Este mes el presidente de México asistirá a una reunión con su homólogo de Estados Unidos, la agenda aún no se define, pero entre los temas que es necesario que Andrés Manuel López Obrador aborde con Joe Biden es el migratorio. La población de origen mexicano que radica en Estados Unidos es de 40 millones, de este total, 27 por cinto nació aquí (primera generación), 36 por ciento son los hijos (segunda generación) y 35 por ciento, los nietos (tercera generación); los hijos y nietos son norteamericanos por nacimiento y mexicanos por sangre, y la mayoría de los de la primera generación tienen su situación migratoria documentada (ciudadanos o residentes), acaso el 40 por ciento de los nacidos en México tienen una estancia no documentada, ya sea porque expiró el tiempo autorizado o porque su ingreso a ese país fue no documentado.
Estados Unidos es un país cosmopolita y uno de cada seis de sus habitantes nació en otros países; del total de extranjeros que ahí viven, una quinta parte tiene una situación migratoria no documentada, para el 68 por ciento de ellos, sus permisos de estancia ya no están vigentes, para el restante 32 por ciento, su entrada fue indocumentada, según refiere el Pew Research Center. De los que tienen una estancia indocumentada, cuatro de cada cinco tienen más de 10 años de residir en ese país. En la mayoría de los casos, los extranjeros que actualmente no tienen un estatus migratorio regular entraron a Estados Unidos con visa y cubrieron los requisitos legales migratorios de ingreso, no transgredieron ningún ordenamiento en ese momento y su falta es administrativa, no criminal, por lo que deberían poder regularizar su condición migratoria y acceder a la residencia y naturalización si cumplen con los requisitos de elegibilidad; ya en la gestión de Barack Obama hubo una iniciativa para conceder permisos de estancia temporal refrendable, (acción diferida para los llegados en la infancia), que en su momento tuvo 800 mil beneficiados. Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son como 13 veces más que los incluidos en el programa DACA, de ese gran total, alrededor del 40 por ciento son mexicanos, otro tanto proceden de Centroamérica y Asia; como todos los inmigrantes, los indocumentados ya picaron piedra, han realizado faenas de mucho riesgo y poca remuneración y pagaron los impuestos, tienen el derecho a vivir en ese país si así lo desean y si cumplen con los requisitos de elegibilidad definidos por el gobierno norteamericano.
Las visas de trabajo temporal otorgadas por el gobierno de Estados Unidos (categorías H, L, O, P y Q) a ciudadanos de todas las nacionalidades son apenas la mitad de los empleos demandados por la ciudadanía norteamericana y los empresarios de aquel país, para satisfacer esa exigencia, los inmigrantes posdatan los permisos autorizados en sus visados y, los menos, cruzan de forma no documentada la larga y peligrosa frontera sur-oeste de ese país, lo que ocasiona miles de muertes y daño físico y psicológico a los inmigrantes, erogaciones millonarias por la asistencia del cruce y cuantiosos recursos públicos para solventar los gastos de la patrulla fronteriza. La libre movilidad de las personas sería una solución comunitaria, sobre todo ahora que simultáneamente somos países de origen, destino, tránsito y deportación. Si no hay causas forzantes de la emigración los problemas actuales no existirían, mientras tanto, permitir el libre tránsito pacífico y ordenado sería una estrategia que a muchos nos ayudaría para transitar hacia una sociedad más democrática y respetuosa de los derechos humanos.
