Cada mañana, antes de ir a trabajar o incluso después de haber renunciado a un empleo, miles de mujeres en Puebla comienzan una jornada que rara vez aparece en las estadísticas económicas.
Levantan de la cama a un padre con Alzheimer, ayudan a una madre con secuelas de un accidente cerebrovascular a bañarse, administran medicamentos a un esposo con cáncer o acompañan durante horas a un familiar que ha perdido la autonomía. Son hijas, esposas, hermanas o nueras que, sin formación profesional en la mayoría de los casos, de acuerdo a la especialista en geriatría Alicia Cisneros, se convierten en cuidadoras de tiempo completo.
Este fenómeno, que durante décadas permaneció en el ámbito privado de los hogares, hoy representa uno de los mayores desafíos para los sistemas de salud y protección social. El envejecimiento acelerado de la población, el incremento de enfermedades crónicas y degenerativas y el aumento en la esperanza de vida han provocado que cada vez más personas requieran cuidados permanentes, mientras que las instituciones públicas mantienen una capacidad limitada para atender esa demanda.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que entre 2015 y 2050 la proporción de personas mayores de 60 años en el mundo prácticamente se duplicará, al pasar de 12 a 22 por ciento de la población. Este cambio demográfico implica un incremento sin precedentes en enfermedades como las demencias, el Parkinson, la diabetes, los padecimientos cardiovasculares y distintos tipos de cáncer, condiciones que con frecuencia derivan en dependencia parcial o total para realizar actividades básicas como comer, caminar, vestirse o asearse.
México y Puebla no son ajenos a esta transformación. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo), el país atraviesa un proceso acelerado de envejecimiento que modificará la estructura de los hogares durante las próximas décadas. En Puebla, por ejemplo, las proyecciones estiman que para 2050 alrededor del 21 por ciento de la población tendrá 60 años o más, equivalente a 1.7 millones de personas.
Sin embargo, el aumento de la población adulta mayor no ha estado acompañado por el fortalecimiento de una red pública de cuidados. La mayoría de las personas que pierden autonomía continúan siendo atendidas por sus propias familias, quienes asumen tareas que van desde la administración de medicamentos y la alimentación hasta la movilización física, el aseo personal, la vigilancia permanente y el acompañamiento emocional.
Especialistas en geriatría y gerontología coinciden en que cuidar a una persona dependiente implica mucho más que asistirla en sus actividades cotidianas. Significa reorganizar la dinámica familiar, modificar horarios laborales, asumir gastos extraordinarios y enfrentar un desgaste físico y emocional que pocas veces recibe atención. Pese a ello, el trabajo de cuidados permanece en gran medida invisibilizado y continúa considerándose una responsabilidad privada de las familias, particularmente de las mujeres.
En los últimos años, organismos internacionales y nacionales han comenzado a advertir que esta realidad constituye una verdadera «crisis de los cuidados». Lejos de tratarse únicamente de un problema sanitario, representa un desafío económico, laboral y social que pone a prueba la capacidad de los Estados para responder a una población que vive más años, pero que también requiere mayor apoyo para hacerlo con dignidad y calidad de vida.
Las cuidadoras pueden dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, se encuentran las cuidadoras familiares, generalmente hijas, esposas, hermanas o nueras que asumen la atención de un adulto mayor o de un paciente con una enfermedad incapacitante sin recibir remuneración. Por otro, están las cuidadoras profesionales, personal capacitado en gerontología, enfermería geriátrica o atención domiciliaria que brinda cuidados especializados de manera remunerada.
Sin embargo, la línea que separa ambos perfiles suele desdibujarse. Ante la escasez de servicios públicos y el alto costo de la atención privada que pueda superar los 30 mil pesos mensuales, miles de familias terminan aprendiendo por su cuenta a movilizar pacientes, administrar medicamentos, atender sondas, prevenir úlceras por presión o responder ante una emergencia médica, actividades que normalmente corresponderían a personal capacitado.
La gerontóloga Yamileth Villarreal, quien ha dedicado parte de su trabajo de divulgación a promover el envejecimiento digno y el reconocimiento del trabajo de cuidados, ha señalado que cuidar a una persona mayor implica conocimientos técnicos, habilidades de comunicación y una comprensión integral del proceso de envejecimiento.
Advierte que reducir esta labor a la buena voluntad de un familiar incrementa el riesgo tanto para el paciente como para quien asume el cuidado, pues la falta de capacitación favorece lesiones, errores en la administración de medicamentos y un mayor desgaste físico y emocional de la persona cuidadora.
