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Imagen tomada de http://noticias.aollatino.com/2010/09/09/9500-liberty-documental/ |
La propuesta y entrada en vigor de la Ley SB1070 en Arizona1, EE.UU., corona las distintas leyes que desde principios del presente siglo se han puesto en marcha en ese territorio, evidenciando el alto sentimiento antimigrante y el recrudecimiento en el uso de mecanismos que castigan y vuelven ilegal a la migración indocumentada que ahí se presenta, obligándonos a mirar ese contexto.
El sentimiento antimigrante y el racismo en Arizona obedecen en gran medida a que, según Rocha (2010), 78% de los habitantes “blancos” de ese estado se consideran a sí mismos como no mezclados, es decir, como “blancos puros”, pero también a la persistencia de iniciativas institucionales que tratan de poner de manifiesto el sentido de superioridad que los “blancos puros” sienten con respecto a personas con orígenes distintos.
Además de la diferenciación y jerarquización racial, la promoción del sentimiento antimigrante en Arizona tiene que ver con la forma en la que el discurso institucional y su expresión en la promoción de marcos legales, hacen ver a los migrantes indocumentados como el origen de distintos problemas económicos, sobre todo fiscales, que existen en ese estado.
De tal suerte que las leyes antimigratorias que condensan la intensificación del sentimiento antimigrante de Arizona en los últimos años, pueden ser consideradas como una forma de clasificar y categorizar a quienes migran y residen en ese territorio. Este tipo de leyes han sido aprobadas no sólo en el ámbito parlamentario, sino también a partir de la votación de la población civil, lo que da una idea de lo extendida que puede estar la forma en que la migración, sobre todo a la indocumentada, es entendida por la sociedad de Arizona.
Entre tales leyes puede mencionarse la Proposición 200, que implicó el comienzo de una clara y agresiva serie de iniciativas en contra de los migrantes. Esta ley fue aprobada el 2 de noviembre de 2004 con 55.6% de votación civil en Arizona y promovida bajo el argumento de que la causante de gran parte de los problemas económicos de ese estado era la migración indocumentada. A partir de dicha ley se solicitaba que toda persona que quisiera votar o recibir servicios públicos proporcionados por el estado de Arizona, demostrara su ciudadanía legal en el país. (Gobierno de Arizona, 2004).
A su vez, la ley estatal “anti-coyote” propuesta en 2004 y aprobada en 2005, permitió la posibilidad de presentar cargos a las autoridades estatales en contra de los coyotes y de los migrantes que hayan pagado a algún coyote para cruzar la frontera. De manera inicial, esa propuesta fue respaldada de manera bipartidista, pero perdió soporte cuan el apoderado del condado de Maricopa Andrew Thomas, comenzó a procesar a las víctimas de tráfico basado en una controvertida lectura de la ley y del estatuto de conspiración de Arizona que incluía a las víctimas como parte de la conspiración criminal de traficarse ellos mismos. Por su parte, la Proposición 100 en 2006, le quitó a cualquier persona que se encuentre o haya entrado de manera ilegal en Arizona, el derecho de salir bajo fianza después de haber cometido un delito menor, argumento al que los fiscales pueden acudir aún sin tener más evidencia que su “convicción” de que el defendido es indocumentado. Esta proposición fue votada y aprobada por un margen de tres a uno. (Campbell, 2011; Castañeda, 2008).
La Proposición 102 prohíbe que una persona reciba beneficios por ganar una demanda civil si se encontraba establecida en Arizona violando las leyes federales de migración, esta iniciativa fue votada y aprobada con más de 74% de los votantes en Arizona. Esta ley modificó la Constitución de Arizona para privar a los presuntos migrantes indocumentados del derecho a pedir indemnización por daños y prejuicios en una demanda en el campo civil en el estado de Arizona, mientras que la Proposición 103 en 2006, votada y aprobada en noviembre con un margen de tres a uno, declara como lengua oficial del estado de Arizona al idioma inglés, imponiendo el uso de ese idioma en los documentos impresos para las actividades, los servicios y programas oficiales, por lo que es conocida también como English only. De igual forma, la Proposición 300 en 2006 fue aprobada por los votantes en un referéndum con un margen de tres a uno, y a partir de ella no se permite que los estudiantes cuyo estado migratorio sea irregular, tengan acceso a becas, financiamiento, colegiatura preferente a los habitantes del estado, ni ningún otro apoyo, requiriendo a los encargados de administrar estos programas reportar las solicitudes negadas por cuestiones de ciudadanía o estatus migratorio (Castañeda, A. 2008; Campbell, 2011; Montoya, 2011).
