Varios decenios fueron necesarios para ejercer el derecho a nombrar a nuestros representantes, ya sea gremiales, profesionales, comunitarios o a cargos de elección local o federal. Su logro no ha sido benevolencia, otredad o concesión, sino un esfuerzo colectivo y sistemático de varias generaciones que obcecada y estoicamente refrendaron la legitimidad de sus demandas y la legalidad de sus acciones; por ello fueron reprimidos, encarcelados, asesinados y masacrados. Ahora, al final del túnel, hay expectativas de cambio en el amplio sentido de la palabra: en la ética de la gestión pública, en las estrategias y políticas públicas, en la transición democrática, en el respeto a la autogestión y autonomía de las organizaciones sociales, y en nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza y entre nosotros, donde el interés público y la biocentralidad sean prioritarios.
Hay sobra razón para confiar en la eficiencia y honestidad del recién presidente electo y en una aplicación del dinero público conforme a los criterios que norman el ejercicio presupuestal. Ya se ha adelantado que durante la próxima gestión presidencial habrá un incremento de la inversión pública en la generación y procesamiento de energías procedentes de carbón fósil (180 mil millones de pesos); infraestructura carretera, ferroviaria y aérea, y conectividad. También se ha reconocido la necesidad de mejorar la oferta de empleo y aumentar el poder adquisitivo de los más pobres, para ello Andrés Manuel López Obrador ha propuesto crear 2.5 millones de primeros empleos para los jóvenes, empleos rurales temporales por reforestación de 200 mil hectáreas al año; pensiones para un millón de personas que viven en condiciones de alta marginación, inseguridad o pobreza; un sistema nacional de abasto de alimentos básicos; aumentar el gasto en salud; becas para bachilleres y alumnos de nivel superior, y reorientar el gasto en educación, ciencia y tecnología.
El efecto multiplicador de la inversión pública y el crecimiento de la demanda efectiva pueden incentivar el aumento de la oferta de bienes de consumo básicos, pero es necesaria nueva inversión para aumentar la productividad sectorial y ampliar la capacidad instalada, situación que en un contexto de beligerancia neoliberal pueden dificultar la transición iniciada por AMLO. La ortodoxia del equilibrio fiscal, el déficit crónico en cuenta corriente, un servicio de la deuda pública equivalente a la mitad del Producto Interno Bruto y el alto contenido de importaciones de los productos exportados pueden ser también factores desestabilizadores de la gestión pública lidereada por AMLO.
Los temas descritos han sido analizados en el presente número de Saberes y Ciencias por académicos universitarios, amigos de esta empresa editorial: Benito Ramírez Valverde, Ricardo Pérez Avilés, Octavio Humberto Moreno Velador, Jaime Ornelas Delgado, José Juárez Núñez, Apolonio Juárez Núñez, Huberto Juárez Núñez, Germán Sánchez Daza, Juan Reyes Álvarez, Samuel Ortiz Velásquez, Mariana Morales Ramírez, Arturo Huerta González y Cecilia Conde Álvarez, a quienes agradecemos sus valiosas colaboraciones.
