Desde junio del año pasado no hay diálogo entre los docentes agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Ejecutivo federal. A fines del pasado mes de agosto Aurelio Nuño asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública y, hasta el momento no ha desplegado ninguna iniciativa para establecer una mesa de diálogo con los docentes inconformes por la aplicación de la Reforma Educativa, al contrario, los ha satanizado, invisibilizado y amagado con despedirlos. En por lo menos la mitad de las entidades del país hay manifiesta inconformidad por la reforma educativa que trastoca derechos laborales de los mentores y atenta contra la gratuidad de la enseñanza; en Oaxaca no se ha regularizado la docencia del nivel de enseñanza básica y hay protestas generalizadas de padres de familia en apoyo a los docentes de la CNTE, sección 22, como fue el caso de Asunción Nochixtlán, donde policías estatales y federales arremetieron contra los manifestantes oaxaqueños y mataron a nueve, hirieron a más de un centenar y detuvieron a 27 ciudadanos (ya liberados).
Después de la masacre de Nochixtlán, la Secretaría de Gobernación dialogó con la CNTE y la comisión de mediación propuesta por los mentores. Los profesores nombraron una comisión de 32 integrantes y exigieron como premisas para establecer un diálogo el cese de la represión, libertad de los presos políticos y la defensa de la gratuidad de la enseñanza. Intelectuales, académicos y dirigentes sociales se pronunciaron, antes de la masacre del 19 de junio, por una salida negociada; propusieron la suspensión temporal de las medidas derivadas de la reforma educativa y la regularización de las actividades docentes en aquellas secciones donde había paros. El cese a la represión contra el magisterio disidente, la libertad de los presos políticos y la anulación de las órdenes de aprehensión en contra de los mentores han sido exigencias reiteradas, tanto por la CNTE como por distintas organizaciones civiles, académicas, sociales y políticas, a las que Aurelio Nuño se ha negado a considerar. Hay problemas para aplicar la Reforma Educativa y hay una demanda central de los afectados: el derecho de audiencia, a presentar propuestas que eleven la calidad de la enseñanza y garanticen estabilidad y movilidad laboral; es necesario abrir una mesa de diálogo, donde necesariamente se consideren, además de los contenidos educativos y de las formas de enseñanza, derechos laborales, bilateralidad en la contratación y democracia sindical.
Las entidades donde mayor resistencia ha generado la reforma educativa son aquellas donde la indigencia, la exclusión y la pobreza son más lacerantes: localidades rurales, de fuerte presencia étnica y alta marginación. Escuchar las propuestas que desde sus cosmovisiones e identidades tengan que decir los mentores enriquecerá la reforma educativa, además que la legitima. No es aceptable que a una petición de audiencia de los docentes de la CNTE se le responda con una balacera multicorporal, y a los ciudadanos de agrupaciones empresariales inconformes con el artículo 33 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos (presentación de declaración patrimonial, fiscal y de intereses) no solo se les otorgó audiencia presidencial, sino se les concedió la suspensión de la promulgación de la Ley del Sistema Anticorrupción. El diálogo es necesario para construir consensos, como también lo es la congruencia entre lo dicho y el hecho; no se puede pedir a contratistas del gobierno ciertas normas (declaración 3 de 3) que los funcionarios públicos se niegan a practicar.
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