Nadie hoy se atrevería a negar el papel fundamental que juegan los medios de comunicación en las sociedades y, particularmente, en las democracias. A través de ellos conocemos, fijamos posiciones y deliberamos sobre los asuntos de interés colectivo; son por ello un espacio público privilegiado en el que se construye “el presente social” y en buena medida la voluntad democrática.
Bajo la lógica de esa premisa fundamental, la lucha por la democratización de nuestro país ha planteado, prácticamente desde sus inicios, la necesidad de que haya medios plurales, éticos y profesionales, es decir, medios que proporcionen información de calidad y posturas diversas sobre los temas de interés colectivo, para así contribuir a que las y los ciudadanos formen sus opiniones, conformen sus preferencias y participen en la vida pública. En términos jurídicos, este planteamiento se remite al cumplimiento del derecho fundamental a la información, garantizado en el artículo XIX de la Declaración Universal de Derecho Humanos de ONU y en el artículo 6 de la Constitución mexicana.
Si revisamos la historia, podremos observar que el régimen político autoritario priista estableció variadas formas de control de los medios. De ahí que una de las principales demandas tanto del movimiento a favor de la democracia, como de los partidos políticos opositores haya sido el de la apertura de los medios de comunicación. Juan Francisco Escobedo (2002) afirma al respecto que: “El régimen administró la opinión pública y colonizó de opiniones oficiales el espacio público; sin caer en la tentación de liquidar todas las voces disonantes, pero desplegando selectivamente acciones represivas hacia los interlocutores críticos”. Sobre el tema, es importante destacar la postura de la televisión privada, representada por el consorcio Televisa, que se mantuvo durante años como aliado incondicional del régimen; una posición sintetizada en la famosa frase de Emilio Azcárraga Milmo: “Televisa es soldado del PRI y del presidente”.
A partir de lo planteado anteriormente, se explica que en la primera gran reforma electoral, la de 1977, se haya incorporado una frase al artículo 6° constitucional: “El Estado garantizará el derecho a la información”. La reforma obedeció a la demanda de los partidos de oposición de tener acceso a los medios y así fue interpretada, incluso por la SCJN, durante muchos años, por lo que se establecieron mecanismos para ello, como los espacios partidistas en tiempos oficiales, pero se dejaron de lado otros aspectos vinculados con el derecho de los ciudadanos a tener mejor información. En la práctica, hasta ahora, el Estado ha sido omiso en garantizar el cabal cumplimiento de ese derecho, aunque algunas instituciones, como el IFE, han instrumentado medidas para intentarlo en aspectos muy específicos como la cobertura electoral.
El largo proceso de apertura del régimen ha incluido, por supuesto, a los medios, que paulatinamente y en ocasiones por cuestiones de supervivencia han mejorado sus contenidos y ampliado su pluralidad e independencia del poder. La llegada de la alternancia hizo pensar a muchos que podría haber avances en la materia, no obstante, en términos reales el mayor avance fue la creación de un marco jurídico e institucional para garantizar el acceso a información pública. En otros aspectos como la modernización de las leyes de radio y televisión y telecomunicaciones, así como la de delitos de imprenta, la participación de la sociedad civil en los medios, el mejoramiento de los contenidos y de las condiciones laborales y de seguridad de los periodistas y una política pública integral en la materia, los resultados son casi nulos y en algunos rubros representan un claro retroceso.
El contexto actual
El 2012 se nos presenta, de acuerdo con el Mapa Digital México realizado por Gabriel Sosa Plata y Rodrigo Gómez (2011), con características sintetizadas en este párrafo: “Con un poderoso grupo de comunicación que tiene tomado el control de la mayor parte de los ingresos de la publicidad y la audiencia; un débil sistema de medios de servicio público que proveen contenidos de acuerdo con los gustos de las élites de la cultura; y numerosos medios de comunicación dependientes de los recursos económicos del gobierno, México, el país con mayor población hispanoparlante en el mundo, hogar de más de 112 millones de habitantes, no desempeña un papel importante en la democratización de los medios de comunicación”. Ante el panorama que muestra el estudio, financiado por Open Society Fundation y presentado por AMEDI, no es casual que la razón inicial del surgimiento del movimiento #Yosoy132 sea precisamente la demanda de democratización de los medios de comunicación. Al respecto, el periodista Marco Lara Klahr (2012) escribió recientemente: “El mayor problema del sistema de medios no son Televisa, TV Azteca y otros monopolios electrónicos, impresos y/o multimediáticos nacionales y regionales; estos son el producto de un sistema autoritario y anacrónico, basado en leyes monopólicas y excluyentes, impuestas por una estructura del Estado cuyo poder depende justo del control de las libertades de información y expresión”.
