Más ingreso, menos pobreza

El ingreso corriente creció a pesar de las crisis económicas y sanitarias de 2020 y 2021: el año pasado, el ingreso de los hogares, a pesos constantes de 2022, fue 4.6 por ciento más alto con relación al registrado en 2018, si el referente son las personas, el aumento fue de 9.7 por ciento en ese cuatrienio. La mayor parte del ingreso (95 por ciento) es el llamado corriente, cuya fuente son los ingresos del trabajo (subordinado e independiente); las transferencias (jubilaciones y pensiones, becas del gobierno e instituciones, donativos de instituciones y hogares, remesas, beneficios de programas gubernamentales; transferencias en especie de otros hogares y transferencias en especie de instituciones); la estimación del alquiler de la vivienda; la renta de la propiedad (ingresos de empresas, cooperativas y sociedades así como de activos tangibles y financieros) y otros ingresos corrientes. El crecimiento del ingreso corriente en el cuatrienio 2018 a 2022 lo determinó el alto crecimiento de las transferencias (17 por ciento), especialmente, el crecimiento de los programas gubernamentales (101 por ciento) y de las remesas (37 por ciento). (Inegi. Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares. 2018 y 2022)

La concurrencia de múltiples programas gubernamentales, elevadas tasas de participación laboral (en promedio, 63 de cada 100 personas de 12 años o más estaban ocupados) y una recepción de remesas mayor a la media nacional (523 dólares por habitante en promedio) detonaron un crecimiento real del ingreso corriente total superior al 20 por ciento entre 2018 y 2022 en las entidades de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz; en Chihuahua y Baja California las altas tasas de crecimiento del mencionado ingreso se relacionan con el crecimiento real del salario mínimo general de la frontera norte (50 por ciento superior al del resto de la República) y los programas gubernamentales y, en los casos de Durango, Nayarit y San Luis Potosí, con los programas gubernamentales y las remesas, que el año pasado fueron de 720, 684 y 689 dólares por persona, respectivamente. El promedio de remesas recibidos por persona en México el año pasado, según el Banco de México (Banxico), fue de 453.6 dólares cuando en 2018 era de 271.7 (Banco de México. Balanza de Pagos. Ingreso por remesas. 2022).

El registro de remesas varía considerablemente entre Banxico y el Inegi: en 2022, en la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH), cada uno de los hogares recibió 660.5 pesos al trimestre por ingreso procedente de otros países; según Banxico, fueron 389.66 dólares, que al tipo de cambio Fix de 19.47 pesos por dólar equivale a 7 mil 586.7 pesos; los hogares que recibieron remesas según el Inegi fueron 1.7 millones y según Banxico, las operaciones mensuales de remesas fueron 12.5 millones al mes. En cualquiera de los registros, las remesas por hogar crecieron entre 2022 y 2018.

El crecimiento del ingreso corriente fue más alto en los hogares más pobres y más lento en los más ricos: entre 2018 y 2022, 40 por ciento de los hogares de menores ingresos (deciles I al IV) tuvieron un crecimiento del 12.2 por ciento en tanto que 20 por ciento de los hogares de ingresos más altos (deciles IX y X) no crecieron. Las transferencias, que explican la mitad del crecimiento del ingreso corriente, crecieron, en los años referidos, 22.9 por ciento en los cuatro primeros deciles de los hogares y 8.5 por cieno en los deciles IX y X.

Del total de transferencias del año 2022, 23.5 por ciento se canalizaron a los deciles I al IV y 41.5 por ciento a los deciles IX y X; en el caso específico de los programas gubernamentales, 42.7 de los beneficios fueron para los deciles I al IV y 18.6 a los deciles IX y X; de las remesas, 28.9 por ciento llegaron a los hogares de los deciles I al IV y 30.3 por ciento a los deciles IX y X. Los hogares más pobres reciben menos ingresos por transferencias que los más ricos, pero dado la magnitud de sus ingresos, las transferencias representaron 37 por ciento del total de ingresos corrientes; en cambio, en 20 por ciento de los hogares más ricos, que recibieron la mayor parte de las transferencias, éstas fueron, respecto a su ingreso, apenas de 11 por ciento.

