Esta cuenca es una de las 30 Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (RESA) identificadas por el Conahcyt en el Primer Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac. En las últimas cuatro décadas en las que prevaleció el neoliberalismo, la región presenció un desarrollo económico y de procesos mercantiles globales que privilegió la rentabilidad de empresas transnacionales, promoviendo “externalidades” sanitarias, sociales y ambientales de consecuencias graves para las comunidades locales. De acuerdo con la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), como consecuencia de la actividad industrial en el municipio de Puebla en el periodo 2010-2023 se han arrojado al ambiente 63.7 tonaladas anuales de agentes tóxicos en promedio, de las cuales 16.1 toneladas se vierten al Río Atoyac y sus afluentes. Estas descargas se suman a las que realizan las empresas instaladas en municipios dentro de la Cuenca del Alto Atoyac aguas arriba.
Lo anterior ha provocado que existan altas tasas de mortalidad e incidencia de enfermedades como leucemia aguda, principalmente entre la población infantil; enfermedad renal crónica y neoplasias (cáncer) con alta prevalencia en la población juvenil. Los patrones de comportamiento de estas enfermedades se explican de manera detallada en el trabajo coordinado por Castresana y reportados en 2023, donde, por ejemplo, se registra un incremento de 9 por ciento en la tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en la última década. Estos padecimientos son causados por la falta de regulación y vigilancia de procesos contaminantes de las industrias asentadas en la región que generan la exposición a agentes altamente tóxicos como metales pesados, arsénico, compuestos orgánico-sintéticos y varios plaguicidas.
El Primer Informe Estratégico Cuenca del Alto Atoyac: Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental, aborda la relación entre la presencia de agentes tóxicos arrojados al ambiente sin tratamiento por parte de las emrpesas ni vigilancia de las autoridades; sin embargo, consideramos imporante ampliar el diagnóstico en términos de la identificación del origen organizacional del problema.
En general, la regulación ambiental en México ha mostrado una tendencia a la flexibilización, en la lógica de incrementar la “competitividad” a través de la reducción de los costos de operación de las empresas, externalizando los costos ambientales. Por lo que, además de soluciones técnicas, deben plantearse reformas constitucionales y establecer políticas públicas que garanticen el derecho al agua, al ambiente sano y a la salud, haciendo que el Estado cumpla con su función de garante de los derechos de las personas.
En el caso específico de la gestión del agua, el municipio de Puebla se convirtió en el paradigma extremo de la renuncia del Estado a su papel, a través de la privatización del servicio de agua potable y saneamiento. Luego de casi 40 años de mantenimiento de la lógica mercantil en el manejo del territorio y los bienes naturales, las consecuencias de la desregulación se hacen presentes en la salud de los habitantes de la Cuenca del Alto Atoyac.
De acuerdo con el proyecto: “Análisis espacio-temporal y sociodemográfico de enfermedades crónicas no-transmisibles (ECNT) en la Cuenca del Alto Atoyac”, a través de modelos no paramétricos, se han identificado tendencias crecientes en la probabilidad de padecer enfermedades como leucemia, malformación congénita y enfermedad renal crónica, entre otras ECNT.
En este escenario, diversas organizaciones sociales, colectivos ambientalistas y defensores de derechos humanos han levantado la voz en defensa del derecho humano al agua, exigiendo el cumplimiento de lo establecido en los artículos 4° y 115° constitucionales. Tras una serie de señalamientos por el incumplimiento de lo establecido por el título de concesión por parte de la empresa conocida como Agua de Puebla, se le han otorgado al menos tres convenios para flexibilizar las condiciones de operación del sistema de agua potable y saneamiento. Las implicaciones de esta renegociación crónica y sistemática de las condiciones de cumplimiento han sido el traslado de los costos ambientales y de salud a la población. Por ejemplo: el costo de tratamiento de 36 meses para un niño de 30 kg que padece leucemia, ronda el millón de pesos; en el caso de los afectados por enfermedad renal crónica, enfrentan un costo mensual que ronda los 30 mil pesos, a lo que se debe agregar el costo de los cuidados por parte de la familia que deja de trabajar para poder atender a sus pacientes.
En esta lógica, la desarticulación de las instituciones del estado ha favorecido la falta de vigilancia y la externalización de costos. En el largo plazo esto ha implicado la carencia de elementos para diagnosticar de manera eficaz la relación entre la presencia de agentes tóxicos y la prevalencia de enfermedades, por si fuera poco, las empresas aprovechan esta falta de vigilancia para evadir sus responsabilidades no solo en términos del cumplimiento de las normativas para el tratamiento y disposición de residuos, sino también en lo referente al reporte de sus desechos, lo cual propicia deficiencias en la trazabilidad de los daños, el seguimiento para la remediación y la aplicación de la ley para sancionar a los responsables.
