La contaminación de la tierra y el acaparamiento de agua para uso agrícola ha gestado un movimiento social y campesino en la Cuenca Libres-Oriental, que ha escalado comunidades de los estados de Puebla y Veracruz, poniendo en el centro del debate la operación de Granjas Carroll de México S de RL de CV, la planta porcícola que se presume como la más grande de América Latina.
Ejidatarios y activistas han documentado que la transnacional, propiedad de la estadunidense Smithfield y Agroindustrias Unidas de México, ha desatado un “infierno ambiental” a través de la contaminación del agua y de la tierra, así como la criminalización de la protesta social.
El conflicto, con décadas de tensión subyacente, ha alcanzado niveles críticos, marcado por la persecución judicial contra líderes comunitarios y, más trágicamente, por el asesinato de los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez, durante un desalojo de manifestantes en el pueblo de Totalco, en la vecina Veracruz.
La principal exigencia del Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres-Oriental es clara: la expulsión inmediata de Granjas Carroll de la región.
El argumento central se basa en que la producción industrializada de cerdos requiere de millones de litros de agua diarios, agotando los mantos freáticos y acaparando los recursos hídricos en una región ya golpeada por la escasez del líquido.
La empresa concentra un porcentaje significativo de las concesiones de agua en la región, una práctica que las organizaciones acusan como un “acuifundio” propiciado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Mientras las granjas porcícolas sostienen su producción, los campesinos de la zona, encabezados por Renato Romero, reportan que sus pozos se secan y deben racionar el riego de sus cultivos, un contraste que condena el campo poblano a una profunda crisis socioambiental.
Conagua otorgó cinco concesiones
en 4 años a Granjas Carroll
En cuatro años, la transnacional Granjas Carroll duplicó su consumo de agua subterránea en Puebla, de acuerdo con los últimos cinco títulos de concesión otorgados por la Dirección de la Conagua local, dos de ellos liberados bajo la administración de Beatriz Torres Trucios.
Hasta 2017, el Registro Público de Derechos del Agua (Repda) de la Conagua reportó que la planta porcícola contaba con nueve concesiones en territorio poblano, que le permitían explotar un millón 199 mil 937 metros cúbicos de agua, cifra que aumentó —entre 2020 y 2024— en 982 mil 552 millones metros cúbicos más.
En la actualidad, la empresa tiene 14 títulos de concesión para explotar por 30 años más de 2 millones 182 mil 489 metros cúbicos de agua en Puebla.
El Registro Público de Derechos del Agua reveló que, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se otorgaron cinco concesiones más a Granjas Carroll, que se autodenomina una empresa socialmente responsable.
El “hedor cotidiano” y la contaminación sin control
A la sobreexplotación del agua se suma la preocupación por la contaminación ambiental, un factor que impacta directamente en la calidad de vida y la salud de las comunidades.
Los defensores del agua señalan que el monitoreo gubernamental de gases contaminantes como el dióxido de carbono (CO2) en las plantas es insuficiente porque no regula la contaminación generada por la descomposición de las excretas de los cerdos.
Hace un mes, La Jornada de Oriente documentó la operación de pestilentes tiraderos clandestinos de desechos porcinos (tripas y estiércol) en la comunidad de San José Morelos, en el municipio de Libres.
El “hedor a putrefacción” que se percibe a un kilómetro de distancia ha sido denunciado ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), contradiciendo las declaraciones de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT) de Puebla, que sostuvo la empresa no contaminaba en la entidad.
Investigaciones a cargo de la académica Gabriela García Pérez, jefa del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) revelan que la alimentación de los cerdos con antibióticos genera preocupación por la resistencia antimicrobiana que podría afectar a los consumidores, sumándose a los problemas de salud derivados de las emisiones de amoniaco y metano.
Criminalización y Persecución
Ante las protestas y plantones del movimiento ciudadano, Granjas Carroll ha recurrido a la judicialización de la protesta social, una fórmula que ha utilizado en el pasado para disuadir a los opositores.
La transnacional interpuso denuncias penales y citatorios ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla contra al menos ocho campesinos, incluyendo a su dirigente Renato Romero.
Las denuncias buscan un “acuerdo reparatorio”, a través de una sesión de mediación, bajo la amenaza de un proceso jurisdiccional que derivó en el encarcelamiento y después liberación de Romero.
El conflicto escaló trágicamente en junio de 2024. Agentes de la extinta Fuerza Civil de Veracruz asesinaron a los hermanos Jorge y Alberto Cortina Vázquez durante un violento desalojo de un cierre vial que se realizaba frente a las instalaciones de Granjas Carroll en Totalco, Perote.
Este crimen ha marcado un punto de inflexión, con el Movimiento en Defensa del Agua, exigiendo justicia y el fin de la impunidad.
El papel ambiguo de las autoridades
El gobierno del estado de Puebla ha mantenido una posición ambigua y controversial, según las organizaciones sociales. Las multas impuestas por la Profepa por daños al medio ambiente han contradicho las declaraciones de la Secretaría de Medio Ambiental estatal, que negaba la contaminación en la región.
A pesar de las denuncias documentadas de contaminación, la Secretaría de Medio Ambiente autorizó en octubre pasado tres nuevos proyectos de impacto ambiental a Granjas Carroll, una decisión que, para el movimiento, confirma que el Estado está privilegiando el negocio agroindustrial por encima de los derechos colectivos al agua y a un ambiente sano.
Ante la presión, el gobierno poblano ha llamado al diálogo y prometió aplicar todo el “peso de la ley” contra quienes contaminen. Sin embargo, los líderes campesinos exigen una “solución política” y no judicial, con la intervención de la Federación para atender seriamente sus demandas sin amenazas ni simulaciones.
El Movimiento de la Cuenca Libres-Oriental, respaldado por organizaciones de Puebla, Veracruz y Tlaxcala, ha prometido no cejar en sus protestas, manteniendo la exigencia que “se vayan de nuestras tierras” y detengan el modelo extractivista que, aseguran, agota los recursos y condena a la región a una crisis socioambiental profunda.
