa una producción de 286 millones de toneladas de alimentos en 2017. Comprar alimentos que necesitamos y exportar alimentos que otros países no producen, el primer lugar en ventas al extranjero están la cerveza, aguacate, tequila y jitomate, y en segundo lugar el chile, coliflor y brócoli, entre otros.

Capacidad campesina e indígena para alimentar a México. En México, 40 por ciento de los alimentos los producen los pequeños productores (FAO 2013) y 4 de los 5 millones de productores agrícolas son agricultores familiares (FAO 2013). Con una política de fomento al campo, campesinos e indígenas estarían dando de comer al país con los alimentos que necesitamos.

Lo anterior es resultado del modelo agroalimentario de un gobierno neoliberal interventor, que favorece el comercio de alimentos y a las grandes transnacionales agroalimentarias, pero no resuelve el hambre de los mexicanos, generando además dependencia alimentaria que pone en riesgo la seguridad nacional.

Sobre este problema nacional lo que se espera de la gestión del nuevo gobierno es que cumpla lo que ha prometido1, aquí se señalan y reproducen algunos de los compromisos relevantes: en lo general una ubicación estratégica del campo y sus actores en el Proyecto de Nación y en un nuevo modelo económico, que no promueva la destrucción del territorio mediante proyectos aparentes de desarrollo, que preserve la diversidad biológico-cultural y que recupere la soberanía alimentaria.

  • Primero: revalorar al campo mexicano por su importancia social, ambiental y cultural. Que se apoye a los productores nacionales con subsidios y créditos para dejar de comprar en el extranjero lo que consumimos. Con ello se arraigará a la gente en sus comunidades y se generarán empleos rurales que ayuden a contener la migración. Además, el campo se debe revalorar por su forma de vida, porque desarrolla una sociedad sana, con valores morales y espirituales. Regresar al campo significa fortalecer una identidad cultural de la más alta calidad humana.
  • Segundo: un nuevo modelo económico que reanime el campo, la agricultura, la ganadería y la pesca, para con ello recuperar la capacidad alimentaria de campesinos e indígenas, ganaderos y pescadores, en donde se fortalezca la rectoría del Estado en la promoción y regulación de los mercados agroalimentarios, estableciendo una reserva estratégica alimentaria, precios mínimos garantizados, producción nacional de insumos, control de precios de los mismos y acceso universal al crédito y servicios financieros. Todo en una economía solidaria.
  • Tercero: recuperar la soberanía alimentaria, ya que en el Global Food Security Index de seguridad alimentaria de 2017 se ubica a México en el lugar 43 de 113 países. Si bien se ha logrado obtener una balanza comercial agropecuaria positiva en 2016-2017, por razones de seguridad nacional es imperativo reducir la dependencia que se tiene en relación con los productos agrícolas, pecuarios y pesqueros que consume la población, mediante el incremento de la productividad.
  • Cuarto: el rescate del campo y contra la depredación de los recursos naturales. Cambiar el actual modelo de desarrollo económico que no es sustentable y está produciendo devastadores efectos económicos, sociales y ambientales. Parar los grandes desarrollos o megaproyectos con impactos ambientales graves, en muchos casos irreversibles, que se han venido impulsando en el país, un ejemplo de ello es la minería por concesiones que violan leyes, reglamentos y procedimientos jurídicos, afectando a miles de pobladores y comunidades en su mayoría indígenas.
  • Quinto: preservar la gran diversidad biológica y cultural de México. Impulsando prácticas agroecológicas que aumenten la productividad sin dañar a la naturaleza. No permitir la introducción y el uso de semillas transgénicas. Cuidar nuestra reserva de recursos bióticos. Que se respeten y apoyen las prácticas económicas autogestivas tradicionales e innovadoras habituales entre indígenas y campesinos.
  • Sexto: defender y expandir la milpa y el modo campesindio de vida, que es socialmente justa, ambientalmente sana y económicamente viable –es decir– sostenible. Se propone el cultivo del maíz y frijol como elementos estratégicos para la seguridad alimentaria bajo el sistema MIAF (Milpa Ampliada con Árboles Frutales) por parte de las familias rurales en la localidad (región). Para ello se comprometen el crédito a la palabra, crédito para el desarrollo para la agricultura comercial; extensionismo rural, transferencia tecnológica, asistencia técnica, real vinculación de las universidades con el campo.
  • Séptimo: aumentar la productividad y mejorar la sustentabilidad de la agricultura mediante el uso de tecnología e impulsar la investigación e innovación en este sector para responder a las demandas de los territorios rurales y las cadenas agrícolas.

Hay más compromisos que el nuevo gobierno tendrá que cumplir, pues con los campesinos firmó el Plan de Ayala para el Siglo XXI, y con los indígenas se comprometió a cumplir los acuerdos de San Andrés. Pero también, es posible que se dejen por fuera problemas y necesidades del sector rural, en este recuento son claves indígenas, campesinos y productores medios, ganaderos y pescadores, así como el sector académico involucrado en el campo.

En el nuevo proyecto de nación y de reconstrucción del campo mexicano, los campesinos, como siempre, están dispuestos a participar, como lo plantearon en el Plan de Ayala: “La recuperación del campo es responsabilidad de pueblo y gobierno. Regenerar al campo debe ser prioridad nacional y es un compromiso de los campesinos. Los hombres y mujeres del agro queremos seguir cosechando alimentos sanos para todos, generando empleo para millones, cuidando a la naturaleza, enriqueciendo la cultura. Los campesinos y los productores medianos y grandes, tenemos una responsabilidad con el país y vamos a cumplirla”.

* ricardo.perez@correo.buap.mx

 

 

 

 

1  Las promesas y compromisos se han obtenido de Programa del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) Por qué luchamos; del Proyecto Alternativo de Nación 2018 – 2024 Plataforma Electoral y Programa de Gobierno; de los Lineamientos Básicos del Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024;  del Proyecto de Nación 2018-2024, de los compromisos firmados con campesinos e indígenas, y de avances de los lineamientos del gobierno electo hasta el 20 de agosto de 2018. No son todos sólo los más visibles.