La gestión presidencial de Enrique Peña Nieto tuvo el mérito de haber sido lo suficientemente oprobiosa que generó las condiciones para un cambio significativo de gobierno y de programas públicos: honestidad en lugar de corrupción e impunidad; justicia en vez de represión, y bienestar social por criminalización y exclusión. No fue un sexenio desligado de la estrategia y política neoliberal ejecutadas desde 1982 que magnificaron las leyes de mercado como mecanismos idóneos para la asignación óptima de los recursos, y la apertura comercial como la vía para la entrada de capitales y del crecimiento económico. Bajo el argumento del poder ampliado del consumidor se nos inculcó el dogma que deberíamos importar los productos donde nuestra productividad era menor y exportar aquellos en los cuales teníamos menores costos unitarios. Se minimizó las asimetrías tecnológicas y financieras de los productos agropecuarios, los impactos ambientales de la agricultura empresarial, los subsidios diferenciados otorgados a los productores y la exportación norteamericana de maíz y trigo a precios subsidiados.
El fomento a la actividad económica se abortó durante el neoliberalismo y el gasto e inversión pública fueron declinantes, además se eliminaron subsidios directos a los productores agropecuarios, se desaparecieron fideicomisos y el precio local tenía como referente el precio internacional. Los exiguos recursos públicos para las actividades agrícolas se concentraron en los monocultivos de altos rendimientos y de más elevados daños a los ecosistemas, a la biodiversidad, a la tierra, al agua y a la salud de los consumidores y trabajadores agrícolas. Producir bienes agrícolas en México fue caro ante la liberalización de los precios de los insumos; comprárselos a Estados Unidos era más económico, porque además de los altos rendimientos físicos, sus productores recibían subsidios más elevados que los productores mexicanos.
Durante la gestión de Miguel de la Madrid (1983-1988) iniciamos la liberalización de la economía y abandonamos la estrategia de autosuficiencia alimentaria, se formalizó con Salinas de Gortari al rubricar el Tratado Comercial con Estados Unidos (TLC) y se culminó con Peña Nieto y sus macro reformas estructurales. La superficie sembrada de 10 de los principales cultivos de ciclo corto en México disminuyó en 2 millones 348 mil hectáreas (ha) entre el sexenio de Miguel de la Madrid y el de Peña Nieto: en granos básicos (maíz, frijol, trigo y arroz) disminuyó en un millón 642 mil ha; en oleaginosas (soya, ajonjolí, algodón hueso y cártamo) la caída fue de 518 mil ha y en sorgo y cebada la disminución fue de 188 mil ha. La superficie sembrada por lo general responde a estímulos de fomento público, al abortarse o disminuir éstos y con frontera abierta (sin cuotas de importación), hubo abandono y migración de cultivos, desempleo y mayor pobreza rural. Durante el neoliberalismo nos dedicamos a exportar migrantes, además de frutas, hortalizas y legumbres y a importar granos básicos y oleaginosas. Las importaciones de productos agropecuarios superaron a las exportaciones y el saldo en balanza comercial fue negativo y la dependencia alimentaria (importaciones con relación al consumo aparente) en los 10 principales productos agrícolas pasó de 23 por ciento en 1995 a 41 por ciento en 2017, y en granos básicos transitó de 16 por ciento al 41 por ciento en los mismos años.
No obstante la caída en la superficie sembrada, la producción de los 10 principales cultivos aumentó debido al incremento de los rendimientos, lo que se tradujo en un aumento de la producción per capita de 0.14 por ciento anual entre 1993 y 2017, que no fue suficiente para atender la demanda industrial al alza de estos productos agrícolas, lo que aumentó la dependencia alimentaria.
En un breve periodo de tres decenios (1983-2013) nuestra dieta se occidentalizó más: bajaron las proteínas y energías provenientes de la carne de cerdo, frijol, legumbres, maíz y trigo y aumentaron las provenientes de las aves de corral, carne de vaca, huevos, leche y derivados lácteos. Las proteínas de origen animal en nuestra dieta pasaron de 33 por ciento en 1983 a 43 por ciento en 2013 (FAO. Balance Alimentario). La demanda de aves de corral y vacunos aumentó y con ello la demanda de pastos y alimento para engorda de ganado. El promedio anual de la superficie sembrada de cultivos perennes (frutales, pastos, caña de azúcar, café) durante la gestión de Miguel de la Madrid Hurtado fue de 4 millones, 334 mil ha y con Peña Nieto fue de 6 millones 547 mil ha, el incremento más importante se registró en pastos y praderas (un millón 167 mil ha), alfalfa (125 mil ha), caña de azúcar (241 mil ha), naranja (133 mil ha), aguacate (107 mil ha), limón (97 mil ha), café cereza (94 mil ha) y mango (78 mil ha). Los cultivos perennes se globalizaron: atendieron la demanda de proteínas de origen animal y de lácteos así como la exportación de frutas y cítricos. También los productores de cultivos de ciclo corto atendieron la demanda de los productores de proteína animal: entre 1974 y 1993 65 por ciento del maíz consumido en México era para consumo humano directo y 17 por ciento se destinaba a consumo de ganado, entre 1994 y 2013, dichos porcentajes fueron 50 y 33, respectivamente (FAO. Balance Alimentario).
Durante la vigencia del TLC, el valor de la importación de productos agropecuarios excedió a la exportación en 6 mil 48 millones de dólares; si la referencia son los granos básicos, las importaciones excedieron a las exportaciones en 57 mil millones de dólares; tan sólo en maíz el saldo fue de -34 mil 463 millones de dólares. En la gestión de Ernesto Zedillo, el saldo en granos básicos fue de -6 mil 145 millones; con Peña Nieto, el saldo fue de -21 mil 689 millones de dólares. Si la perspectiva son precios al alza de granos básicos, progresivo deterioro ambiental por uso intensivo de agua y agroquímicos, usos alternos de los alimentos, aumento de la temperatura por uso de energías carbonizadas, bajo crecimiento del producto y comercio mundial y hambrunas generalizadas, producir localmente los alimentos a través de prácticas agroecológicas más generosas con el ambiente parece razonable en una estrategia de desarrollo sustentable y justa.
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