Foto: Pepe Castañeda
A las tradicionales funciones asignadas a la agricultura en las estrategias de crecimiento económico (proveer alimentos e insumos, liberar fuerza de trabajo, transferir valor vía precios y superávit comercial), ahora se le asignan la de preservar los recursos naturales utilizados; conservar la agrobiodiversidad; mitigar la generación de gases de efecto invernadero; coadyuvar a la equidad de género, y mejorar las condiciones de vida de la población rural. Sin embargo, lo que prevalece como principio rector en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND) es la elevación de los rendimientos y la competitividad de las actividades primarias a través de la transferencia e innovación tecnológica, que no es necesariamente amigable con el medio ambiente ni justa con los campesinos, por lo menos en su versión de monocultivos con uso intenso de agroquímicos, agua, mecanizados, de comercialización global, contaminante de semillas nativas y generadora de productos nocivos a la salud.
Del total de tierras cultivadas en México en el ciclo agrícola 2016-2017, según la Encuesta Nacional Agropecuaria, 70 por ciento fue de temporal y 30 por ciento de riego (Inegi, 2017). Las tierras de riego son 6.8 millones de hectáreas, según el Inegi, y en el PND se pretende incrementarlas en 719 mil 939 hectáreas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con una inversión de 94 mil millones de pesos; el propósito es aumentar los rendimientos agrícolas, lograr la autosuficiencia alimentaria, aumentar en 604 mil los empleos directos por dicha adición y mejorar los ingresos y el bienestar social de los productores agrícolas y de los campesinos.
De la infraestructura agrohidrológica disponible hasta 2017 había 2 mil 200 presas de almacenamiento de agua para uso agrícola que irrigaba 4.2 millones de hectáreas, 35 por ciento de dichas presas fueron construidas hace 40 años o más y la vida útil de las presas es de 50 años, están muy cerca de concluir su ciclo (PND). Del total de tierras irrigadas, 62 por ciento es por el sistema de gravedad, que es el más ineficientes de los sistemas de riego, sobre todo porque 40 por ciento de la superficie irrigada utiliza canales de tierra, donde a la filtración de agua se agrega a la evaporación (Inegi, 2017).
Los productores de alto rendimiento se ubican en el norte del país, donde los escurrimientos son apenas la tercera parte del total, garantizarles la disponibilidad de agua para riego significa construir plantas desaladoras, la inversión pública se estima en 80 mil millones de pesos durante el sexenio de AMLO (incluye acueductos en el valle de México). Del uso primario del agua en México, 77 por ciento la consumen las actividades agropecuarias, 14 por ciento el abasto público y 9 por ciento la industria y las termoeléctricas. Privilegiar el uso intenso de agua para actividades agropecuarias cuando hay una sobreexplotación de los acuíferos y en cinco (Noroeste, Río Bravo, Balsas, Lerma-Chapala y Valle de México) de 13 regiones hidrológicas administrativas la disponibilidad del agua es cero o negativa, es contrario al compromiso de cuidar y preservar los recursos naturales.
En el PND se definen tres actores de la transformación agrícola (comunidades agrícolas, empresas capitalistas e instituciones públicas y privadas) y se enfatizan tres programas distintos, todos ellos con la múltiple intención de elevar rendimientos y competitividad, generar servicios ambientales y dignificar la vida campesina. Del total de unidades de producción rural (5.3 millones), la economía familiar campesina autoconsuntiva la estiman en 20 por ciento; la economía campesina familiar vinculada al mercado, en 70 por ciento del total de unidades de producción, y la agricultura capitalista, de altos rendimientos, 10 por ciento del total de unidades de producción.
Es la población rural que vive en pobreza, que posee surcos de muy mala calidad, la destinataria del programa Sembrando Vida. De ellos se espera que apliquen sus saberes ancestrales y sus prácticas agroecológicas para producir alimentos y productos forestales con un manejo de cuencas hidrológicas y conservación de biodiversidad. La población objetivo es de 1.2 millones de productores como meta a 2023, la ayuda por productor es de 5 mil pesos al mes y la cuota a cultivar son 2.5 hectáreas por unidad de producción. El cultivo principal puede ser maíz, café o agave asociado a frutales o especies maderables. Con este sistema de milpa se espera restaurar bosques y selvas; conservar suelos; mejorar filtraciones; mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero; generar empleos (400 mil el primer año); mejorar la dieta de los campesinos; contribuir a lograr la autosuficiencia alimentaria y a disminuir la dependencia alimentaria en granos básicos y productos forestales. Las entidades donde se ubicará el programa Sembrando Vida son los sur sureste (Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Guerrero), Jalisco, Michoacán y Guanajuato.
La agricultura familiar orientada al mercado tendrá financiamientos con tasas de recuperación blandas, transferencia de conocimiento y asesoría técnica, precios de garantía, programas ad hoc para recuperar el potencial genético del maíz criollo, agregar valor a sus productos y comercializarlos en mejores condiciones. Se estima que la agricultura sustentada en el conocimiento popular y el saber científico elevará los rendimientos, el producto y los ingresos de los productores, lo que dignificará su calidad de vida.
La política agropecuaria de AMLO se propone la autosuficiencia en granos básicos, oleaginosas, lácteos, huevo y cárnicos. Actualmente somos dependientes en esos productos y nuestra balanza comercial de los mismos es deficitaria. El PND también consigna la no degradación de los recursos naturales, equidad de género, respeto a los derechos humanos y mejores niveles de bienestar para la población rural. La estrategia considera incrementos de rendimientos, uso eficiente del agua, menor siniestralidad, incremento de la superficie sembrada y recuperación de suelos degradados. Nuestra frontera agrícola es de 31 millones de has y cultivamos 22 millones de has; la incorporación de las tierras no cultivadas es sensible a una política que establezca precios de garantía y financiamiento blando, que vincule la producción y transmisión de conocimiento a la generación de producto, que ofrezca certidumbre a la producción y promueva la comercialización, y esas acciones están consideradas en el PND, aunque no con la fuerza para universalizar las prácticas agroecológicas amigables con el medio ambiente. Seguirán confrontadas la producción intensiva y depredadora de la naturaleza y de la energía, y la sociedad autosuficiente en alimentos y energía, de prácticas culturales más benévolas con la naturaleza.
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