El 15 de mayo de 2019 se promulgó la reforma al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reforma que tiene buenas intenciones en muchas aristas del sistema educativo mexicano, pero nos hace cuestionar que no solo es el qué, sino el cómo; tal es el caso de la Educación Superior o Terciaria; ya que en el segundo párrafo de dicho artículo, se señala que, “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”, además, en la fracción X, se menciona que, “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas”.
Si bien, asignarle al Estado la responsabilidad de brindar educación superior gratuita es un paso muy importante para el desarrollo y consolidación del actual Sistema Educativo Mexicano; es necesario señalar que han surgido voces de especialistas y actores dentro del Sistema de Educación Superior en México, que han señalado que no es suficiente la reforma, ya que no se menciona cómo obtener los recursos necesarios para garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes dentro de la Educación Superior, por lo que puede quedar en un tratado de buenas intenciones más que en una verdadera reforma.
Para poner en contexto las preocupaciones que han surgido dentro del mismo Sistema de Educación Superior en México, podemos hacer referencia a siete países que han adoptado de manera parcial o completa, la gratuidad de la Educación Superior, por ejemplo, en Suecia las 50 universidades más importantes son gratuitas, Dinamarca garantiza educación superior gratuita para todos los ciudadanos de la Unión Europea; en Argentina, Alemania y Noruega, todas las universidades públicas son gratuitas (estos casos se asemejan al caso mexicano con la reforma); y por último, Finlandia y Austria, donde todas las universidades son gratuitas; como se puede observar, con la reforma al Artículo 3°, nos queremos asemejar a países de primer mundo (con excepción de Argentina), sin embargo, distamos mucho de sus realidades.
Tomando como base los datos del año 2016, que son los más actualizados que brinda el Banco Mundial, podemos observar que México es el país que menor PIB per cápita tiene de los ocho países, donde es sólo una quinta parte en el mejor de los casos en comparación con los demás países (con excepción de Argentina); de la misma manera, el gasto público en educación per cápita, es dos, cinco o 10 veces mayor en los otros países; México es el país que menor porcentaje destina a la educación terciaria con respecto al gasto público en educación; en lo que compete al gasto público en educación terciaria por alumno, los países destinan siete o 10 veces más recursos económicos que México, donde este último solo supera a Argentina; para finalizar, tenemos el rubro que más preocupa a muchos especialistas, la recaudación fiscal, donde México recauda cerca de 17 por ciento del PIB, sin embargo, Argentina duplica este porcentaje, y los demás países recaudan cerca del 40 por ciento PIB.
Considerando la información señalada anteriormente, podemos concluir que queda mucho por hacer para que la gratuidad en Educación Superior sea una realidad, si bien la reforma al Artículo 3° es un paso importante, los métodos y formas para promover y garantizar este derecho desde el plano político, social y económico, serán esenciales para el éxito o fracaso de la misma.
