La entidad poblana ha registrado reiterados linchamientos, algunos por fanatismo, otros por seculares agravios o venganza. Hace casi medio siglo el párroco Enrique Meza Pérez presuntamente azuzó a sus feligreses en contra de cinco excursionistas de la ciudad de Puebla, a quienes sentenció de comunistas; la turba asesinó a cuatro ciudadanos y linchó a otros tres empleados de la Universidad Autónoma de Puebla, en la localidad de Canoa. Este año un residente de Amozoc, en estado de ebriedad, entró a la iglesia de dicha localidad; el mayordomo de la parroquia creyó que era un delincuente y tañó las campanas; los congregados reconocen al vecino y lo dejan en libertad. El pasado mes de abril, dos ciudadanos del Distrito Federal fueron sorprendidos in fraganti robando limosna de las alcancías de la iglesia de Vicente Guerrero, repican campanas y hay intento de linchamiento, la Policía Estatal interviene y se lleva a los roba alcancías. En Pueblo Nuevo, municipio de Chietla, una hija de un ganadero fue secuestrada por cinco individuos en octubre de 2012, al día siguiente, los residentes de esa localidad se organizan y detienen a tres de los secuestradores, los golpean y matan a dos (les aplicaron la ley fuga); dos días después del secuestro (sábado 14/10/12), los vecinos de San Pedro La Junta, municipio de Tepeojuma, detienen a los otros dos secuestradores y en una asamblea comunitaria deciden castigarlos por propia mano, los golpean hasta matar a uno de ellos, el sobreviviente fue entregado a la policía estatal (Nota de Javier Puga en La Jornada de Oriente, 13/04/2012). En septiembre de 2014 la multitud colgó a un presunto delincuente de fertilizante en la localidad de Cohuecan, municipio del mismo nombre; en septiembre del año en curso, la turba volvió a colgar a dos presuntos secuestradores en esa misma localidad. En febrero de este año vecinos del fraccionamiento La Cantera, municipio de Tehuacán, detienen a cuatro presuntos delincuentes, matan a uno y golpean a los otros tres; el pasado mes de octubre, en San Marcos Necoxtla, localidad del municipio de Tehuacán, vecinos detienen a un presunto violador que intentó abusar de una menor de edad, lo intentaron linchar pero oportunamente intervino la Policía.
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, 2015.
Este año (enero-octubre) por linchamiento han sido asesinadas cinco personas en la entidad y 37 personas han sido salvadas de linchamiento por intervención de la policía estatal, según declaración de Jesús Rodríguez Almeida, Secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla (nota de Martín Hernández Alcántara, La Jornada de Oriente, 21/10/15, página 2).
Hay 21 municipios en que ha habido linchamientos o intentos de linchamiento en la entidad; de éstos, hay solo cinco (Cohuecan, Ixcamilpa de Guerrero, Nicolás Bravo, Tepeojuma y Tepexco) que registran menos de 15 mil habitantes e índices de marginación altos, pero también hay otros cinco municipios (Amozoc, Hauchinango, Puebla, San Martín Texmelucan y Tehuacán) con más de 100 mil habitantes e índices muy bajos de marginación. Los motivos inmediatos que detonaron los linchamientos o intentos fueron el robo (fertilizantes, ganado, casa habitación, patrimonio), los secuestros y la extorsión, y la trata y violación.
Ajalpan es un municipio ubicado al sur de la entidad, pertenece a la región socioeconómica de Tehuacán; su población estimada actualmente es de 67 mil personas; en las actividades primarias se ocupa 33 por ciento de su población; 41 por ciento lo hace en las manufacturas y 26 por ciento en las terciarias, según el Censo de Población y Vivienda de 2010. Dos de cada tres personas ocupadas perciben de 0 a dos salarios mínimos, y el promedio devengado por persona ocupada es de 2.1 salarios mínimos generales. Es un municipio gobernado por el PRI, salvo en el trienio 2004-2007 en que lo gobernó el PAN; en la última elección municipal la diferencia entre el PRI y PAN, ambos coaligados con otros organismos, fue de 4 puntos de la Lista Nominal y desde que asumió el cargo el edil Gustavo Lara Torres ha sido confrontado.
