El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a mejorar el bienestar material y del alma de los mexicanos a través de programas sociales integrales, impartiendo justicia y protegiéndolos de acciones delictivas que vulneran su integridad física, psicológica, patrimonial; sus libertades y sus derechos humanos (Compromisos 84,85,86 y 97). Creó la Guardia Nacional, realiza acciones diarias con su Gabinete de Seguridad, inaugura Centros regionales de coordinación de seguridad pública y combate la corrupción y la impunidad, actividades que se han traducido en un abatimiento de la actividad delictiva en su conjunto: en los dos primeros años de la gestión de AMLO hubo 6.5 millones de víctimas menos y 8.7 millones de delitos menos que los registrados en los dos últimos años de la gestión de Enrique Peña Nieto (EPN).
La tasa utilizada para registrar la actividad delictiva generalmente nos remite al número de delitos o de víctimas con relación al número de ciudadanos. La tasa de prevalencia (víctimas/ciudadanos) en 2020 fue de 23 mil 520 y en 2018 fue de 28 mil 269; la tasa de incidencia (delitos/ciudadanos) en 2020 fue de 30 mil 601, cuando en 2018 fueron de 37 mil 807, por cada 100 mil ciudadanos (Inegi. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2018-2021). Coloquialmente podemos decir que por cada 100 ciudadanos, en el año 2020 hubo 24 víctimas cuando en 2018 fueron 28; por cada 100 ciudadanos, en el año 2020 hubo 30 delitos cuando en 2018 se registraron 38. En general hay abatimiento de la actividad delictiva, aunque algunas suban (homicidios, feminicidios, narcomenudeo, extorsión) y otros bajen (robos de vehículos, de autopartes, robos en casa habitación y robo en negocio).
Hay delitos que atentan contra la vida y la integridad personal (homicidios, feminicidios, lesiones), otras atentan contra la libertad personal (secuestro, tráfico de menores), otras son contra la libertad y seguridad sexual (acoso, violación), otras atentan contra el patrimonio (robos, fraude, extorsión), otros son contra la familia (violencia, incumplimiento de obligaciones de asistencia social), otros son contra la sociedad (corrupción de menores, trata de personas) o afectan a bienes jurídicos (narcomenudeo, delitos electorales). Tres delitos concentraron 60 por ciento del total de la actividad delictiva en 2020: el robo o asalto en la calle o transporte público, la extorsión y el robo de autopartes; el registro de esta terna en 2020 fue 3.6 millones menor que la registrada en 2018. Sin embargo, la actividad delictiva de mayor cobertura mediática son los homicidios dolosos.
Los delitos considerados homicidios dolosos en 2021 fueron 2 por ciento menores a los registrados en 2018, situación inversa a la observada entre 2018 y 2015, años en que el crecimiento fue de 80 por ciento. Siendo menor la tasa de crecimiento de los delitos por homicidio doloso en los tres años de AMLO que en la segunda mitad de la gestión de EPN, cada día de la segunda mitad de la gestión de EPN hubo 62 delitos por homicidio doloso y 73 en la primera mitad de AMLO (Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública. 2015-2021). Un expediente abierto puede tener más de una víctima, el número de víctimas puede ser mayor al de los delitos. El número de homicidios intencionados entre 2015 y 2018 aumentó 88.6 por ciento, y entre 2018 y 2021 decreció 1 por ciento; sin embargo, cada día de la segunda mitad de la gestión de EPN hubo 78 muertes dolosas y 94 en la primera mitad de la gestión de AMLO. El número de muertes dolosas no creció en 2020 y 2021, se contuvo la tendencia alcista, pero el promedio de muertes de este tipo es mayor en el gobierno de la 4T (Conferencia matutina de AMLO, 6/01/22).
El banco mundial nos ubica entre los 30 países de mayor tasa de homicidios intencionales, no competimos con El Salvador, Honduras o Jamaica, pero nos acercamos a Brasil o Colombia, con 27 homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes. La ocurrencia de homicidios intencionales en nuestro caso no está asociada a guerras civiles o luchas de liberación, sino a la disputa de territorio por el crimen organizado para la producción y trasiego de drogas, tráfico humano, tráfico de órganos, trata de personas, secuestro, fraude y extorsiones y huachicol.