La evidencia científica confirma esta realidad. En 2024, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó uno de los estudios más amplios realizados en América Latina y el Caribe sobre las personas cuidadoras. A partir de una encuesta aplicada a más de 27 mil cuidadoras familiares y remuneradas de 18 países, el organismo encontró que el trabajo de cuidados continúa profundamente feminizado: el 92 por ciento de quienes se dedican profesionalmente al cuidado son mujeres y, entre quienes cuidan a un familiar sin recibir salario, ellas representan el 88 por ciento.
El estudio también documentó que ocho de cada diez cuidadoras familiares nunca recibieron capacitación formal para desempeñar esa labor y que una de cada cuatro cuidadoras remuneradas tampoco contaba con formación especializada. Esta falta de preparación repercute directamente en la calidad de la atención, pero también incrementa el riesgo de agotamiento, lesiones musculares y problemas de salud mental entre quienes cuidan.
En México, las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran una tendencia similar. La Encuesta Nacional para el Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022 y la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2024 evidencian que el trabajo de cuidados no remunerado continúa distribuyéndose de manera desigual.
Las mujeres dedican, en promedio, casi el doble de tiempo que los hombres al cuidado de integrantes del hogar, una diferencia que se amplía cuando se trata de personas mayores con dependencia o pacientes en etapa terminal.
Más allá de las cifras, especialistas en gerontología advierten que esta distribución desigual tiene consecuencias profundas. La persona cuidadora suele reorganizar toda su vida alrededor del paciente: modifica horarios, reduce su vida social, posterga proyectos personales y, en muchos casos, abandona parcial o totalmente su empleo para brindar atención permanente.
Así, el cuidado deja de ser únicamente una actividad de apoyo familiar para convertirse en un trabajo de tiempo completo, indispensable para el funcionamiento del sistema de salud, pero escasamente reconocido y pocas veces remunerado.
Este escenario también comienza a reflejarse en Puebla. La escasez de especialistas en geriatría o gerontología, el incremento de enfermedades asociadas al envejecimiento y los elevados costos de la atención privada han provocado que cada vez más familias asuman por sí mismas labores de cuidado especializado, aun cuando ello implique modificar su economía, su dinámica familiar y su propio estado de salud.
Como documenta una investigación de La Jornada de Oriente, el cuidado cotidiano en Puebla de los adultos mayores continúa descansando principalmente en mujeres de alrededor de 50 años, quienes enfrentan una carga física, emocional y económica cada vez mayor.(13 de abril de 2026). A lo anterior se suma el abandono de adultos mayores, según Alicia Cisneros la única organización que ofrece cuidados paliativos y de atención integral a ancianos es Cáritas Puebla, organización que cuya casa de asistencia pasó de atender a 53 adultos mayores a principios de 2024 a 78 en lo que va de 2026, un incremento de casi 47 por ciento en poco más de dos años.
De acuerdo con el director de la institución, Jesús Alejandro Rodríguez Calva, muchos de estos casos corresponden a personas que son llevadas por sus propios familiares con el argumento de requerir atención temporal y posteriormente son abandonadas, mientras que otras son canalizadas por instituciones públicas al no contar con una red familiar que pueda hacerse cargo de ellas. Ante este panorama, la organización puso en marcha la campaña «Afecto Persona», con el propósito de recaudar recursos para cubrir el costo de atención, estimado en alrededor de 25 mil pesos mensuales por cada residente.
Cuando cuidar también enferma
Durante décadas, el trabajo de cuidar ha sido entendido como un acto de afecto y responsabilidad familiar. Sin embargo, la evidencia científica muestra que asumir durante meses o años la atención de una persona con dependencia física o cognitiva también puede convertirse en un factor de riesgo para la salud de quien cuida.
El Instituto Nacional de Geriatría (INGER) utiliza el término sobrecarga del cuidador o síndrome del cuidador quemado para describir el desgaste progresivo que experimentan las personas encargadas del cuidado permanente de un familiar.
La literatura médica refiere que este síndrome no constituye una enfermedad por sí misma, sino un conjunto de alteraciones físicas, emocionales y sociales derivadas de la exigencia continua que implica atender a una persona dependiente.
En este sentido, el INGER advierte que el cuidado prolongado suele traducirse en jornadas sin descanso, interrupciones constantes del sueño, aislamiento social y abandono del autocuidado. Conforme aumenta la dependencia del paciente, también lo hace la carga para la persona cuidadora, que con frecuencia deja de atender sus propias necesidades médicas, reduce sus espacios de convivencia y pospone proyectos personales y laborales.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que el envejecimiento poblacional obligará a los países a fortalecer los sistemas de cuidados de larga duración, precisamente porque la atención informal sostenida por las familias puede generar consecuencias importantes para la salud física y mental de quienes la desempeñan.
