El presidente de los Estados Unidos (EE. UU.) no tiene atribuciones para imponer aranceles; las facultades autoasignadas por Donald Trump al respecto carecen de validez jurídica, expresó el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. por lo que quedan sin efecto la aplicación del arancel del 25 por ciento a las importaciones procedentes de México y Canadá dictadas en marzo de este año, así como el arancel de emergencia dictado el 2 de abril a las importaciones de 60 países. La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional otorga poderes al presidente para regular el comercio internacional en el caso de una amenaza inusual y extraordinaria.
Con el amago de los aranceles, Donald Trump pretende disminuir el déficit comercial de EE. UU. al encarecer las importaciones y con ello pretende disminuir el volumen importado, pero también presiona a los gobiernos para que apliquen medidas draconianas a los productores y distribuidores de fentanilo y detengan los flujos migratorios hacia EE. UU., en ninguno de estos casos hay una situación inusual y extraordinaria a juicio del Tribunal mencionado, por lo que el gobierno no puede aplicar dichos aranceles.
Donald Trump ha sido explícito en su preferencia por inmigrantes arios; acepta que inmigrantes no blancos trabajen en EE. UU., pero que no residan en él; es decir, les otorga visas de trabajo con residencia temporal, pero les gravará con 3.5 por ciento el envío de remesas. Su maravilloso y único Plan Fiscal, como lo ha denominado, aumenta el gasto bélico y el de control de fronteras pero disminuye el gasto social en alimentos y salud: dispondrá de 45 mil millones de dólares (mmd) para la construcción del muro, de otro tanto para detener a inmigrantes, de 15 mmd para deportarlos, otros 15 mmm para aumentar el número de agentes fronterizos y 2 millones de niños nacidos en EE.UU. no tendrán acceso a programas sociales si alguno de sus padres o ambos tienen una situación migratoria no documentada. De aprobarse su iniciativa de negar la ciudadanía a los nacidos en EE. UU. si uno de sus padres o ambos son inmigrantes sin documentos, en 2030 habría 14.5 millones de indocumentados en lugar de los 13.5 millones estimados con la política actual.
Los Poderes de la Unión tienen competencias incompartidas y Donald Trump no puede atribuirse las que son responsabilidad de otro. Hay tratados internacionales que regulan el comercio entre países y EE. UU. no puede desconocerlas al margen de los protocolos establecidos y los derechos humanos deben respetarse, independientemente de la condición migratoria, etnia, sexo o religión.
