Si bien es cierto que con la inclusión del Programa Especial de Migración 2014-2018 (PEM 2014-2018) en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014 (PND 2013-2014) se inaugura el uso de un instrumento programático por parte del gobierno mexicano, que reconoce las carencias que ha tenido para acompañar la realidad y las necesidades de la situación que actualmente vive México como país expulsor, de tránsito y de destino para la migración transnacional, esta programación no otorga claridad a la hora de resolver los problemas de fondo a los que diariamente se enfrentan quienes salen, llegan o pasan por el país. Sin embargo, la problemática que se debería considerar con carácter de urgente por ser la más grave de todas es la de garantizar que las personas inmersas en el complejo proceso de migrar salgan y, sobre todo, transiten por el país sin poner en riesgo sus vidas y sin ser presas de una violencia que se va elevando en relación directa con la manera en que ésta se normaliza para quien no la vive directamente pero que sabe que existe y logra verla desde fuera.
Me refiero a la violencia que se despliega tanto en los confines del norte como del sur del país, a la violencia que experimentan quienes encarnan el “vía crucis” que significa transitar por un territorio que se ha convertido para muchos centroamericanos en una larga y tortuosa frontera vertical. A lo largo de esta frontera no reconocida como tal, los controles migratorios legítimos del Estado mexicano centrados en garantizar la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior, en la admisión, ingreso, permanencia, seguridad personal, tránsito, deportación y retorno asistido de extranjeros en su territorio (PEM 2014-2018) no han logrado cumplir su compromiso por salvaguardar las garantías que representan ese piso mínimo de derechos que, al menos se ha consensado en el discurso, debe poseer todo ser humano en el mundo.
Para comprender parte de las formas que encarna esa violencia fronteras mexicanas, la del norte y la del sur, es necesario observar la manera en que ambas son administradas, para el caso de la movilidad de personas, por parte de la legislación y la política migratoria que generan los Estados que las tienen “a su cargo” y que nos llevará a observar que en realidad no son tan distintas una de la otra.
En el caso de la frontera del norte, el carácter que adquiere actualmente está asociado con la manera en que el Estado nortemericano ha construido el actual régimen legal migratorio centrado en las medidas posteriores al 09/11 de 2001 y que tuvo como consecuencia la fusión del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y el Servicio de Aduanas (CS) en el Departamento de Seguridad Interna (DHS). Esta fusión significó la reestructuración gubernamental en materia de seguridad más grande desde la Segunda Guerra Mundial en ese país y, como parte de ella, surgirían nuevas leyes, agencias y programas con la finalidad de controlar y administrar los flujos migratorios pero también de reorganizar el panorama para quienes, incluso décadas atrás, habían permanecido de manera irregular en los EE.UU.
Desde entonces la percepción sobre la seguridad nacional puede entenderse como parte de las modificaciones en las escalas de valores que han influido en la política migratoria y en la percepción que las sociedades receptoras poseen sobre la migración. En este caso, la promoción y legitimación de la legislación migratoria se encuentran auspiciadas por un aparato ideológico que parece alcanzar el consenso social en torno a la idea del control de las fronteras como garante de la seguridad nacional y del respeto a los Derechos Humanos.
En los EE.UU. se han puesto en marcha medidas con un fuerte impacto tanto para quienes han intentado cruzar la frontera en años recientes como para quienes lo hicieron hace décadas estableciéndose y afianzándose como parte de la comunidad de mexicanos y latinos en ese territorio. Entre estas medidas se encuentra la operativización de programas derivados de la sección 287(g) de la Immigration and Nationality Act (INA), agregada en 1996 mediante la Illegal Reform and Immigration Responsability Act (IRIRA). La consecuencia principal de los programas que derivan de la sección 287(g) de la INA es que permiten la colaboración entre agencias migratorias federales y los cuerpos locales de la policía para verificar el estatus migratorio de las personas y la detención de quienes no cumplan con el estatus adecuado. En ese marco, la creación del U.S. Inmigration and Customes Enforcement (ICE) ha sido fundamental para echar a andar dos de los programas de persecución hacia la migración indocumentada en el territorio norteamericano, haciendo que la vigilancia y el control migratorio dejen de ser un asunto fronterizo para extenderse a todo el país.
Para la frontera sur, el gobierno mexicano se ha sumado a esa tendencia de control y endurecimiento fronterizo. En el PND 2013-2018 se ha expresado abiertamente el compromiso con el libre comercio, la movilidad de capitales, la integración productiva, la movilidad segura de las personas y la atracción de talento e inversión al país (PND 2013-2018); estas líneas son expresión de la continuidad que, dentro de la política migratoria mexicana, existe con respecto a la disposición global por controlar y gestionar la movilidad de personas, adjudicándose la decisión de lo que significa una movilidad “segura” mientras que, por otra parte, otorga una libertad de flujo a las mercancías y a los capitales.
Así, las medidas que se mencionan en el PEM 2014-2018 se han encaminado, desde una perspectiva completamente oficialista de lo que se consideran migraciones “seguras y ordenadas”, a fomentar una migración ordenada y regulada se han acompañado de una estrategia de contención y aseguramiento en el interior, con acciones específicas para atender a migrantes en situación de vulnerabilidad (menores no acompañados y mujeres, entre otros) (PEM 2014-2018). Esta situación se observa claramente en las cinco líneas de acción de dicho Programa que pasan por el discurso de la defensa de la seguridad nacional que se afianzó desde la iniciativa Mérida como estrategia de cooperación binacional en materia de seguridad regional entre México y EE.U, cuyo principal objetivo es el de conjuntar esfuerzos binacionales para combatir el crimen organizado tomando en cuenta el respeto a los Derechos Humanos.
Estas estrategias se encuentran claramente alineadas con las propuestas de gobernabilidad migratoria por parte de la Organización Internacional de Migración (OIM) y que articula a la perspectiva de Derechos Humanos con la de Seguridad y securitización potenciados a partir de la caída de las Torres Gemelas en Nueva York no sólo en los EE.UU. sino a nivel global.
Parte de esto se observa con la “Estrategia de Atención Integral a la Frontera Sur” que engloba el Programa Frontera Sur y la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur, ambos enfocados al control de la entrada de personas en una estrategia que coordina a las autoridades federales, estatales y municipales. La colaboración entre estos distintos niveles de gobierno obliga a que quienes huyen de la violencia de sus países se encuentren prácticas persecutorias en una suerte de institucionalización de la violencia hacia los migrantes que se expresa en operativos armados. Estos operativos dirigen un mensaje hacia la sociedad sobre “los peligros” de la migración irregular centroamericana que no es muy distinto al que envían las redadas de migrantes en la línea fronteriza que separa a México de los EE.UU. y en algunas de las ciudades de este último y que, en términos numéricos, ha tenido como principales afectados a los migrantes indocumentados de origen mexicano.
