Vivir en México es un acto heroico: la inseguridad no solo está a la vuelta de la esquina sino también hay un súbito y eficiente servicio a domicilio. El año pasado se cometieron 33.1 millones de acciones delictivas que afectaron a 22.4 millones de ciudadanos y a 10.7 millones de hogares. De cada 100 hogares, en 34 hubo al menos un miembro que fue víctima de algún delincuente, y de cada 100 ciudadanos, 28 fueron victimizados; la fuente es la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por si fuera poco la intensidad delictiva, la tendencia es al alza: entre 2011 y 2013 los delitos aumentaron en 48 por ciento y las víctimas en 20 por ciento, lo cual evidencia la ineficacia y complicidad de las instancias encargadas de la procuración e impartición de justicia, la prevalencia de las causas estructurales que generan la delincuencia y la impunidad con que actúan los funcionarios y el crimen organizado. Es tal la desconfianza en las instituciones que de cada 10 mil delitos cometidos solo se denuncian y averiguan 60, la razón para no hacer la denuncia se relaciona con la corrupción en los niveles federal (9.1 puntos), estatal (8.7 puntos) y municipal (8.4 puntos); la escala es del 0 (no hay corrupción) al 10 (sí hay corrupción); la fuente es la Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 2012 financiada por la Secretaría de Gobernación.
Cada minuto del año 2013 se cometieron 63 delitos en la República Mexicana, de los cuales 19 fueron robo y/o asalto en la calle o transporte público, 15 extorsiones, seis robos parciales de vehículo, seis fraudes, seis amenazas verbales y cuatro robos a casa habitación por minuto. En lo referente al lugar de ocurrencia del delito, 35 por ciento fue en casa, 32 por ciento en la calle, 13 por ciento en lugar público, 7 por ciento en negocio o establecimiento y 6 por ciento en el lugar del trabajo. Los delitos que más crecieron entre 2011 y 2013 fueron el fraude, la extorsión y el robo a casa habitación. El costo económico derivado por los delitos (pérdidas por lo robado, daño en salud y medidas de protección) fue de 213 mil 053 millones de pesos, equivalente a 4.4 veces el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para Ciencia, Tecnología e Innovación en 2013.
En el último año de la gestión de Felipe Calderón solo se denunciaron e investigaron 100 delitos de cada 10 mil ocurridos; en el primer año de Enrique Peña, fueron 60; de éstos, solo en siete casos de 10 mil se recuperaron los bienes robados y en cinco casos de 10 mil se castigó a los culpables (Envipe 2013 y 2014): ineficiencia, complicidad, corrupción e impunidad son distintivos en la procuración de justicia. Los delitos suelen no denunciarse por desconfianza en las instituciones y normas: 80 por ciento de los ciudadanos confía poco o nada en la aplicación de las leyes; considera corruptos (y desconfía) a los tres niveles de gobierno, a todas las policías (municipal, estatal, federal, ministerial), jueces, ministerio público; desconfía además de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, diputados, senadores, partidos políticos, sindicatos, y considera poco o nada transparente las decisiones de los tres niveles del Poder Ejecutivo. El Ejército y la Marina registran algo de confianza (seis a siete puntos en escala del 10), al igual que la iglesia y los médicos (entre siete y ocho puntos) y la familia (más de ocho puntos en escala de cero al 10).
La recurrencia, intensidad y generalización de la acción delictiva ha generado que la inseguridad sea percibida como el problema principal del país por 58 por ciento de los ciudadanos y que 75 por ciento de los ciudadanos se sienta inseguro en su entidad, 65 por ciento en su municipio y 46 por ciento en su barrio colonia donde reside (Envipe 2014); los ciudadanos se sienten más inseguros en los cajeros automáticos, bancos, calles, transporte público y carreteras. Tales niveles de inseguridad han generado cambios de conducta (no dejar salir a los hijos menores de edad, no usar joyas, o salir de noche o no llevar efectivo), así como asumir medidas de protección (cerraduras y candados, bardas, alarmas, puertas y ventanas, cámaras, perros); aun así, tres de cada cuatro ciudadanos se percibe víctima de algún delito y uno de cada dos se percibe extorsionable. Entre las principales causas de la inseguridad registradas en marzo-abril de 2014 destacan el desempleo, la pobreza, la corrupción y el consumo de drogas. Crecimientos moderados de la producción de bienes y servicios (2.2 por ciento en 2014), nulo o lento crecimiento del empleo, deterioro del poder adquisitivo, privatización de servicios públicos y alza de las tarifas de este servicio, inflación, inseguridad pública, corrupción e impunidad son demasiado agraviantes para no decir o hacer algo: justicia, probidad, eficacia, transparencia y legitimidad son algunas de las exigencias.
Las mayores tasas de prevalencia (víctimas/ciudadanos) e incidencia delictiva (delitos/ciudadanos) se registran en el estado de México, tanto en la gestión de Eruviel Ávila como en la anterior de Enrique Peña Nieto; muy distante de las peligrosas entidades de Baja California, Jalisco y Distrito Federal. En el estado de México uno de cada dos ciudadanos ha sido victimizado y en uno de cada dos hogares hay al menos un miembro que ha sido victimizado. Además del evidente carácter democrático de la inseguridad pública en el estado de México, ahí se registró el mayor aumento de la actividad delictiva: entre el último año de la gestión de Peña Nieto en esa entidad y el segundo de la gestión de Eruviel Ávila, los delitos aumentaron en 154 por ciento y las víctimas en 68 por ciento. En esa entidad solo se denunciaron e investigaron 30 de cada 10 mil delitos ocurridos en 2013 y la causa para no haber denunciado 9 millones 736 mil 453 delitos ocurridos en 2013 se relaciona con la corrupción e ineficiencia del gobierno de esa entidad (78 por ciento de los ciudadanos así lo estima). Uno de cada tres delitos ocurridos el año pasado en el país se ubicó en el estado de México.
94 por ciento de los ciudadanos se siente inseguro en el estado de México, 70 por ciento percibe a la inseguridad pública como el principal problema del estado y 63 por ciento se percibe como potencial víctima de la delincuencia. En esa entidad se registraron los menores índices de confianza en las instituciones que procuran justicia y la percepción sobre la tendencia de inseguridad es que seguirá aumentando sin que haya castigo a los delincuentes; desempleo y corrupción son las causas principales de la inseguridad. Cualquier cruzada contra la corrupción, enriquecimiento ilícito, inseguridad pública, crimen organizado, injusticia y arbitrariedad debería iniciarse en el estado de México y las gestiones de los gobernadores Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila deberían ser las primeras en escrutarse.
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