En ese municipio, dos encuestadores (los hermanos José Abraham y Rey David Copado Molina) que realizaban un ejercicio sobre consumo de tortillas fueron linchados el lunes 19 de octubre del año en curso. La turba los acusó de intentar robarse a una menor de edad; ésta desmintió los hechos al afirmar que los hermanos no eran los sujetos que la habían jaloneado. Los hermanos Copado Molina se acreditaron y refrendaron su dicho de ser encuestadores, la turba no los escuchó: los golpearon y quemaron en la plaza pública. La Policía Estatal fue requerida por el edil Gustavo Lara Torres, pero acudió tardíamente, ya cuando los hechos se habían consumado. Tres días después del linchamiento, el gobernador Rafael Moreno Valle asumió el control de la seguridad en ese municipio hasta por 180 días naturales e inició la indagatoria sobre los responsables del asesinato de los hermanos Copado Molina (La Jornada de Oriente, 22/10/15).
Además de los municipios donde hubo linchamientos, hay siete presidencias municipales tomadas (Tlanepantla, Chiautzingo, General Felipe Ángeles, Tepango de Rodríguez, Chietla, Jolalpan y Ocoyucan) por conflictos políticos en contra de los presidentes municipales, a quienes los inconformes acusan de ineptitud, enriquecimiento ilícito, nepotismo y centralismo, según el recuento elaborado por el Comité Directivo Estatal del PRI (nota de Mónica Camacho en La Jornada de Oriente, 23/10/15, página 5). Otros movimientos de resistencia social han sido invisibilizados o reprimidos durante la gestión de Rafael Moreno Valle: 15 presos políticos y 202 activistas que ya estuvieron en prisión o están amenazados con ser encarcelados, según el recuento de El Comité para la Libertad de Presos Políticos (reportaje de Blanche Petrich en La Jornada, 24/10/15, página 10).
Entre las múltiples causales de los linchamientos en la entidad está la inseguridad pública; la insuficiencia y ineficiencia de los cuerpos policiacos; la ilegitimidad, impunidad y corrupción que caracteriza al poder ejecutivo en sus tres niveles. Tanto a nivel nacional, estatal o municipal, la inseguridad pública es el tema que más preocupa a los ciudadanos, se ubica 10 puntos o más por arriba del desempleo, inflación o pobreza. Más de 60 por ciento de la ciudadanía percibe inseguridad en las carreteras, transporte público, calles, cajeros automáticos y bancos; tres de cada cuatro se perciben víctimas de algún delito, y tendencialmente el Índice de Seguridad Pública en las colonias del estado de Puebla cayó 12 por ciento entre 2012 y 2014 en tanto que el índice respectivo al estado de Puebla decayó en 13 por ciento para los mismos años. (Inegi, Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, años 2012-2015). Según esa misma fuente, son mayoría absoluta, tanto en el país como en la entidad poblana, los ciudadanos que no se identifican con La Policía Ministerial o Judicial; Jueces; Ministerios Públicos y Procuradurías estatales. También son mayoría absoluta los ciudadanos que le tienen poco o nada de confianza; o las perciben corruptas, o perciben que son pocas o nada eficientes las autoridades de la Policía Ministerial o Judicial, Jueces; Ministerios Públicos y Procuradurías Estatales; Policía Preventiva Municipal, y Policía Estatal.
Tanto el edil de Zinacatepec como el de Ajalpan han manifestado públicamente que la delincuencia los rebasó, que no disponen del presupuesto, las patrullas ni del personal para atender la seguridad pública de sus respectivos municipios. Esta situación también puede deberse a la estrategia de Moreno Valle de imponer el mando único en la entidad; de ahí que la ausencia de apoyo gubernamental a los municipios tenga como propósito forzar a los ayuntamientos a aceptar sin condicionamientos el mando único.
La mayor confianza de la ciudadanía recae en los familiares, amigos y vecinos; estos sujetos se constituyen, en localidades con tradiciones comunales, en el primer círculo de solidaridad, acción y resistencia ante los embates del crimen organizado y los abusos de autoridad pública que atentan contra su integridad física o patrimonial; su cultura y territorio. Los vacios de poder, complicidades e ineficiencias de las autoridades gubernamentales las enfrentan con agrupamientos solidarios de resistencia, que no siempre actúan conforme al idílico Estado de Derecho.
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