La educación es un derecho humano y todas las personas deberían poder ejercerlo sin importar su edad, situación económica, legal o de cualquier tipo. La educación es un derecho clave, pues es un medio para adquirir y desarrollar conocimientos, capacidades, habilidades y aptitudes que impulsan el desarrollo individual y social de la persona, y como consecuencia de todo esto se contribuye a su bienestar, y también a la transformación y mejora de la sociedad en la que vive. Por todo esto, es un derecho que permite el ejercicio de otros derechos y que al vulnerarlo se vulneran todos los demás.
En México, de acuerdo con la Ley General de Educación, publicada en 2019, todas las personas habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Sin embargo, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) al corte del censo 2020, el porcentaje de la población de tres a 17 años que no asistía a la escuela aumentó de 14.4 por ciento en 2015 a 16.4 por ciento, siendo aproximadamente 5.3 millones de personas que se encuentran fuera de la escuela. Ante este panorama, que muchas veces se invisibiliza, podríamos preguntarnos: ¿si no están en la escuela, en dónde y qué están haciendo esos 5.3 millones de niñas, niños y adolescentes? y ¿por qué?
Los factores que contribuyen a que las infancias no puedan ejercer su derecho a la educación son muchos y desde el trabajo que realizamos en el Centro Universitario de Participación Social (CUPS), hemos podido identificar algunos de ellos, como el acoso escolar, el trabajo infantil y el bajo nivel económico de las familias. En este último en particular Latapí (1996) nos menciona que hay que partir de que la educación no es gratuita, debido a los costos directos e indirectos que genera en las familias. Y así lo hemos observado, aunque en la ley se establezca la gratuidad de la educación, en la vida cotidiana es el factor económico uno de los principales obstáculos para poder asistir a la escuela.
Cubrir el costo del transporte, desayuno, materiales o uniformes, y ante las condiciones de la pandemia, pagar el uso de internet o datos móviles, hacen que la educación parezca más un servicio exclusivo de unos cuantos que un derecho universal. Nos menciona Mercedes Ruiz (2015) que la educación vista como derecho, abre posibilidades para generar nuevos sentidos con respecto a la relación entre el Estado, la educación y la sociedad, así como las obligaciones de los diversos órganos de gobierno para proteger, promover y garantizar este derecho toda vez que el discurso del derecho a la educación se inscribe en el marco de una lucha por la defensa y protección de derechos fundamentales frente a visiones que conciben a la educación como una mercancía y un servicio.
Por ello desde el CUPS, con la participación de estudiantes universitarios, apostamos por establecer comunidades de aprendizaje en distintos lugares, en colonias de la periferia del municipio de Puebla, espacios de encuentro en los que el diálogo es un eje fundamental en la construcción de conocimientos y que son una alternativa para que niñas, niños y adolescentes puedan ejercer su derecho a la educación. Sabemos que no se trata de simplemente abrir un espacio educativo, sino de considerar a las infancias como sujetos de derecho, como seres sociales autónomos, creativos, constructores de su conocimiento, con libertad de expresión, con derecho a desenvolverse en un pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, de crecer en un ambiente seguro.
Todas las personas bienvenidas a clase
Si leemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos podemos ver la distancia que hay entre lo establecido jurídicamente y la realidad de nuestra ciudad. No podemos negar el contraste que existe entre el papel y la realidad del sistema educativo nacional; sin embargo, podemos tomarlo como referente e impulso para lograr el ideal de tener una educación al alcance de todas las personas, sin importar ninguna condición física, cultural o económica.
Sabemos que es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones para que se puedan ejercer todos los derechos, sin embargo, este ha sido rebasado, por ello consideramos que, como universidad pública y universitarios organizados, podemos proponer y participar en acciones que contribuyan al ejercicio de algunos derechos, como el de la educación, porque, además, es una problemática presente en nuestro municipio, en nuestra colonia.
De esta manera, bajo la necesidad de atender a las infancias que no están escolarizadas en el municipio de Puebla, surgen las Escuelas Comunitarias. Concebimos la alfabetización, las clases en las colonias con niñas, niños y adolescentes, como compromiso social ante la desigualdad educativa que permanece en nuestro contexto, nunca como un acto de caridad. La escuela comunitaria tiene como objetivo fortalecer las habilidades y capacidades de niñas, niños y adolescentes excluidos del sistema escolar a través de un modelo socioeducativo en el que las infancias y sus familias son el centro. Todas, todos, niñas y niños son bienvenidos, no importa si no tienen acta de nacimiento, o si solo pueden asistir los días que no les toque trabajar, tampoco si no hacen tareas o si no llevan zapatos, todos los días hay una educadora que pacientemente les espera con una hoja y un lápiz para escribir, algún refrigerio y con varios juegos porque ahí, en ese espacio, sí se puede ser niño y jugar con libertad.
Sumado a la Escuela Comunitaria, a través del programa de Centros Comunitarios Kali, también se ofrecen clases de apoyo para las infancias que sí asisten a la escuela oficial pero que tienen dificultades para aprobar o seguir el ritmo de su escuela. En estas clases además de brindar acompañamiento y asesoría académica, se promueve la permanencia en la escuela, porque ahora ya no están solas niñas y niños frente a una tarea incomprensible de matemáticas o de español, ahora hay, además de sus tutores, un estudiante universitario voluntario que le ayuda a resolverla, y juntos aprenden en un ambiente seguro en el que está bien no saber o equivocarse porque ese es un paso para aprender.
La educación es un derecho humano fundamental que debe tener un espacio importante en las agendas gubernamentales, no solo con compromisos vacíos, sino como una obligación como lo estipulan los marcos normativos internacionales, generando así estrategias y políticas para garantizar el acceso y la permanencia en la escuela, siendo esta un espacio libre de discriminación y exclusión. Lo anterior exige que los entornos de aprendizaje sean accesibles a todas y todos los educandos, respetando necesidades, capacidades y características. El Estado es quien se debe comprometer a proporcionar los elementos necesarios, tales como profesionales para la enseñanza, libros de texto, espacios dignos para llevar a cabo la práctica educativa, entre otros.
Desde el CUPS estamos completamente convencidos de que la práctica educativa es algo serio, que requiere preparación y planeación, tratamos con niñas, niños y adolescentes, no con estadísticas. Reconocemos también la complejidad, las necesidades y las dificultades que implica trabajar con las infancias y sus familias, es por ello que seguiremos generando alternativas que contribuyan al cumplimiento del derecho a la educación, facilitando espacios educativos seguros, siempre bajo el principio del interés superior de la niñez.
Referencias:
INEGI (2020), “Censo de población y vivienda 2020”. México
Latapí, P. (1996), “El costo de lo gratuito”, en Tiempo educativo mexicano IV. Aguascalientes, UAA, pp. 53-56
REDIM (2020), “Balance Anual REDIM 2020: el año de la sindemia y el abandono de la niñez en México”. México
Ruiz, M. (2015), “Derecho a la educación: política y defensa de la escuela pública”. México, IBERO, pp. 23-67