La HB2464 fue aprobada en septiembre de 2006 y se conoce también como Ley de decomiso de Remesas, en la que cualquier empresa de transferencia de dinero desde el interior del estado a cualquier país fuera de los Estados Unidos, no podría hacerlo a menos de que suministrara pruebas de haber pagado los impuestos requeridos por esta ley. Para ello se debía proveer un documento de identificación con fotografía que deberá coincidir con el de la documentación del pago de los impuestos o de su retención, lo que implicaba la verificación del estatus de permanencia de los migrantes en ese Estado. (State of Arizona, 2007). Esta ley fue revocada por la Corte Suprema del Condado de Marico en 2007.
La entrada en vigor la Ley HB2779 “Legal Arizona Worker Act” en 2008 firmada por la gobernadora Napolitano en julio de 2007, implicó condiciones y medidas aún más duras contra los migrantes indocumentados, los empleadores se encuentran obligados a verificar si el personal que contratan está autorizado para trabajar de manera legal en Estados Unidos. Las multas son de un mínimo de 2 mil 500 dólares al cometer una primera violación a la ley, así como la suspensión de la licencia por 10 días. En caso de reincidencia podría cancelarse o suspenderse la licencia al empleador e imponerle multas de 150 mil dólares. (Secretaría de Relaciones Exteriores, 2008)
La ley SB1070 propuesta en Arizona desde 2010 y parcialmente puesta en vigor a partir del 29 de julio de 2010, fue en gran parte anulada el 25 de junio de 2012. La Corte anuló las disposiciones que criminalizan a cualquier migrante que no porte documentos para comprobar su estancia legal; definen como delito que un indocumentado solicite trabajo, y permiten a la policía arrestar a alguien sólo por la sospecha de que es indocumentado; todas fueron declaradas inconstitucionales. Sin embargo, la Corte no anuló la medida conocida por sus detractores como “muéstreme sus papeles,” con la cual oficiales de seguridad pública estatales o locales pueden solicitar documentación migratoria a cualquier persona que detengan por alguna infracción o la comisión de un delito y consideren que hay sospecha razonable de que está en el país sin documentos. (Brooks, 2012)
Estas leyes se nos presentan como una clara manera de clasificar y categorizar a una población en términos del acceso que pueden o no tener a ciertos beneficios y derechos otorgados por el gobierno de Arizona. En general, este tipo de leyes han fundado una forma de percibir y representar a los migrantes, sobre todo los mexicanos en la sociedad norteamericana, influyendo también la forma en la que estos migrantes se autorrepresentan dentro de tal sociedad. Pues al naturalizarse la diferencia y hacerse explícita dentro de los marcos legales que definen tanto lo legal como lo ilegal, los migrantes se perciben vulnerables y discriminados, mientras que gran parte de los sí ciudadanos perciben a estos migrantes como los causantes del desempleo, de la baja expansión económica, del déficit fiscal de los estados debido al uso de servicios públicos que “no pagan”, etcétera.
Asistimos así a la expedición de leyes que legitiman el uso de medidas que legalizan el trato social diferenciado en contra de aquellos a quienes han convertido en ilegales.
Nota
1 De acuerdo con el censo norteamericano de 2010, Arizona es el sexto estado con más población hispana de los EE.UU., la cual en esos momentos representaba 30% de la población total del estado, mientras que del total de hispanos habitando en Arizona, 90% eran de origen mexicano. (http://www.pewhispanic.org)
Referencias
Brooks, D. (2012, Junio 26). Anulan en EU tres medidas de la ley antimigrante de Arizona, Periódico La Jornada, 23.
Campbell, K. (2011). The Road to SB 1070: How Arizona Became Ground Zero for the Immigrants’ Rights Movement and the Continuing Struggle for Latino Civil Rights in America. Harvard Latino Law Review, 14.
Castañeda, A., (2008). Lenguajes de Exclusion: leyes migratorias y el nuevo apartheid. En Castro, P. Dilemas de la migración en la sociedad postindustrial. Miguel Ángel Porrúa/CONACYT/UAM-I/UAEM, México.
Gobierno de Arizona, (2004). Proposición 200, Arizona. Proposiciones de la Boleta Electoral.
Montoya, E. (2011). Migración y desigualdad laboral y salarial por género y estatus migratorio de las sinaloenses en Phoenix, Arizona. Región y sociedad, 23(50), 55-80.
Ngai, M. (2005). Impossible Subjects. Illegal aliens and the making of modern America, Princeton University Press, Estados Unidos de América.
State of Arizona, (2007) . House of Representatives Forty-eighth Legislature, First Regular Session.
Rocha, J. (2010, Septiembre – diciembre). Arizona y sus fieros descontentos. Revista Análisis Político, 1, 147-172.
Secretaría de Relaciones Exteriores, (2008). Sistema de monitoreo de leyes y ordenanzas sobre el control de la migración en el ámbito local y estatal.