En este contexto, el gobierno federal ha anunciado una serie de acciones para el saneamiento del Atoyac inscritas en el Plan Nacional Hídrico. El plan contempla iniciar en la parte alta de la cuenca e ir avanzando aguas abajo, a través de la construcción de infraestructura para el saneamiento. Esto implica la construcción y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales, además de humedales y biodigestores en los municipios de Santa Rita Tlahuapan, San Salvador el Verde y San Felipe Teotlalcingo. En una siguiente etapa continuar con la construcción y rehabilitación de plantas en San Martín Texmelucan y Huejotzingo. Sin duda, cualquier acción encaminada al saneamiento del Atoyac es plausible; sin embargo, si tomamos en cuenta que 70 por ciento del agua contaminada es arrojada al río a partir de los municipios de Cuautlancingo y Puebla, el diseño del plan implica que, suponiendo que las plantas aguas arriba operen de manera adecuada, al llegar al tramo que comprende el área con mayor presencia industrial toda el agua tratada previamente, se contamine nuevamente, incluso con agentes tóxicos. El mismo plan no ha revelado acción alguna encaminada a garantizar el cumplimiento del saneamiento por parte de Concesiones Integrales, conocida como Agua de Puebla, empresa que, de acuerdo con la última actualización del Registro Público de Derechos de Agua (Repda), arroja alrededor de 70 por ciento del agua contaminada al río. Por otra parte, no se ha dado a conocer un plan estructurado para la regularización y vigilancia de las descargas de tipo industrial en los municipios con mayores índices de toxicidad, como Texmelucan, Huejotzingo, Xoxtla, Cuautlancingo y Puebla.
Por esta razón consideramos que la operación del plan de saneamiento en los términos en que ha sido publicado, implica el uso ineficiente de los recursos, en la medida en que la inversión destinada al saneamiento aguas arriba será eventualmente contrarrestada por el vertimento de aguas contaminadas con agentes tóxicos de origen industrial en los municipios antes mencionados, por lo que se sugieren los puntos que a continuación se enlistan:
Gestión Integral del Agua
- Establecer como prioridad el tratamiento de las aguas residuales de tipo industrial en los tramos con mayor presencia de contaminantes tóxicos (Puebla, Cuautlancingo, Huejotzingo y Texmelucan), con las siguientes estrategias puntuales:
- Mapeo de las descargas de aguas residuales en cuerpos de agua federales, con participación comunitaria y de acceso público.
- Acceso público al padrón actualizado de descargas de aguas residuales en las redes municipales y su bitácora de cumplimiento.
- Vigilancia automatizada de descargas de aguas residuales en tiempo real y de acceso público.
- El saneamiento debe cumplir irrestrictamente con las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) aplicables en cada caso.
- Crear una comisión interinstitucional con participación comunitaria, donde instituciones de educación superior, instituciones de salud, COFEPRIS, DPRIS, Organismos Operadores, Ayuntamientos y miembros de la comunidad evaluen continua y periódicamente la calidad del agua mediante análisis de laboratorio cuyos resultados sean públicos y de amplia difusión, con carácter vinculante.
- Establecer estrategias de conservación y restauración de ríos, arroyos y manantiales, incluyendo zonas de amortiguamiento alrededor de los cuerpos de agua.
- Promover prácticas que favorezcan la recarga de acuíferos, como la reforestación y la instalación de sistemas de captación de agua de lluvia.
- Ordenar y controlar la expansión urbana para preservar el bosque y su biodiversidad.
Manejo integral, popular y sustentable del territorio
- Ordenar y controlar la expansión urbana e industrial en la región Izta-Popo, previniendo el crecimiento de la deforestación, generando zonas de recarga de acuíferos, así como designando zonas de aprovechamiento agrícola sustentable.
- Asegurarse de que todas las actividades dentro de la cuenca se adhieran a la legislación vigente, tanto local como federal, que regula el uso del suelo, la protección de bienes naturales y la gestión de agua.
- Establecer políticas públicas que promuevan la conservación y el uso sustentable del territorio, con criterios de responsabilidad socioambiental de las empresas altamente contaminantes.
- Las comunidades locales deben ser partícipes activos y vinculantes en el proceso de ordenamiento territorial.
- Fomento de la Economía Local Sustentable.
- Sensibilización y capacitación de los industriales locales en materia ambiental.
Este es solo el piso mínimo para la recuperación de la cuenca y el ejercicio de los derechos de sus habitantes.
