La precarización del trabajo y la inestabilidad del empleo han sido divisas de la hegemonía del capital financiero: se privilegia el capital en detrimento del trabajo, y las pocas plazas generadas excluyen las prestaciones asociadas al empleo, abaratando costos salariales y pauperizando a los trabajadores. Despojados de las condiciones necesarias para su reproducción, los excluidos por el neoliberalismo emigran hacia otros países buscando mejores expectativas de vida. Los lugares de destino no son paraísos laborales ni mucho menos la tierra prometida. Son sociedades con requerimientos laborales mayores a los que los nativos pueden proporcionar y que, para seguir siendo competitivas, deben abaratar costos sobreexplotando la fuerza de trabajo inmigrante. Además, requieren financiar sus fondos de retiro y fondear las finanzas púbicas, y para ello demandan inmigrantes no autorizados que, por esa condición, sólo son tributarios pero no sujetos de derechos.
Alemania, Canadá, Gran Bretaña o España son países con tasas de fertilidad (número de hijos por mujeres que han concluido su periodo fértil) menor a dos hijos, lo que significa disminución absoluta de población y envejecimiento. Son precisamente estos países los que requieren de fuerza laboral inmigrante para sostener su crecimiento económico y ser rentables. De los 214 millones de personas que en 2010 residían en un país diferente al que nacieron, Estados Unidos registró 20 por ciento del total de inmigrantes internacionales; Alemania, 5 por ciento, y entre 3 y 4 por ciento se ubicaron en Canadá, Francia, Gran Bretaña y España. Del aumento de población en 2012, 40 por ciento correspondió a los inmigrantes en Estados Unidos; 22 por ciento en Francia; 77 por ciento en España, 47 por ciento en Gran Bretaña y, en el caso de Alemania, su decrecimiento sería un tercio más alto si no tuviera saldo migratorio neto positivo. Los gobiernos y sociedades receptoras de los flujos migratorios no siempre proporcionan un trato similar al aporte cultural, económico y social que los inmigrantes hacen en beneficio de dichos países, lo que se hace más patente cuando prevalecen políticas antiinmigrantes y conductas racistas y xenofóbicas.
Con Estados Unidos compartimos una línea fronteriza de 3 mil 100 kilómetros y un tránsito de migrantes mexicanos al año de varios cientos de miles. Con base en la Encuestas sobre Migración en la Frontera Norte de México elaborada por el Colegio de la Frontera Norte, entre los años 2000-2010 el flujo de mexicanos hacia Estados Unidos fue de 7 millones (85 por ciento cruzó sin tener documentos para ello) y el retorno, en esos mismos años fue de 4.3 millones. Requerimos una emisión de visas proporcional al tránsito laboral entre países y erradicar así el mercado negro, la criminalización y la inseguridad asociado al tránsito no autorizado. De los 12 millones de mexicanos que residen en Estados Unidos, un poco más de la mitad son migrantes no autorizados, la mayoría de ellos llegó a ese país antes de 2000, ya han pagado suficientes impuestos y contribuido lo necesario para que los nativos disfruten el sueño americano. La reforma migratoria debe incluir la regularización de todos aquellos inmigrantes no autorizados que residen en aquel país. La movilidad migratoria debe ser positiva para todas las partes involucradas y no sólo para la sociedad y empleadores de los países receptores. Emigrar o no es un derecho del emigrado, como también lo es el de residencia para el inmigrante; sería trunca una reforma migratoria que no considere la posibilidad de residencia de aquellos que con su esfuerzo hacen posible el American Dream.