Entre las afectaciones más frecuentes documentadas por investigaciones internacionales se encuentran ansiedad, depresión, estrés crónico, trastornos del sueño, agotamiento emocional, hipertensión arterial, dolor lumbar y lesiones musculoesqueléticas ocasionadas por movilizar personas con movilidad limitada.
Estas afectaciones no son aisladas. Una revisión publicada en la revista científica BMC Geriatrics, que analizó decenas de investigaciones sobre cuidadores familiares de personas con demencia, encontró que quienes desempeñan este rol presentan una prevalencia significativamente mayor de síntomas depresivos, ansiedad y deterioro en su calidad de vida respecto de la población general.
La presión también se refleja en el ámbito económico. El estudio «Cuidadoras de personas mayores: sobrecargadas y mal pagadas», elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2024, identificó que cerca de la mitad de las cuidadoras familiares encuestadas tuvo que abandonar su empleo o reducir considerablemente su jornada laboral para atender a un familiar. Además, tres de cada diez reportaron síntomas compatibles con depresión y una proporción importante manifestó sentirse agotada de manera permanente, sin contar con redes de apoyo suficientes.
Para la doctora Alicia Cisneros Gómez, especialista en geriatría, este desgaste constituye uno de los principales retos que enfrenta el envejecimiento de la población en Puebla. En entrevista, explicó que el cuidado cotidiano continúa recayendo principalmente en mujeres mayores de 50 años, quienes suelen combinar actividades domésticas, empleo remunerado y atención permanente a familiares con enfermedades crónicas o pérdida de autonomía.
«Esa carga implica no solo un desgaste físico, sino también emocional y económico. Muchas cuidadoras combinan jornadas laborales con el cuidado de familiares, lo que incrementa el riesgo de colapso. El agotamiento puede llevar incluso a situaciones de maltrato. Es un problema estructural que no se está viendo ni atendiendo», advirtió la especialista.
La geriatra sostiene que esta realidad suele permanecer oculta porque el cuidado continúa considerándose una obligación familiar más que un trabajo que requiere capacitación, descanso y acompañamiento profesional. En consecuencia, miles de personas enfrentan en solitario una responsabilidad que se prolonga durante años y que transforma profundamente su salud, su economía y su proyecto de vida.
El problema se agrava cuando el paciente atraviesa enfermedades neurodegenerativas o una etapa terminal. La incertidumbre sobre la evolución del padecimiento, la toma constante de decisiones médicas, el duelo anticipado y la falta de espacios de descanso favorecen la aparición de cuadros de ansiedad, depresión e incluso sentimientos de culpa entre las personas cuidadoras, quienes con frecuencia priorizan el bienestar del familiar enfermo mientras relegan el suyo.
Un sistema que acompaña, pero no sustituye el cuidado familiar
Frente al acelerado envejecimiento de la población y al aumento de enfermedades crónicas y terminales, las instituciones públicas de salud han incorporado programas de cuidados paliativos, atención domiciliaria y capacitación para familiares. Sin embargo, estas estrategias, aunque representan un avance, aún están lejos de cubrir la demanda creciente de personas que requieren cuidados de larga duración.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como un enfoque destinado a mejorar la calidad de vida de pacientes y sus familias mediante la prevención y el alivio del sufrimiento físico, emocional, social y espiritual asociado con enfermedades potencialmente mortales. Bajo este modelo, el objetivo no es únicamente prolongar la vida, sino garantizar que las personas transiten por su enfermedad con el menor dolor posible y con acompañamiento integral.
En México, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuenta con clínicas y equipos especializados en Medicina del Dolor y Cuidados Paliativos para atender a pacientes con cáncer, enfermedades cardiovasculares, insuficiencia renal, padecimientos neurológicos y otras enfermedades crónicas avanzadas.
Tan solo la Clínica del Dolor y Medicina Paliativa del Centro Médico Nacional Siglo XXI brinda alrededor de 16 mil consultas al año y fue una de las primeras sedes en formar especialistas en Medicina Paliativa. Además, el Instituto ha fortalecido centros interdisciplinarios dedicados al tratamiento del dolor y la atención integral de pacientes con enfermedades de alta complejidad.
Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) opera el programa PALIATIVISSSTE, mediante el cual ofrece atención paliativa en hospitales de segundo y tercer nivel, además de equipos de atención domiciliaria en algunas unidades médicas y asesoría telefónica especializada para pacientes y familiares. El propio instituto reconoce que el programa continúa en fase de expansión y que la cobertura domiciliaria aún se concentra en un número reducido de hospitales.
