De los últimos cinco presidentes de la República evaluados a 54 meses de iniciados sus mandatos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tiene la mayor aprobación: registró cuatro puntos más que Ernesto Zedillo Ponce; 12 puntos por arriba de Felipe Calderón Hinojosa; 15 puntos más que Vicente Fox Quesada y 45 puntos más que Enrique Peña Nieto, según se observa en el portal de Oraculus (https://oraculus.mx/aprobacion-presidencial/). Las últimas encuestas de este año realizadas por Mendoza Blanco y Asociados (julio), Covarrubias (mayo), Demotecnia (junio) y Enkoll (mayo) registraron porcentajes de aprobación de la gestión de AMLO de 81, 79, 77 y 71, respectivamente; otras empresas demoscópicas le asignaron porcentajes de aprobación entre 57 (GEA-ISA aplicada en marzo) y 65 (Buendía y Márquez, aplicada en mayo). En cualquiera de las mediciones reseñadas, la mayoría de la población aprueba la forma en que ha gobernado el presidente del gobierno de la 4T, le reconocen honestidad y liderazgo, le tienen confianza y credibilidad.
La empatía con AMLO es extensiva hacia el partido que lo postuló: 62 por ciento de los ciudadanos manifestaron que si hoy se eligiera al Ejecutivo federal, votarían por Morena; en cambio, solo 27 por ciento lo haría por el PAN, PRI y PRD; 7 por ciento por PT y PVEM, y 4 por ciento por Movimiento Ciudadano. De ser un partido que ganó cinco gubernaturas en 2018 donde residían dos de cada 10 habitantes, hoy Morena gobierna en 22 entidades donde residen siete de cada 10 habitantes; situación diametralmente opuesta a los coaligados PAN, PRI y PRD que hoy gobiernan siete estados donde reside 17 por ciento de la población. Es muy diáfana la transición, un partido está en ascenso y los coaligados que defienden privilegios están en retroceso. Esas preferencias se expresan en las potenciales candidaturas a la presidencia de la República, la candidata puntera de la alianza Morena, PT, PVEM (Claudia Sheinbaum Pardo) es preferida por cuatro de cada diez ciudadanos; en cambio, el candidato puntero del frente PAN, PRI y PRD (Miguel Mancera) es preferido por uno de cada diez ciudadanos, la fuente es la encuesta nacional aplicada en viviendas por Mendoza Blanco y Asociados el pasado mes de julio. A pesar de los magros resultados económicos y la intensa campaña desinformativa de los opositores al gobierno de la 4T, la gestión de AMLO y la orientación de las políticas públicas son ampliamente refrendadas y es clara la exigencia de la continuación de esas políticas y esa forma de gobernar.
A nueve semestres de iniciado el gobierno de AMLO, la economía sólo ha crecido 3 por ciento, el más bajo de las cinco últimas gestiones. Este año la estimación más alta de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) no es del Banco de México (2.3 por ciento), ni de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (3.0 por ciento), sino del Inegi, que utilizando un modelo econométrico de nowcasting estima que el Índice General de la Actividad Económica para 2023 será de 4 por ciento (entre 2.8 y 5.2 por ciento); la estimación del PIB para el año entrante es de 2.7 por ciento, aun así, el PIB por habitante en 2024 será igual al existente en 2018. A pesar del lento crecimiento de la economía, se han creado 4.8 millones de nuevos empleos en 4.5 años de gobierno de AMLO, el salario mínimo general ha tenido un incremento real de 96.3 por ciento; la masa salarial ha aumentado en 10 por ciento en términos reales, el peso se ha apreciado, las reservas internacionales del Banco de México han aumentado (203 mil millones de dólares), hay un mayor flujo de inversión extranjera directa y de remesas y la deuda pública se mantiene, como porcentaje del PIB, constante.