¿Qué hacer para democratizar los medios?
Coincido con Lara Klahr en que el problema tiene su fuente en el mantenimiento de un sistema autoritario que depende, en buena medida, del control de las libertades informativas. A partir de eso, creo que la desarticulación de ese sistema autoritario y restrictivo debe pasar por los siguientes aspectos:
1) Reformar el marco jurídico de la radio, la televisión y las telecomunicaciones y la instrumentación de una política pública integral que lleve a la desconcentración del sector y favorezca el acceso de las y los mexicanos a Internet, a televisión restringida y a otras tecnologías de información y comunicación.
2) Regular la publicidad oficial, que como ha dejado claro el escándalo Proceso-Televisa-The Guardian, se ha convertido en el instrumento privilegiado para incidir en los contenidos editoriales y para “manipular” información sobre lo público. Esta regulación debe hacerse bajo los criterios propuestos por ONU y la CIDH, a saber: establecer leyes especiales, claras y precisas; definir objetivos legítimos de la publicidad oficial; detallar criterios de distribución de la pauta estatal; determinar una planificación adecuada; aclarar mecanismos de contratación abiertos, transparentes y no discriminatorios; promover la transparencia y el acceso a la información y establecer un control externo de la asignación publicitaria así como sanciones adecuadas.
3) Establecer un marco regulatorio e institucional, que incluya a la sociedad, para garantizar el derecho a la información. Aunque el tema ha sido reiteradamente rechazado por los medios mexicanos que, cada vez que el Estado lo ha planteado, lo acusan de pretender “amordazarlos”, lo cierto es que en los países más democráticos del mundo existen mecanismos y órganos para este fin. Por ejemplo, la Comisión Europea diseñó The European Media Pluralism Monitor, (Monitor Europeo para el Pluralismo de los Medios) una herramienta de medición para detectar riesgos vinculados al tema. Hugo León (2012) explica que “este mecanismo evaluatorio está integrado por 166 indicadores –de tres tipos: económicos, socio-demográficos y legales– agrupados en seis dominios de riesgo para el pluralismo en los medios: básico o general, propiedad y control, tipos y géneros, político, cultural y geográfico. Los resultados se expresan en una escala de alto, moderado o bajo riesgo para el pluralismo mediático, siendo la primera calificación donde se requieren acciones o medidas inmediatas de parte de los Estados”.
Los medios mexicanos siempre han planteado que no es necesaria la regulación estatal sino que basta con la autorregulación de los mismos. No obstante, aunque estos mecanismos éticos son deseables siempre que funcionen realmente, son insuficientes para garantizar el cumplimiento de derechos fundamentales como el de la información, el de presunción de inocencia, el derecho al honor, a la propia imagen, a la vida privada o el derecho al debido proceso, por citar algunos, pues las normas éticas no tienen carácter vinculante y por lo tanto no obligan a su cumplimiento.
4) Aumentar la vigilancia y la demanda de información plural desde la sociedad civil, a través de instrumentos como los observatorios o veedurías, los diagnósticos realizados desde la academia y la insistencia en que éste es un tema toral para consolidar un régimen democrático y mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
5) Profesionalizar a los periodistas y mejorar sus condiciones de trabajo y de seguridad.
Como se ve, los retos son enormes y los intereses poderosísimos, sin embargo, la irrupción de #Yosoy132 ha colocado el tema en la agenda pública y ello representa una enorme oportunidad para que el nuevo gobierno y Congreso se vean obligados a abordarlo. Ello sólo ocurrirá si la sociedad lo demanda y se involucra.
Referencias
Artículo XIX y Fundar (2012), Por un uso transparente y democrática de la publicidad oficial, consultado en: http://publimetroblogs.com/trapitosalsol/2012/05/17/por-un-uso-transparente-y-democratico-de-la-publicidad-oficial/
Escobedo, Juan Francisco (2002), Movilización de opinión pública en México: el caso del Grupo Oaxaca y de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Revista de Derecho de la Información 2, IIJ-UNAM, consultado en http://biblio.juridicas.unam.mx/revista/pdf/DerechoInformacion/2/art/art3.pdf
Lara Klahr, Marco. (2012) Un “Yo soy 132 no hace Primavera”, publicado en La Silla Rota y consultado en http://lasillarota.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=41682:un-yo-soy-132-no-hace-primavera&Itemid=30
León Zenteno, Hugo (2012) Esto queremos, publicado en LadoB y consultado en http://ladobe.com.mx/2012/05/esto-queremos/
Sosa Plata, Gabriel y Rodrigo Gómez (2011), Mapa de los medios digitales: México, Open Society Fundation. (PDF)
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