La gestión de Enrique Peña Nieto ha tenido un desempeño mediocre en 42 meses de su gestión: la tasa media anual de crecimiento de la producción por persona, deducido los impuestos, ha sido de 0.4 por ciento; la actividad primaria (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) fue la que más ha crecido (1.4 por ciento), la industria registró tasa negativa de crecimiento (0.8 por ciento) en tanto que el comercio y servicios crecieron a 0.9 por ciento al año. La estructura porcentual de la producción de bines y servicios es prácticamente la misma para toda la gestión: sector primario, 3 por ciento; industria, 34 por ciento y sector terciario, 63 por ciento. Las perspectivas son, en el mejor de los casos, de estable deterioro económico.
En lo que va de la gestión de Peña Nieto la deuda pública aumentó en 50 por ciento; esto ha significado que partidas crecientes del presupuesto se destinen al pago de los intereses de dicha deuda, lo que reduce el gasto disponible y/o aumenta el déficit presupuestal. Para equilibrar las finanzas, se recortó el gasto público con la finalidad de reducir el déficit presupuestal a 3 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). La disminución del gasto impacta negativamente en la demanda de bienes y servicios, en el nivel de producción, en la masa de tributo recaudada y en la calidad de vida de la población de ingresos fijos.
Desde hace dos años el precio internacional de las materias primas y del petróleo es decreciente, el comercio y la producciٕón mundial han abatido sus tasas de crecimiento, y la entrada de capital extranjero hacia actividades productivas ha menguado, lo que se ha expresado en menores ritmos de crecimiento nativo y en un aumento del saldo negativo en balanza de bienes y servicios. La demanda exacerbada de dólares por fuga de capitales, y una raquítica oferta —por la disminución de divisas por exportación de mercancías y entrada de capitales— ha minado el poder adquisitivo del peso: entre septiembre de 2014 y mismo mes de 2015, la devaluación del peso fue de 26.4 por ciento; entre septiembre del año pasado y mismo mes de este año, la devaluación fue de 14.6 por ciento. Un tercio de la deuda pública del sector público está suscrita en dólares y equivale a 17 puntos del PIB, una devaluación del 50 por ciento del peso, como la ocurrida en 42 meses de gobierno de Peña Nieto, aumenta el costo de los intereses en ese mismo porcentaje, además de que al ser insolvente para liquidar pasivos financieros, la tasa de interés cobrada por los nuevos créditos aumenta.
La tasa a la que los bancos prestan aumentó en 0.25 por ciento en 2015 y en 1.5 por ciento en 2016. La razón por lo que el Banco Central decidió aumentarla es para evitar la fuga de capitales y estimular la inversión extranjera en México, ya que en los países desarrollados dicha tasa de interés es cercana a cero. El aumento de las tasas encarece el costo del dinero, desalienta la producción y genera tensiones inflacionarias, además de que encarece el costo financiero de la deuda interna, la cual equivale a 33 puntos del PIB. Subir la tasa de referencia no es garantía de entrada de capitales o de su retención en México, hay que considerar la inflación y la devaluación de la moneda nacional. En los últimos 12 meses la tasa de referencia aumentó en 1.75 por ciento y el peso se devaluó en 14.6 por ciento.
Las expectativas de crecimiento para el año 2017 se ajustaron a la baja y no hay certeza de que el salario y la masa salarial crezcan en términos reales, tampoco en que se mejorarán las condiciones de vida de la población. Ya no es posible fondear el gasto público con renta petrolera, ya no existe el monopolio sobre el energético y está abatida la plataforma petrolera y el precio del petróleo. La reducción del gasto público sigue prevaleciendo como mecanismo no sólo de saneamiento fiscal, sino de crecimiento económico. En los hechos, la contracción de gasto público aumenta la desigualdad y la pobreza, y deteriora la productividad y el crecimiento.
