Por los resultados observables de su gestión, Rafael Moreno Valle ha trasgredido el límite del autoritarismo que siempre lo ha caracterizado, prueba de ello es la iniciativa que envió al Congreso local el pasado 7 de mayo eufemísticamente llamada “Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales del Estado de Puebla”, donde se consignaba el uso de armas letales y de fuego en contra cualquier manifestación ciudadana (Artículos 7, 8 y 9). La Ley se promulgó suprimiendo el uso de las armas de fuego no así el de las armas letales (las que ocasionan lesiones graves o la muerte); con base en esa normativa, la policía estatal reprimió violentamente una manifestación pacífica de ciudadanos de la localidad conurbada de San Bernardino Chalchihuapan (municipio de Santa Clara Ocoyucan) el pasado 9 de julio. El propósito de la protesta fue pedir que se le devolvieran las funciones de Registro Civil que tradicionalmente realizaba la Junta Auxiliar; la respuesta del gobierno estatal fue criminal: a manera de advertencia lanzó granadas triple chase y han-ball, y balas de goma en contra de los manifestantes, lo que ocasionó lesiones graves por balas de goma en al menos tres de los manifestantes: Vicente Tecualitle, Martín Romero Xelhua y del menor de edad José Luis Tehuatlie Tamayo (fallecido el pasado 19 de julio).
El gobernador de Puebla rechaza haber usado balas de goma en contra de los manifestantes, dice que la policía estatal sólo se defendió de los manifestantes y de que el menor de edad fallecido como consecuencia de la represión fue herido por un cohetón. La evidencia exhibida por los pobladores de Chalchihuapan así como los registros de video y gráficos de esa represión son elocuentes: la policía no llegó con la finalidad de persuadir sino de masacrar a un contingente indefenso, que exige (como lo han hecho decenas de Juntas Auxiliares) seguir realizando funciones de Registro Civil. La madre del niño asesinado ha reiterado públicamente las presiones de chantaje y cohecho que ha recibido por funcionarios públicos del gobierno estatal para que acepte como verdadera la versión oficial del cohetón que privó de la vida a su hijo José Luis. La Procuraduría General de Justicia ha ratificado la versión oficial de herida por cohetón del ahora occiso, y en el caso de la fractura de quijada y pérdida de piezas dentales de Martín Romero, también herido por bala de goma, el parte oficial atribuye la causa a una piedra. Semejante versión de las heridas letales de los reprimidos induce una conclusión: los responsables son los propios manifestantes, que tienen muy mala puntería y se autoagreden.
La entidad poblana tiene al menos tres Juntas Auxiliares por municipio y cerca de 40 por ciento de la población radica en alguna de las localidades de la jurisdicción de dichas Juntas; recientemente el Congreso local reformó La Ley Orgánica municipal y se les retiró las funciones de Registro Civil, entre otras. Estas reformas no se discutieron ni se consensaron, la impuso la mayoría legislativa de la que dispone el gobernador y tal acción ha generado la protesta ciudadana de varias decenas de Juntas Auxiliares que demandan la conservación de las funciones de Registro Civil. En muchos municipios, la existencia de órganos coadyuvantes de la gestión es imperioso por la accidentada geografía y la inexistencia de funcionales y asequibles vías y medios de transporte, en otros, por el sentido de identidad y pertenencia cultural, y no en pocos, por eternos recelos y rivalidades intercomunitarias. La Hacienda pública se concentra en la Federación, quien retiene el mayor porcentaje del gasto, a las entidades y a los municipios les corresponde partes menores del gasto público y, a las Juntas Auxiliares, nada o muy poco, por lo que una de sus principales fuentes de ingreso de las Juntas son las procedentes del Registro Civil, además de que muchas de ellas son controladas por el PRI y desde ahí ejercen presión a los gobiernos dirigidos por panistas. La pérdida del control del registro civil generó múltiples manifestaciones en la entidad, una de ellas fue la de San Bernardino Chalchihuapan, que derivó en una violenta represión de la policía estatal y la muerte del menor de edad antes mencionado.
Los planes y programas de gobierno de la entidad así como las reformas a las normas no se consensan ni se discuten, se imponen, y toda acción de inconformidad se criminaliza, conculcando el ejercicio de los Derechos Humanos y Constitucionales de expresión y asociación. Ello no ha sido suficiente para Rafael Moreno Valle y ahora ejecuta una política criminal que no sólo atenta contra los Derechos y Garantías Constitucionales, sino contra la vida misma: esa es una estrategia que no se puede convalidar ni con el silencio ni la omisión, mucho menos con el laudo complaciente.
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