Es conocido que la economía apenas creció 1.1 por ciento en cuatro años, que la inversión bruta fija tuvo un comportamiento similar y la inversión pública se contrajo entre 2018 y 2022 (Arturo Huerta, La Jornada de Oriente, 05/09/23) aun así, el ingreso, como ya lo dijimos, creció en términos reales y hubo una mejor distribución del mismo: en 2022 el ingreso del 10 por ciento de los hogares más ricos fue 15 veces superior respecto al 10 por ciento de los hogares de menores ingresos; en 2018 esa relación fue de 18.3. Expresado por el coeficiente de concentración del ingreso de Gini, éste fue de 0.426 en 2018 y 0.402 en 2022 (hay una mejor distribución cuando el coeficiente es cero). Aun así, del ingreso de 10 por ciento de los hogares más ricos equivale al ingreso de 61 por ciento de los hogares más pobres; hace falta ser más iguales en la distribución del ingreso, hay varias opciones hacendarias, entre otras, la reforma fiscal progresiva, gravar la riqueza y el ingreso familiar. Otras opciones son las de promover las inversiones directas, alentar el crecimiento y elevar la participación salarial en el ingreso nacional.

Un ingreso acrecentado se manifestó en una mejor calidad de vida y entre 2018 y 2022 la población considerada pobre multidimensional por el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval) disminuyó en 5.6 millones, aun así, la existencia de 46.8 millones de pobres no es una situación para vanagloriarse (José Blanco, La Jornada, 5/09/23, página 19). Es destacable la magnitud de la reducción de la pobreza, tanto por su magnitud (5.l por ciento de la población) como por el contexto adverso en que se gestó, con un comportamiento crítico de la actividad económica y una larguísima pandemia que nos confinó, en el mejor de los casos, a trabajar en casa. Expresado en otros términos, el año pasado había 5.5 millones de personas no pobres y no vulnerables más que en 2018.

Una de las dimensiones de la pobreza es la vulnerabilidad de la población por carencias sociales, en esta medición, hay más pobres en 2022 (37.9 millones) que los que había en 2018 (32.7 millones). El Coneval utilizó seis indicadores de carencia social, en cuatro de ellos (carencia por accesos a la seguridad social; carencia por calidad y espacio de la vivienda; carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda, y carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad) disminuyó la población vulnerable; en rezago educativo y en carencia por acceso a los servicios de salud, aumentó la población vulnerable.

La pregunta que utilizó el Coneval en 2022 para medir el acceso a los servicios de salud dice: “¿se encuentra usted afiliado o inscrito al Seguro Popular, o tiene derecho a los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi)?” Esta pregunta es improcedente para responder al requerimiento de accesibilidad al sistema de salud, mide membresía no atención médica a enfermos o solicitantes de ese servicio; se indaga sobre una institución inexistente (el Seguro Popular desapareció el 31/12/2019) y el Insabi no opera en seis entidades por negativa de sus gobernadores (Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León y Tamaulipas); en esos estados radica el 23 por ciento de la población del país (Alejandro Svarch y Jorge Alcocer. “La pregunta de millones”. La Jornada. 21/09/23 página 19). Con tal pregunta los evaluadores pueden sustentar su tesis, carencia masiva de acceso al servicio de salud, que en 2022 incluyó a 50.4 millones de personas (30.3 millones más que en 2018), lo que equivale a que el 39.1 por ciento de la población no tuvo acceso al sistema de salud en 2022. Los sistemas de salud públicos están colisionados: no tienen la infraestructura ni el equipamiento adecuados para atender a la población derechohabiente; algunos medicamentos no están disponibles, las agendas médicas están saturadas y el servicio de quirófano frecuentemente se cancela por la no disposición de material; pero de la pregunta formulada por el Coneval no se puede valorar la accesibilidad al sistema de salud.

 

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