En el caso de la población sin seguridad social, IMSS-Bienestar incorporó dentro de su Programa Institucional 2025-2030 el fortalecimiento de líneas de atención que incluyen promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. El documento reconoce, además, que uno de los principales retos consiste en disminuir el gasto de bolsillo que enfrentan las familias cuando una persona desarrolla enfermedades crónicas o incapacitantes.
No obstante, la existencia de estos programas no significa que el Estado proporcione un cuidador permanente para cada paciente dependiente. En la práctica, los servicios públicos ofrecen consultas médicas, seguimiento clínico, control del dolor, visitas domiciliarias en casos específicos y orientación para familiares, pero el cuidado cotidiano, alimentación, higiene, movilización, administración de medicamentos, vigilancia nocturna y acompañamiento permanente, continúa recayendo, en la mayoría de los casos, sobre los propios integrantes del hogar.
En Puebla, esta realidad adquiere una dimensión particular. La investigación realizada por este medio documentó que la entidad cuenta con apenas 35 médicos especialistas en geriatría certificados para atender a una población que supera los 200 mil adultos mayores en la zona metropolitana, mientras que el crecimiento de casas de asistencia y servicios privados de cuidado ha ocurrido sin un padrón completo ni mecanismos suficientes de supervisión.
Aunque la Secretaría de Salud del Estado de Puebla dispone de hospitales generales, unidades de atención especializada y servicios médicos para la población abierta, la información pública disponible no reporta un programa estatal específico de cuidadoras domiciliarias para personas mayores o pacientes en etapa terminal. En consecuencia, el acompañamiento diario continúa dependiendo, casi por completo, de las redes familiares o de la contratación privada de personal especializado.
Y es que el verdadero reto será construir un sistema integral de cuidados de larga duración que combine atención médica, apoyo psicológico, capacitación para cuidadores, servicios de respiro y asistencia domiciliaria ya que actualmente ninguna institución pública ofrece estos servicios al 100 por ciento y están centrados en la capacitación de las cuidadoras que en asumir el cuidado.
De lo contrario, conforme aumente el número de personas con dependencia, también crecerá la presión física, emocional y económica sobre las familias que hoy sostienen, de manera silenciosa, buena parte del cuidado que el sistema público todavía no puede asumir.
Cuidar también debería ser una política pública
En México, el cuidado de las personas mayores, de quienes viven con enfermedades neurodegenerativas o de los pacientes en etapa terminal continúa descansando, en gran medida, sobre los hombros de las familias. La evidencia científica demuestra que esta labor no solo implica acompañar a un ser querido, sino asumir responsabilidades médicas, económicas y emocionales que transforman por completo la vida de quienes las desempeñan.
El envejecimiento de la población hará que esta realidad sea cada vez más frecuente. Las proyecciones demográficas muestran que durante las próximas décadas aumentará el número de personas que requerirán cuidados de larga duración, mientras que las familias serán más pequeñas, habrá una mayor incorporación de las mujeres al mercado laboral y disminuirá la disponibilidad de quienes tradicionalmente han asumido estas tareas de manera no remunerada. Esto obligará a replantear un modelo de cuidados que durante décadas se sostuvo gracias al trabajo silencioso e invisible de millones de personas.
Construir un sistema integral de cuidados implica fortalecer la atención geriátrica, ampliar los servicios de cuidados paliativos, profesionalizar a las personas cuidadoras, generar programas de capacitación permanentes, ofrecer apoyo psicológico y crear servicios de respiro que permitan disminuir la sobrecarga física y emocional de las familias.
La escasez de geriatras y gerontólogos, el alto costo de la atención privada y la creciente demanda de cuidados especializados evidencian la necesidad de fortalecer la infraestructura pública y de reconocer que el cuidado ya no puede entenderse únicamente como una responsabilidad familiar.
Los organismos internacionales coinciden en que invertir en sistemas de cuidados no representa únicamente una medida de protección social; también constituye una estrategia para reducir desigualdades, prevenir el deterioro de la salud de las personas cuidadoras y mejorar la calidad de vida de quienes dependen de estos apoyos. En ese sentido, la discusión ya no gira únicamente en torno al envejecimiento de la población, sino a la capacidad del Estado mexicano para responder a una transformación demográfica que ya está en marcha.
Mientras ese debate sigue, cientos de familias en Puebla continúan resolviendo en silencio una necesidad cotidiana. Son ellas quienes administran medicamentos, acompañan consultas médicas, enfrentan noches sin descanso, reorganizan su economía y sostienen emocionalmente a quienes han perdido autonomía. Su trabajo pocas veces aparece en las estadísticas, rara vez recibe remuneración y con frecuencia permanece invisible; sin embargo, constituye uno de los pilares que hoy mantienen en funcionamiento el sistema de cuidados en la entidad y en toda la República.
