La apertura comercial y la concomitante desintegración productiva asociada al menor precio de los productos importados no generó desarrollo de ningún tipo y sí, en cambio, mayor dependencia (comercial, financiera, tecnológica, energética), pérdida de soberanía y autosuficiencia alimentaria, degradación de las condiciones de vida, pauperización laboral y deterioro de los recursos naturales.
El salario mínimo general vigente en el pasado mes de octubre solo alcanzaba para adquirir 27 por ciento de la canasta de alimentos de una familia urbana de cuatro miembros y 38 por ciento de la canasta básica de una familia rural de igual número de integrantes; para que el salario mínimo general alcanzara a cubrir el costo monetario de la canasta alimentaria de una familia (bienestar mínimo), según la define la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval), debería de ser 2.4 y 1.7 veces más alto respectivamente. (www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineas-de-bienestar-y-canasta-basica.aspx).
Si la pretensión es que el salario mínimo general alcance para adquirir tanto la canasta alimentaria como la no alimentaria (educación, salud, transporte, comunicación, vivienda, vestido y calzado, ocio y cultura), en los términos que se consigna en La Ley Federal del Trabajo (Capítulo VI, artículo 90), el salario mínimo general debería aumentar 487 por ciento para las familias urbanas y 315 por ciento para las familias rurales, y no el 10 por ciento, como se aprobó en el pasado mes de noviembre.
Las fuerzas del mercado no cubren el salario mínimo general como es definido en la Ley Federal del Trabajo, y al desvincular la seguridad social de las prestaciones laborales, se precarizan las condiciones de vida y de trabajo de por lo menos seis de cada diez trabajadores en el país. En su vejez, las ocupados que actualmente disponen de fondos individuales para el retiro recibirán, en el mejor de los casos, menos de un salario mínimo general como pensión (La Jornada, 29/11/17, p 3).
Las reformas laborales neoliberales en México consagraron el deterioro progresivo de las condiciones de trabajo y de las remuneraciones salariales. Revertir esas condiciones y defender el libre tránsito de mexicanos hacia Estados Unidos hacen imperativo revisar el Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y Canadá (TLCAN), como también es necesario establecer una política que promueva la generación local de empleo y mejores remuneraciones salariales; para ello debe impulsarse un crecimiento económico endógeno orientado a la producción de bienes salariales y a recuperar la autosuficiencia alimentaria y energética. La banca central debe recuperar su clásica función de promotora de desarrollo y tener control sobre las principales variables macroeconómicas, razones suficientes para revisar el TLCAN y establecer estrategias de crecimiento sectorial que disminuyan las importaciones, generen empleo y mayores salarios, abastezcan el mercado nacional y disminuyan la dependencia.
En estos momentos el valor de las importaciones equivale a 38 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y el de las exportaciones representa 37 por ciento. Nuestro déficit en cuenta corriente es de un punto del PIB y no tenemos capacidad para financiarlo, además de que aun con bajas tasas de crecimiento, las importaciones no disminuyen, y las posibilidades de diversificar las exportaciones es muy limitada, dada los niveles de productividad y competitividad de nuestros productos. No podemos continuar con un TLCAN que ha anulado la producción nativa y aumentado la carga financiera del servicio de la deuda pública; que valida la biopiratería, que destruye recursos naturales y degrada las condicione de vida de la mayoría de la población; otras estrategias y políticas pública son posibles, además de necesarias.
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