El actual gobierno de la 4T ha abatido las tasas de delincuencia del fuero común y del fuero federal y ha logrado revertir la tendencia alcista de estas actividades ilícitas: entre el 30 de noviembre de 2018 y el 30 de junio del año en curso, los delitos del fuero federal han disminuido 17.9 por ciento; las víctimas de homicidio disminuyeron 18 por ciento (101 muertos en 2018, 83 homicidios dolosos en junio de este año); los robos se abatieron en 25.8 por ciento; los feminicidios, en 19.8 por ciento y los secuestros disminuyeron 73.9 por ciento. Comparada la gestión de AMLO con las cinco anteriores, solo la de Ernesto Zedillo Ponce tiene mejores resultados en la disminución de los homicidios dolosos (se abatieron en 31.2 por ciento), en tanto que las presididas por Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, aumentaron los homicidios dolosos (AMLO. Mañanera del 11/07/23). La disminución de la actividad delictiva se expresa en una mejor valoración de seguridad pública: en diciembre de 2018 se percibió insegura 74 por ciento de la ciudadanía; en marzo de 2023, fue 62 por ciento quien así lo consideró; los ciudadanos que atestiguaron ver delitos (vandalismo, consumo alcohol en la calle, robos o asaltos, venta y/o consumo de drogas, disparos frecuentes con armas y robo y/o venta de gasolina) también disminuyeron entre esas fechas. En resumen, entre el segundo semestre de 2018 y el mismo periodo de 2022, los hogares con víctimas de la actividad delincuencial pasaron de 36 al 26 por ciento (Inegi, ENSPU). Otros indicadores atestiguan el mismo comportamiento: la tasa de prevalencia delictiva (víctimas/ciudadanos) por 100 mil ciudadanos bajó tres puntos entre 2018 y 2021 y la tasa de incidencia delictiva (delitos/ciudadanos) por 100 mil ciudadanos lo hizo en siete puntos entre esos años (Inegi, Envipe). A pesar de los logros de la estrategia gubernamental para abatir la delincuencia, para 59 por ciento de la ciudadanía, la inseguridad es lo que más le preocupa y ese será el problema que harán suyo los opositores al gobierno de la 4T, precisamente aquellos que permitieron que los homicidios dolosos crecieran 193 por ciento con Felipe Calderón y 59 por ciento con Enrique Peña.
No son ni el crecimiento económico ni la seguridad pública lo que genera amplia empatía ciudadana con AMLO, pero sí lo puede ser sus atributos personales (liderazgo, capacidad, probidad, credibilidad, confianza, comunicación franca y directa, accesibilidad, sencillez y eficiencia); el objetivo de la estrategia: primero los pobres y los necesitados; los valores éticos que profesa (no robar, no mentir, justicia, respeto, tolerancia, equidad, libertad e integridad), la erradicación de la violencia de Estado; la autosuficiencia energética; no aumentar el precio de los energéticos: los programas de infraestructura (8 mil 519 kms de carreteras y de vías férreas; aeropuertos, puertos y parques industriales) y sobre todo, sus programas sociales que benefician a 30 millones de familias: 11.5 millones del programa de Adultos mayores; 12 millones de becas educativas en todos los niveles; 2.6 millones de jóvenes en capacitación para el trabajo; 2 millones de productores agrícolas; 1.3 millones de personas con capacidades diferentes, 447 mil ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios privados de Sembrando Vida; 240 mil hijos de madres solteras y 200 mil pescadores.
Consolidar y profundizar el programa de la 4T será el reto de las dos próximas gestiones presidenciales, hay que universalizar el sistema nacional de salud; garantizar el derecho a la educación en todos sus niveles; universalizar el programa de personas con capacidades diferenciadas; crear un Sistema Nacional de Cuidados que retribuya monetariamente a las personas que tienen la encomienda de cuidar de menores de edad, adultos mayores y personas con discapacidades; garantizar el acceso a un medio ambiente sano; disponer de agua potable para las necesidades sanitarias y de salud de la población; garantizar el derecho a la niñez y a la vejez; reformar el sistema judicial y electoral. Requerimos de una reforma tributaria que sea progresiva y redistributiva, gravar las actividades bursátiles y bancarias, crear una banca de desarrollo pública, modificar la normatividad del banco central y que esta tenga como objetivos promover el empleo y el crecimiento económico. Las tareas pendientes son múltiples y exigen estrategias y políticas públicas de largo plazo y de ingreso público al menos 50 por ciento por arriba del actual.
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