A principios de enero del año en curso, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que está preparando una reforma para establecer una pensión digna para el retiro laboral; explícitamente mencionó la reforma laboral de Ernesto Zedillo de 1997 que consolidó las cuentas individuales de contribución definida, al respecto dijo: la pensión por vejez que se recibe después de haber laborado 30 años es, si le va bien al trabajador, la mitad de su último salario. La propuesta de AMLO es que la pensión digna sea al menos equivalente al último salario percibido; no precisó el monto de la jubilación digna, tampoco si solo aplica a quienes se retiren a partir de su aprobación o también cubre a los ya jubilados que tienen pensiones simbólicas. Colateralmente, otra iniciativa en curso es sobre los salarios mínimos generales, los que aumentarán, por lo menos, lo mismo que la inflación; esa propuesta ya está en una ley secundaria, lo que ahora se pretende es incorporarla a la Carta Magna.
Ocho de cada nueve personas ocupadas hoy debutaron laboralmente en el año 2000 o después; cuando se jubilen lo harán con la Ley de 1997, la del ahorro individual, la que sólo les da la mitad de su último salario. Garantizarles a los jubilados una pensión equivalente a su último salario tendrá un impacto significativo el próximo sexenio, cuando los que ingresaron con dicha ley tengan 30 años o más de antigüedad laboral y 60 o más años. Si el monto de la pensión digna equivale al ingreso necesario para que una familia satisfaga sus necesidades básicas de nutrición, salud y vivienda (línea de pobreza por ingreso), que hoy es de 8 mil 348.28 pesos mensuales para una familia rural de cuatro integrantes y de 12 mil 810.56 pesos para una familia urbana, se requerirán varios puntos del PIB para satisfacerla. Si el objetivo es que la pensión por jubilación sea como lo es hoy la del IMSS con base a la ley de 1973, de que no puede ser menor al salario mínimo general en el momento del retiro, es plausible lograrlo, aunque la jubilación pueda no ser tan digna si se ubica por debajo de la línea de pobreza por ingreso (pero sería mucho mejor que la pensión con la ley de 1997), que sería el caso de 3.5 millones de personas que en diciembre de 2023 tenían 60 años o más y que no percibían ingresos o ganaban hasta un salario mínimo general.
Las personas ocupadas a diciembre del año pasado eran 59.1 millones, de las cuales 53.3 por ciento no tienen cuenta individual de ahorro para el retiro, ellos no recibirán ninguna pensión cuando se jubilen; los que tienen 65 años o más reciben la ayuda para adultos mayores de 3 mil pesos mensuales, esto equivale a 0.4 salarios mínimos generales, pero esa no es una prestación laboral, tampoco es transferible a los dependientes económicos del trabajador. Para este tipo de trabajador es necesario que las jubilaciones sean parte de sus prestaciones contributivas y que se formalice su empleo y tengan todas las prestaciones que la ley laboral mandata, entre otras, derecho a una pensión por vejez, cesantía en edad avanzada y eso amerita una reforma laboral. Si se formaliza el trabajo, con las tasas actuales de ahorro se duplicarían los fondos, que en estos momentos equivalen a 16 punos del PIB y si el Estado los administra, tendría los recursos para garantizar las pensiones dignas, aumentar la inversión pública y fondear el gasto público, ello amerita otras reformas monetarias, fiscales y financieras, razones necesarias para que haya una mayoría parlamentaria comprometida con la agenda de profundizar la reforma estructural de la 4T.
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