Rechazada la acepción neutra del ente que preside, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) enfatizó el género de la investidura y del ser: presidenta, “ya que lo no nombrado, no existe”. Hace 200 años, el 10 de octubre, Guadalupe Victoria fue el primero en ser ungido como tal, desde entonces han desempeñado el cargo más de ochenta ciudadanos: en los años críticos previos a la Constitución de 1857 (1829, 1844, 1846 y 1855) hubo más de un presidente en un año; en otros momentos, un mismo sujeto estuvo al frente por más de un periodo (Antonio López de Santa Anna, Benito Juárez, Porfirio Díaz y Venustiano Carranza), pero nunca una mujer lo había presidido.
CSP ganó la elección presidencial con 61.3 por ciento de la votación válida, fue la primera opción en 31 estados (de 32 posibles) y el partido que la postuló obtuvo 30 senadurías (de 32) electas de mayoría relativa y 256 diputaciones federales (de 300 posibles) elegidas por el principio de mayoría relativa: la legalidad y legitimidad de su investidura le permite ejecutar el programa ofrecido en campaña y enriquecido por 36 millones de ciudadanas y ciudadanos. CSP es académica y activista de larga data, fue cofundadora del partido-movimiento que hoy preside el gobierno; es garante de la declaración de principios, del programa de acción y de la plataforma electoral de ese organismo político. Se comprometió a consolidar y profundizar el programa de la llamada Cuarta Transformación, a gobernar de manera eficiente, proba y territorial; a no mentir ni traicionar y acatar el mandato popular que exige la aprobación de las reformas en curso, entre ellas, la judicial, la energética y la electoral.
El programa de cien puntos de CSP retoma varias propuestas de su antecesor, preserva algunas, amplía otras y agrega nuevas, entre estas últimas, es de subrayar la incorporación de mujeres de 60-64 años al programa de adultos mayores, las becas universales a los alumnos de escuelas públicas de nivel básico y el servicio médico domiciliado para los adultos mayores y personas discapacitadas.
En 2025 residirán en México 5.7 millones de mujeres cuya edad será de 60 a 64 años, de estas, un millón 68 mil (63 y 64 años) podrán incluirse en el padrón de Bienestar para acceder a un apoyo equivalente a la mitad del apoyo que se les otorgan a los adultos de 65 años o más; las restantes 1.79 millones de mujeres de 60 a 62 años se les otorgará el estímulo después. A valor presente, el nuevo apoyo a mujeres (60 a 64 años) representa la cuarta parte de lo que se eroga en los adultos de 65 años o más.
La universalización de las becas para estudiantes de escuelas públicas es otro de los nuevos programas que se ejecutarán. La matrícula escolar de las escuelas públicas en el ciclo escolar 2023-2024 fue de 29.2 millones, de estos, 11.2 millones de alumnos tuvieron una beca en 2024; CSP pretende aumentar 10.2 millones de becas para que al final de su gestión sean 21.4 millones. En el nivel básico, la matrícula en escuelas públicas fue de 21.1 millones; las becas otorgadas en 2024 fueron 6.6 millones y con CSP serán cerca 16 millones al final de su gestión. En el nivel medio superior, la matrícula en escuelas públicas fue de 4.6 millones, las becas de ese nivel fueron 4.1 millones y existe el compromiso de elevarlas. En el nivel superior, los alumnos matriculados en instituciones públicas bajo la modalidad de enseñanza escolarizada fueron 3.3 millones en el ciclo escolar 2023-2024 y 460 mil fueron becados este año; el compromiso de CSP es aumentar estas becas al doble.
Actualmente solo se otorga una beca educativa por familia, el año entrante, cuando haya más de un hijo matriculado, se otorgará un complemento de 350 pesos mensuales por hijo adicional. El monto anual de una beca en los niveles básico y medio superior será el año entrante de 9 mil 500 pesos y de 3 mil 500 pesos por hijo adicional matriculado en escuelas públicas, por lo que un aumento de 10 millones de becas al final del sexenio significaría una erogación anual que no excederá de 100 mil millones de pesos.
Las dificultades financieras no son tanto en el número de becas, sino en infraestructura, equipamiento, plantilla docente, nivel de remuneraciones de los académicos, financiamiento público y en cumplir el punto 30 de CSP, registrado ya en el artículo 3º Constitucional: gratuidad de la enseñanza pública de nivel superior. Con base en el último informe de gestión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, para el ciclo escolar 2023-2024, en el nivel básico, fueron 22 por ciento las escuelas públicas que no tuvieron acceso a agua potable, 75 por ciento carecían de instalaciones adaptadas para discapacitados, 84 por ciento no tuvo material didáctico para discapacitados, 50 por ciento no tenía equipo de cómputo y 58 por ciento no contaba con internet. En el nivel medio superior, 34 por ciento de las escuelas públicas no tenía agua potable, 60 por ciento no tenía instalaciones adaptadas para discapacitados, 30 por ciento no tenía equipo de cómputo y 46 por ciento no hubo internet. El gasto público federal en educación superior en 2023 fue de 0.57 del PIB cuando la meta era de 0.66 del PIB, y en 90 por ciento de todas las instituciones de enseñanza superior públicas no hay servicios de gratuidad (inscripción, reinscripción y cuotas). Los indicadores educativos del año pasado fueron mejores a los registrados en las anteriores gestiones presidenciales, aun así, hay mucho que mejorar, no solo en infraestructura y servicios, salarios y becas, cobertura y eficiencia terminal, sino en la calidad de la educación.
El acceso a las instituciones de salud se ha desvinculado de la relación laboral y 60 por ciento de las personas que actualmente están ocupadas carecen de esa prestación. Entre las personas de 65 años o más, el porcentaje de los que no tienen acceso a centros de salud es mayor, ya sea por no haberlo tenido en sus años de actividad laboral o porque sus descendientes directos tampoco lo tienen. El programa de salud casa por casa agregado a la lista de programas de Bienestar iniciará en 2025, incluye 12 millones de hogares donde residen 13.6 millones de adultos mayores o personas discapacitadas, se propone dar servicio de atención médica y asistencia social para mejorar su calidad de vida. Además, todos los afiliados al Sistema de Salud Público tendrán derecho a recibir, de manera gratuita, vacunas, atención médica, servicios de laboratorios, cirugías y medicamentos.
Aspectos significativos del programa de cien puntos de CSP son la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana y que el salario mínimo general, actualmente equivalente a 1.6 canastas básicas de alimentos sea de 2.5 canastas básicas en 2030, esto significaría que, en promedio, cada año los incrementos nominales al salario mínimo general sean del 11 por ciento. Hay el compromiso de construir 500 mil viviendas para trabajadores; modificar la Ley nacional de aguas; descontaminar los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula; disminuir la incidencia delictiva de alto impacto (homicidios y extorsión) y plasmar en la Constitución los derechos sustantivos de la mujer.
En el programa de 100 puntos no hay referencia explícita a tasas de crecimiento económico, tampoco a niveles de inversión pública (absolutos ni con referencia al PIB) o a crecimiento específicos del empleo, ya lo detallará en el Plan Nacional de Desarrollo que envíe al Legislativo. El año entrante habrá una disminución del gasto público para reducir el déficit presupuestal, precisamente en un año en que el PIB probablemente crezca alrededor de un punto porcentual. Promisoria es la gestión de CSP con referencia a democracia, justicia, bienestar, educación, salud, libertad, medio ambiente y redistribución del ingreso, no lo es tanto en ampliación de la capacidad de producción de alimentos e insumos industriales y de empleo.