Si comparamos los delitos acumulados en la primera mitad de la gestión de AMLO con los acumulados en la segunda mitad de la gestión de EPN, los que aumentaron fueron los de narcomenudeo (72 por ciento), violación (29 por ciento), violencia familiar (35 por ciento) y feminicidios (28 por ciento); los que bajaron fueron robo a casa (22 por ciento), secuestro (20 por ciento) y robo total de vehículo (20 por ciento). (Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública.2016-2021).
Solo siete de cada 100 delitos son denunciados y cuando así sucede, no siempre se inicia una averiguación. La cifra negra de delitos varía según el tipo de delito, en el caso de homicidio generalmente suelen denunciarse en su mayoría; en el caso de robo de automóviles, solo cuatro de cada 10 y, en las extorsiones, solo tres de cada 100.
La actividad delictiva ocasiona que muchos hogares realicen medidas de protección para mejorar su seguridad, se estima que 35.7 millones de ciudadanos gastaron 92 mil 379 millones de pesos (mp) en 2020 con esa finalidad. En ese año, 21.2 millones de ciudadanos fueron víctimas de algún delito que les ocasionó pérdidas por 176 mil 638 mp y gastos en salud por 6 mil 587 mp. Sumadas esas erogaciones, la actividad delictiva generó pérdidas totales por 277 mil 605 mp, esto es, 1.2 por ciento del PIB. A las críticas condiciones de contracción del empleo y del ingreso salarial ocasionado por la doble crisis de 2020, 38.8 millones de ciudadanos tuvieron pérdidas monetarias derivadas de la actividad delictiva, que en promedio fue de 7 mil 155 pesos por delito, equivalente a dos meses de salario mínimo.
El abatimiento de la inseguridad durante el gobierno de la 4T se refleja en las percepciones y valoraciones sobre seguridad publica editadas por el Inegi en los años 2019-2021 (Envipe). La inseguridad pública sigue siendo el principal problema para 59 por ciento de los ciudadanos, esto significa seis puntos menos que el registro de 2018; la falta de castigo a los delincuentes fue un problema para 18 por ciento de los ciudadanos, tres puntos menos que en 2018. Los ciudadanos que en 2021 consideran que las localidades donde viven son inseguras fueron 42 por ciento (ocho puntos menos que en 2018), los que dicen lo mismo para su municipio fueron 65.5 por ciento (5 puntos menos) y los que lo afirman para su entidad de residencia fueron 75.6 por ciento (cuatro puntos menos). Respecto a la tendencia de la seguridad pública en la localidad de residencia, 52 por ciento de los ciudadanos dijo en 2021 que será igual de bien o mejor (14 puntos más que en 2018).
Los ciudadanos que dicen sentirse seguros cuando acuden a los bancos, mercados públicos, cuando caminan por las calles o viajan en la carretera han aumentado entre cuatro y seis puntos de 2018 a 2021, en esos mismos porcentajes han aumentado la aceptación de los padres para que sus hijos menores de edad salgan con amigos o usen joyas. La valoración de las instituciones encargadas de la seguridad pública (Ejército, Marina y Guardia Nacional) es muy alta: al menos siete de cada 10 ciudadanos les tiene confianza, creen que son honestas y muy eficientes en su desempeño; opinan lo contrario de las policías municipal, estatal y de tránsito; jueces y Fiscalía General de la República.
Hay numerosas acciones públicas comprometidas para garantizar una mayor seguridad pública y al menos la esperanza de que no habrá impunidad para castigar a los delincuentes. Una sociedad recluida en sus hogares por el cierre de escuelas y centros de trabajo y amenazada por contagiarse por un virus para el que no había vacunas liberadas durante el primer año de su propagación y los centros públicos de atención para la pandemia pudieran ser rebasados, canceló su movilidad y propició que los robos y asaltos en vía pública y los robos en casa habitación disminuyeran, al mismo tiempo, se formalizó la creación de la Guardia Nacional y se coordinaron los operativos de seguridad, lo cual también ayudó a disminuir la inseguridad. El gasto social y las remesas han mejorado el bienestar material de familias de los deciles de menores ingresos, lo cual también ayuda para revertir las condiciones de pobreza extrema que pueden propiciar actos desesperados de sobrevivencia, ilegales e ilícitos.
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